El desahucio de seis familias en un edificio de Carabanchel que aún arrastra los fantasmas de la burbuja del ladrillo

La historia del número 1 de la calle María Guerrero, en el distrito madrileño de Carabanchel, es una colección por fascículos de muchos de los fantasmas que arrastra la vivienda desde la ...

La historia del número 1 de la calle María Guerrero, en el distrito madrileño de Carabanchel, es una colección por fascículos de muchos de los fantasmas que arrastra la vivienda desde la burbuja del ladrillo. La última entrega, al menos por el momento, es el desahucio al que se enfrentan seis familias el próximo 12 de noviembre por parte de la Sareb, la entidad creada tras la crisis para la gestión de activos tóxicos de los bancos rescatados. “Yo llevo cuatro años aquí con mi hijo, mi pareja, y coger y buscarse una habitación uno por un lado, otro por otro lado… es un poco complicado”, dice Alfredo Remigio Abad, uno de los afectados. Otros ocho vecinos han recibido una propuesta de alquiler social con cláusulas que identifican como abusivas y han decidido no firmar para lograr una negociación colectiva. La Sareb ha dividido estas 14 viviendas en dos grupos, pero sus residentes van todos a una.

Abad ha estado viendo alternativas por lo que pueda pasar, pero se ha encontrado con que piden 500 euros por una habitación, algo menos de la renta que venía abonando por su casa. La Sareb se hizo con ella y el resto del edificio hace casi dos años, tras una ejecución hipotecaria a nombre de la constructora del bloque, tercera parte en discordia y fundamental para entender esta tragedia de cemento. Inversiones Winner S.L. levantó las viviendas en 2009 y las puso en alquiler. Como muchas promociones por entonces, acabó como garantía de un préstamo radioactivo que pasó a formar parte de la cartera del conocido como banco malo a finales de 2012, y la propiedad siguió gestionándola con aparente normalidad.

Alberto Guío, el inquilino de mayor antigüedad, llegó al edificio hace aproximadamente diez años, con un contrato para un apartamento de un dormitorio por 550 euros y la ilusión de haber encontrado algo con un precio más o menos razonable en su barrio. Durante los primeros años, él y el resto de vecinos pagaban el alquiler por transferencia. “Luego el problema es que ya no se podía ingresar en la cuenta porque estaba bloqueada”, comenta. Desde ese momento fue el administrador único de la sociedad, desde su creación en 2009 y hasta 2013, Javier Bonmatí —que ha declinado hacer comentarios más allá de que ya no tiene nada que ver con el inmueble— quien pasaba a cobrar. “Le pagábamos en mano, con un recibí”, recuerda Guío.

Poco a poco se iban viendo las costuras; había algo que no cuadraba. Cuando Guío quiso empadronarse, por ejemplo, no pudo hacerlo hasta que se personó la policía, porque no constaba ningún inmueble en esa dirección, y el número del bloque en los contratos variaba de unos inquilinos a otros. Además, se acentuaba el deterioro del edificio. Cuando llegó la covid, cuenta Guío, el abandono fue total. A finales de 2023, un juzgado decretó la ejecución hipotecaria. La empresa cobró alquileres hasta mayo de 2024 y algunos recibís iban acompañados de vez en cuando por un “¿para qué los queréis?”.

Cuando llegó la primera notificación de desalojo para todo el edificio por parte de Sareb, aquella pregunta adquirió un nuevo significado: ni las pruebas de pago ni los contratos servían de nada. El juez estimó que eran ilegales. Inversiones Winner S.L., como otras empresas herederas de la burbuja inmobiliaria, dejó un reguero de deudas, personas con un pie en la calle y abrió un nuevo capítulo para la comunidad. Exceptuando una arrendataria, que decidió desvincularse, los otros 14 se organizaron en torno al Sindicato de Vivienda de Carabanchel para abordar la situación de manera conjunta. “Fuimos toda la gente del bloque a juzgados, dejando escritos, diciendo que aquí había gente viviendo”, recuerda Andrea Cesaroni, residente y miembro de la organización. Se frenó el lanzamiento y empezó la negociación, que se saldó con una propuesta de regularización en verano para ocho viviendas y el silencio para las otras seis, entre las que están las más amplias, roto en octubre por la notificación de desahucio.

Los vecinos no saben por qué ha habido resultados diferentes para unos y otros: “Un poco puede ser por la desorganización”, cuenta Cesaroni en relación con cierto descontrol en torno a las gestoras de la Sareb. “Pero luego hay también un intento de dividir, de estar ahí presionándote, de decir soy yo quien pone las reglas”, añade.

La entidad echa mano de sus protocolos para explicar la situación: no trabajan con un único interlocutor, sino de manera individualizada, y el avance y resultado del proceso, dicen, depende de que los vecinos permitan las visitas de los agentes y aporten la información necesaria. “Hubo ocho familias con las que hemos podido trabajar y han pasado a nuestra área social, porque con la documentación y los datos que se les pidieron, se vio que eran vulnerables”, señalan desde la Sareb. “Y ha habido otras seis casas en las que no hemos tenido ningún contacto”. Aseguran que no pudieron acceder a esas viviendas y que tampoco aportaron documentación en su momento, una documentación que, defiende Miren Beriain, miembro del sindicato y una de las integrantes de su brazo dedicado a la Sareb, se envió hace más de un año y en varias ocasiones.

No descarta que se pudiera traspapelar, pero en ese caso, argumenta, la respuesta debería haber sido aclararlo y solicitarla nuevamente. “Es como todo un entramado muy complejo, donde es complicado poder señalar cuál es el factor concreto, pero en última instancia no hay una voluntad de poner una solución”, sentencia. La Sareb asegura que está estudiando la información recibida tras la notificación de desalojo.

Los ocho pisos restantes obtuvieron una oferta de alquiler social, pero sus titulares denuncian que son contratos envenenados con muchas de las cláusulas que el movimiento de vivienda tiene identificadas como excesivas. Para la Sareb es “su forma de verlo”, y los enmarca dentro de la legalidad. “Tenemos ahora mismo firmados en España 10.000 alquileres sociales exactamente iguales a los que se les han ofrecido a las personas que viven en María Guerrero 1”, cuentan fuentes de la entidad. “Pueden estar amparadas legalmente, pero eso no hace que dejen de ser abusivas, porque dan un control excesivamente superior al propietario sobre el inquilino y lo dejan en una posición vulnerable”, apunta Beriain sobre las cláusulas. No deberían, dice, verse obligados a firmar empujados por el miedo o la incertidumbre.

La prioridad es detener el desahucio y después forzar la renegociación. Buscan un acuerdo similar al que accedieron los números 11, 13 y 15 de la misma calle después de que la Sareb los vendiese a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, y que incluía, por ejemplo, arrendamientos ajustados al valor de uso y no de mercado. La entidad, que según el sindicato ya ha rechazado esta contrapropuesta, asegura que el edificio se incluye “en el perímetro de vivienda” que será traspasada a la nueva empresa pública de suelo, el SEPES, para alquiler social o asequible. También, apuntan, hay prevista una obra mayor cuando se formalicen los contratos.

Si no se llega a una resolución antes del 12 de noviembre, el último recurso es intentar pararlo en puerta. “Va a venir todo el barrio”, comenta Guío. María Guerrero no es la única calle afectada en la zona por cuestiones relacionadas con la vivienda y la movilización está consiguiendo que un problema colectivo no se individualice. “Nosotras, que estamos organizadas, que ya llevamos un tiempo con el sindicato, también estamos sintiendo que esto tiene un sentido y una lucha más amplia que este propio edificio”, reflexiona Salma, otra de las vecinas, que prefiere no dar su apellido. “Esto es una situación que se reproduce en muchos sitios de Madrid”.

Guío aún recuerda cuando compraba gominolas en la tienda de la esquina, una casa baja que ahora es un bloque nuevo, donde, según un anuncio en un portal web inmobiliario, el metro cuadrado se vende a casi 6.000 euros de media. “Si te das una vuelta por aquí, verás cómo todo lo que eran tienditas son pisos”, comenta Cesaroni sobre los locales que se han reconvertido para uso residencial y que se reconocen por sus puertas blancas. “Todo, todo puertas blancas”, dice con unas palabras que encierran uno de los cambios y problemas por los que atraviesa el barrio.