La clausura del Teatro Barceló por exceso de aforo enfrenta de nuevo al ocio nocturno y al Ayuntamiento de Madrid

La orden del Ayuntamiento de Madrid para cerrar la discoteca madrileña Teatro Barceló ha puesto en pie de guerra al ocio nocturno de la capital. La Agencia de las Actividades, dependiente del Área de Urbanismo, ha sancionado a la sala por haber excedido en dos ocasiones el aforo permitido en 2023 —en unas 600 personas según fuentes policiales—. El cese de la actividad del establecimiento, que los más nostálgicos aún recuerdan como Pachá, se prolongará durante todo un año, en caso de que no prospere el recurso que ha presentado ante el juzgado para intentar evitar el cerrojazo. Por el momento, la clausura del Teatro Barceló ha enfrentado a los hosteleros de la ciudad con el Consistorio por unos límites de aforo que el Gobierno municipal mantiene desde los noventa, pese a que, denuncian los empresarios del ocio, los técnicos avalan la entrada de más personas.

Mismo local, mismas dimensiones, mismo número de salidas, mismo plan de evacuación, distinto aforo permitido. En Madrid, desde hace casi 30 años, el número de personas que puede albergar un local de ocio o restauración no lo determinan solo los criterios técnicos de seguridad, sino también el barrio en el que el local abre sus puertas. Los hosteleros han redoblado su campaña para acabar con esta disparidad aprovechando la revisión reciente de las normas urbanísticas por el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida, pero las asociaciones vecinales temen que un aumento indiscriminado de aforos empeore los graves problemas de ruido que padecen muchos barrios.

La decisión del Ayuntamiento no ha sido bien recibida entre los negocios del ocio nocturno de la capital, que se oponen a una situación que “atenta contra la dignidad de los profesionales del sector del ocio y la imagen turística” de la ciudad, según un portavoz de Noche Madrid, la patronal de ocio y espectáculos de la Comunidad de Madrid. “Denunciamos la arbitrariedad de las actuaciones de la ADA y la regularidad que supone que, sin ningún tipo de criterio objetivo a la hora de calcular el aforo de los locales de acuerdo con sus condiciones de seguridad, imponga sanciones a los establecimientos públicos de forma irregular, arbitraria y desproporcionada”, agrega.

El conflicto entre los empresarios del ocio y el Ayuntamiento por la cuestión del aforo viene de lejos. Para entender lo que ocurre hay que remontarse a 1997. Entonces, el Ayuntamiento, dirigido por el popular José María Álvarez del Manzano, sacó adelante su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el mismo que sentaría las bases del desarrollo urbanístico de la ciudad hasta hoy. Aquel documento fijó unas tablas, los llamados tipos urbanísticos, que asignan un aforo base por cuatro tipos de actividad. El resultado fue inmediato: el primer perfil de local, cierto tipo de bares, tiene un tope de 74 plazas en Chamberí y, sin embargo, podría lograr una exención para 600 o más en la periferia. “En Madrid, el aforo se calcula por un mapa, no por la seguridad del local”, resume Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid, una de las principales asociaciones de empresarios de la hostelería nocturna en la capital.

Esa exención se puede lograr en cualquier zona de la capital, excepto en las cuatro zonas de Madrid con protección contra el ruido bajo las conocidas como ZPAE o Zonas de Protección Acústica Especial. La dispensa es un proyecto que los empresarios presentan caso por caso y se conoce como Estudio de Repercusión por Implantación de Usos (ERIU).

El ERIU es la vía para ajustar el aforo a lo que permiten los criterios de seguridad. Noche Madrid dice que la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento se niega a tramitar esos incrementos en el Distrito Centro y en Chamberí, dos zonas con ZPAE que son muy lucrativas para los negocios de ocio en la ciudad.

Las ZPAE, diseñadas para proteger la convivencia reduciendo el impacto acústico, regulan horarios, medidas de insonorización y otros elementos relacionados con el ruido. Estos planes hablan de los aforos permisivos como una posible causa de molestias, pero no fijan números concretos. Tampoco contienen una prohibición explícita que impida tramitar un ERIU o revisar un aforo por causas técnicas, según el abogado de los hosteleros, Hervé Bernal.

Conviene distinguir dos conceptos que se confunden a menudo: el aforo administrativo y la capacidad de evacuación. El primero es la cifra que figura en la licencia y el segundo es una valoración técnica, habitualmente de Bomberos, que calcula cuántas personas pueden abandonar con seguridad un recinto en caso de emergencia. El abogado Bernal subraya que muchas sanciones del Ayuntamiento muestran una discordancia, pues los informes de Bomberos avalan capacidades de evacuación superiores al aforo inscrito, lo que indica que la limitación responde a una decisión administrativa, no a la falta de seguridad técnica.

El choque entre capacidad técnica de evacuación y aforo administrativo se hace visible en casos concretos. La sala Cocó, en la calle Alcalá, fue precintada en junio por la ADA después de una inspección que contabilizó 898 personas en un local con aforo para 520. La administración ordenó el cierre y abrió expediente sancionador. Un expediente al que ha tenido acceso este diario incluye una inspección técnica que, aplicando el Código Técnico de la Edificación, calculó una capacidad de evacuación superior a 1.400 personas para Cocó. La contradicción es evidente, Bomberos entiende que el local puede acoger con seguridad muchas más personas, pero la Agencia, sin embargo, deniega la adecuación del aforo apelando a la ZPAE y mantiene el aforo administrativo inferior.

La discrepancia entre informes técnicos y decisiones administrativas ha convertido muchas sanciones en pleitos: la administración actúa sobre el aforo inscrito y los locales responden con informes de Bomberos y recursos Contencioso-Administrativos que, en ocasiones, suspenden cautelarmente los cierres. Un galimatías jurídico.

El patrón se repite. La sala Cool, en Gran Vía, tiene en su expediente informes que cifran la capacidad de evacuación en 1.238 y 1.404 personas respectivamente, pese a lo cual fue sancionada por alojar 900.

José Manuel Calvo, arquitecto y exconcejal de Urbanismo bajo la alcaldía de Manuela Carmena, reconoce que los hosteleros llevan reclamando más aforos desde la época en que él estaba en el Gobierno municipal: “El plan de 1997 no se ha revisado y, junto con la ZPAE, ha constreñido de forma especial a Centro y Chamberí, donde históricamente hay más quejas por ruido”. Calvo avisa de que la solución no es simple, pues igualar aforos al alza chocaría con los vecinos de estos barrios, mientras que recortarlos en la periferia indignaría a los hosteleros. Eso limitó en la era Carmena un acuerdo para homogeneizar los aforos. Por eso hoy apuesta por una norma de mayor calado y detalle que analice cada local caso por caso, como los ERIU.

Para los hosteleros, la consecuencia de este status quo es doble: una desventaja en el centro y una ventaja relativa en la periferia. En distritos como Vallecas, donde la ZPAE no actúa con la misma intensidad, un local puede obtener aforos más generosos, pero en Centro incluso establecimientos con metros y salidas suficientes se topan con un techo administrativo que solo se altera si la administración acepta tramitar el ERIU.

Más Madrid y otros grupos han propuesto mesas de diálogo y figuras institucionales para coordinar la noche siguiendo modelos europeos. Eduardo Rubiño, portavoz en funciones de Más Madrid durante la baja de maternidad de Rita Maestre, pide transparencia: “La vida nocturna en Madrid merece un trabajo amplio, participativo y transparente que asegure ocio seguro y medidas de convivencia”.

Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y portavoz de la asociación de Puente de Vallecas, recuerda por qué la periferia mira otras prioridades: “En nuestro barrio los conflictos han venido más por el ruido en el exterior de los locales, el incumplimiento de medidas de seguridad y las prácticas para sortear cierres. Hasta ahora hemos priorizado problemas que consideramos más graves, como el menudeo y la inseguridad”. Nacarino admite que los aforos generosos atraen actividad, pero también presión sobre los alquileres, por lo que su asociación comparte “la reivindicación de igualdad de trato para evitar una invasión”.