El novio de Ayuso será juzgado por fraude fiscal y falsedad documental al tumbar la Audiencia Provincial su último recurso
La decisión es un serio revés para el empresario y se conoce al mismo tiempo que se juzga al Fiscal General del Estado por una presunta vulneración de su derecho de defensa
Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha perdido su última baza para evitar ser juzgado por fraude fiscal y falsedad documental. Los magistrados de la Audiencia Provincial han rechazado un recurso que hubiera supuesto la reapertura de la fase de instrucción en el juzgado de Plaza de Castilla para practicar pruebas solicitadas por el empresario. Esta decisión es un duro revés para Amador que deberá sentarse en el banquillo en una fecha aún no conocida. La Audiencia se ha pronunciado al mismo tiempo que transcurre un juicio histórico contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien Amador acusa de haber vulnerado su derecho de defensa.
La sección tercera de la Audiencia Provincial desestimó el miércoles dos autos relativos a recursos de apelación de Amador, y la decisión se ha conocido este viernes. En ambos recursos, Amador se quejaba de que la jueza de instrucción del número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, había dado por concluida su investigación sin practicar una serie de pruebas.
El empresario protestaba porque la jueza de instrucción, María Inmaculada Iglesias, no le dio la oportunidad de declarar. Lo cierto es que el 24 de febrero él se acogió a su derecho a no hacerlo, alegando que quería esperar a que se supiera si se abría o no una segunda pieza por un presunto soborno empresarial. Días más tarde, el 3 de marzo, la Audiencia Provincial dio luz verde a ese otro procedimiento. La jueza Iglesias no consideró oportuno llamarlo de nuevo y le reprochó que ni siquiera pidió esa declaración el 13 de mayo, cuando solicitó que declararan otros testigos de parte. La Audiencia ha dado en este punto la razón a Iglesias.
Por otro lado, Amador pedía la declaración de otros dos testigos del ámbito empresarial. Él estimaba que podría demostrar que las facturas consideradas falsas no eran tales. Además, solicitó la presentación de un informe pericial tributario encargado por él. Los magistrados de la Audiencia le han respondido que esas pruebas no eran pertinentes y que el informe se aportaba a destiempo.
Así las cosas, Amador y los cuatro empresarios que elaboraron para él las facturas consideradas falsas se deberán sentar en una fecha aún desconocida en un juzgado de lo penal, competente para decidir en este caso en atención a la pena a la que se enfrentan, según fuentes de los juzgados. Esas mismas fuentes indican que estos órganos están tan saturados que el juicio podría demorarse hasta tres años. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido tres años y nueve meses de cárcel para Amador. PSOE y Más Madrid, que son parte del caso como acusación popular, solicitan cinco años.
El empresario, dueño de dos consultoras de calidad sanitaria, ha sido protagonista de este caso con trascendencia política desde que en marzo del año pasado la Fiscalía le denunció por un supuesto fraude fiscal de 350.910 euros. Aquella denuncia se produjo después de un año y medio de investigación por parte de la Agencia Tributaria, que concluyó que Amador usó 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros para rebajar su cuota tributaria en las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021.
El torbellino que desató la noticia, el 12 de marzo, está en el origen del juicio que comenzó este lunes en el Supremo contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Amador le acusa de haber filtrado a la prensa un correo electrónico entre su abogado y un fiscal en el que se declaraba culpable del fraude. Ese juicio concluirá la semana que viene.
Amador también está siendo investigado en un segundo procedimiento por un presunto soborno de medio millón de euros al ejecutivo del grupo sanitario Quirón que ha contratado a sus consultoras desde 2017. La instrucción de esa otra pieza corresponde ahora al juez Antonio Viejo, que ha relevado en el juzgado 19 a Iglesias, después de su jubilación el pasado verano. Antes de colgar la toga, Iglesias solicitó un informe aún no concluido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
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