El Gobierno de Ayuso recurrirá a la Audiencia Nacional la declaración de la sede de la presidencia de Madrid como lugar de memoria

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha anunciado este miércoles que presentará un recurso ante la Audiencia Nacional en contra de la declaración como lugar de memoria democrática de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica, que recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). La tramitación de esta designación, que busca recordar los horrores vividos en el edificio durante la dictadura franquista, viene provocando desde hace un año un choque abierto entre el Gobierno central, que preside Pedro Sánchez, y el autonómico, que se opone a que se señale con una placa el pasado del edificio. El conflicto da ahora un paso más con la oficialización de la designación, y el recurso consecuente, que Madrid basa en el argumento de que el expediente que ha dado origen a la declaración ha caducado porque lleva más de un año abierto. Un extremo que niegan en La Moncloa.

Tras la publicación de la resolución en el BOE, el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha dicho que se trata de “una resolución sectaria, contraria a la verdad”. Al tiempo ha anunciado que presentarán un recurso administrativo ante la Audiencia Nacional porque, según su versión, el expediente ha caducado.

“Ha pasado más de un año desde su incoación hasta la publicación. Lleva caducado desde el 16 de octubre. Ni esto hace bien el Gobierno de Sánchez”, ha recalcado. Sin embargo, en La Moncloa contraponen que la fecha que cuenta a efectos de la caducidad es la de la publicación del expediente en el BOE, que fue el 24 de octubre, por lo que, aseguran, el plazo no ha vencido.

“El 16 se firmó y el 24 se publicó en el BOE”, dice un portavoz del gobierno central.

No obstante, en el artículo 50.5. de la Ley 20/2022 de Memoria democrática se establece que el expediente se resolverá y notificará en el plazo máximo de 12 meses desde la fecha de su incoación. Y esa fecha fue el 16 de octubre de 2024, tal y como recoge la resolución publicada este miércoles en el BOE. Hace más de un año, como sostiene Madrid.

García Martín ha defendido que la Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y “una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración”, de acuerdo con la Real Academia de la Historia. “Esta es una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado del autócrata Sánchez”, ha añadido.

La visión del Gobierno central es diametralmente opuesta. “El edificio de la Puerta del Sol, que hoy alberga oficinas administrativas, constituye un recordatorio sombrío de los horrores que vivieron miles de personas durante una de las etapas más oscuras de la historia reciente de España”, se lee en la resolución, que firma el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, con fecha 20 de octubre. “La declaración de Lugar de Memoria Democrática pretende rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron las humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias. El edificio constituye un referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo”, sigue. Y argumenta: “Con la declaración de Lugar de Memoria se pretende contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió en sus dependencias con la finalidad de que nunca más vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.

Con posiciones tan separadas, el conflicto estaba asegurado. De hecho, ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. En julio, el Alto Tribunal levantó la suspensión de la ley aprobada por el Gobierno de Ayuso para dificultar que la Casa de Correos sea lugar de memoria democrática, al dejar en manos de la presidenta la potestad de decidir si se colocan o no placas en sus paredes. Pero lo hizo sin entrar en la cuestión de fondo.

Así, el Constitucional argumentó que “la posible instalación de placas o distintivos, así como la celebración de eventos y otros actos, no pasa de ser un suceso futuro e incierto; como también lo es la eventual negativa de la Comunidad de Madrid a autorizar dichas actuaciones” en relación con la declaración del edificio como lugar de memoria democrática, que en ese momento no se había producido.

En consecuencia, el pulso entre las dos administraciones entra ahora en un escenario incierto.

“El Constitucional dijo que los problemas que pudieran surgir eran hipótesis”, resume una fuente que cuenta con la confianza del presidente del gobierno. “Así que veremos si las hipótesis se cumplen”, añade. “Ojalá que no”, añade en referencia a la posibilidad de que Ayuso vete la instalación de la placa que señale la designación del lugar, y escale el choque entre las dos partes. “Nosotros cumpliremos la ley”.

Esto ha dicho el ministro Ángel Torres a través de un video grabado ante la Real Casa de Correos: “[La declaración] es una magnífica noticia para quienes defendemos la democracia, la libertad y los derechos, y sobre todo para devolver la dignidad a las víctimas que sufrieron represión, torturas e incluso la pérdida de la vida por defender la democracia que hoy disfrutamos”.

La Real Casa de Correos, situada en la madrileña Puerta del Sol, fue escenario de torturas, encarcelamientos y persecuciones de carácter político entre 1939 y 1979, cuando lo ocupaba la Dirección General de Seguridad (DGS) de la dictadura franquista. Sin embargo, el Ejecutivo regional viene defendiendo desde octubre de 2024, cuando se iniciaron los trámites para la declaración, que esa etapa solo representa un 15% de la historia de la Real Casa de Correos y que la colocación de la placa afectaría a su uso administrativo e invadiría las competencias autonómicas.

¿Qué supone la resolución publicada este miércoles en el BOE? La declaración de lugar de memoria democrática “normalmente” culmina con la colocación de una placa conmemorativa; acciones de “difusión, en múltiples soportes y formatos explicativos, de por qué es un lugar de memoria”; y exposiciones, según explicó un portavoz del Gobierno central cuando se inició el proceso que afecta a la Real Casa de Correos.

Recuerdo a las checas

Como informó EL PAÍS, el Gobierno regional ya se opuso en mayo de 2024 a colocar una placa que recordara el pasado del edificio, tras solicitárselo el periodista Nino Olmeda, que fue detenido durante la dictadura y aún recuerda el complejo como un lugar terrorífico, lleno de dolor y gritos, con celdas y torturadores. El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, llegó a decir en ese momento que el edificio tiene “muchísima historia”, recordando, entre otras cosas, que en el mismo lugar se situó el Ministerio de la Gobernación de la Segunda República, “cuando también se persiguió por sus ideas a muchos madrileños”.

Entonces, tanto Ayuso como el portavoz argumentaron que las únicas placas que tenían cabida en la sede del Gobierno eran las ya existentes, “porque unen y no dividen”. Una honra a los héroes del Dos de mayo; otra recuerda a las víctimas del 11-M y a quienes las auxiliaron; y, la última, a los fallecidos durante la pandemia de la covid.

Sin embargo, el poderoso jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, fue incluso más lejos. Así, en una carta dirigida a Olmeda y adelantada por este diario, argumentó que Madrid está “plagada de inmuebles” en los que “se han cometido actos reprobables, como los sucedidos en las checas durante la Guerra Civil, sin que ninguna placa recuerde los horrores acaecidos”.

Además, el BOE publicará en los próximos días las declaraciones como Lugar de Memoria Democrática de la Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este de Madrid, conocido como cementerio de La Almudena; y la de la Prisión Provincial de Hombres.