¿Quién es Carmen Rodríguez-Medel, la jueza a la que ataca ahora el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso?

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha vuelto a situarse bajo el foco de los medios de comunicación, al enviar al banquillo a Alberto González Amador —novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid— por el supuesto fraude de más 350.000 euros a Hacienda que perpetró a través de una trama de facturas falsas. Con dos resoluciones emitidas en apenas cinco días, la instructora ha dictado el auto para abrir juicio oral contra la pareja de la dirigente del PP y, también, ha frenado los intentos de paralizar esta causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes. “No ha lugar a la suspensión interesada”, concluyó la jueza, contra quien ha cargado Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, este lunes.

“La jueza no respeta a la Audiencia Provincial. Decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca y resulta que es la hermanita de un tipo al que [Fernando] Grande-Marlaska ha ascendido. Todo [Pedro] Sánchez es corrupto”, ha arremetido el principal asesor de la presidenta de la Comunidad. Pero, ¿quién es esta magistrada y por qué ha irrumpido ahora en este sumario?

Carmen Rodríguez-Medel, de 53 años y que ejerció como asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en la época de Rafael Catalá (PP) al frente del Ministerio de Justicia, ha aterrizado en el caso del novio de Ayuso de manera provisional. Esta magistrada es la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, pero ha asumido el trabajo del Juzgado de Instrucción 19 (donde se llevan las pesquisas contra González Amador) hasta que se incorpore al mismo su nuevo responsable, el magistrado Antonio Viejo, que sustituirá a la recién jubilada Inmaculada Iglesias.

Familiar de guardias civiles, Rodríguez-Medel ha llevado antes otras investigaciones de enorme repercusión mediática y gran presión política. Con fama de diligente, en uno de sus primeros destinos en un juzgado de Marbella ya le tocó enfrentarse a las tramas de corrupción urbanística que asolaban la ciudad malagueña. Aunque sería después, una vez aterrizada en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, cuando su nombre adquiriría escala nacional. Debido, sobre todo, a dos pesquisas: los llamados caso Máster y caso 8-M; que salpicaron al PP y al PSOE, respectivamente.

En el caso Máster, la magistrada dirigió primero sus indagaciones contra Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, por la falsificación del acta del trabajo fin de máster (TFM) que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) —por lo que los tribunales acabarían absolviendo a la exdirigente del PP por falta de pruebas, aunque condenarían a penas de cárcel a una de sus asesoras y a una profesora—. Sin embargo, Rodríguez-Medel no se quedó en ella y, al tirar del hilo, concluyó que en esa universidad se había creado una trama para “regalar” títulos a alumnos “con una posición relevante”. Fue entonces cuando pidió que se imputase y se abriese causa contra el entonces líder popular, Pablo Casado, por ser uno de los beneficiados. Pero el Tribunal Supremo frenó sus pretensiones al considerar que no había indicios suficientes contra él. Una respuesta que no gustó a la jueza, que ironizó ante la postura de la instancia superior: “Al modesto entender de esta instructora, se están elevando notablemente las exigencias habituales [para encausar a alguien] [...] Aplicar este nuevo parámetro conllevará, sin duda, una notable reducción de la carga de trabajo ordinaria que pesa sobre los Juzgados de Instrucción”.

Durante la pandemia del covid, el caso 8-M volvería a colocar a Rodríguez-Medel en la palestra. Tras recibir la denuncia de un particular, la magistrada decidió abrir una causa para investigar si se había cometido algún delito al permitir la celebración de las manifestaciones feministas del 8 de marzo en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus. La jueza encargó informes a la Guardia Civil, interrogó a numerosos testigos e, incluso, citó como imputado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco (PSOE). Fue rápida y evitó dilatarse. Sus pesquisas duraron tres meses y, en cuanto concluyó que no había irregularidades, las cerró. Pero eso no evitó que la oposición, con el PP a la cabeza, las utilizara para disparar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.