Ayuso ordena apagar las pantallas de los alumnos de Infantil y Primaria de 2.000 centros sostenidos con fondos públicos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, prepara un decreto para prohibir que el más de medio millón de alumnos que acuden a los alrededor de 2.000 centros de educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos en la región (es decir, públicos y concertados) usen individualmente en clase ordenadores, tablets o móviles. La medida entraría en vigor el próximo curso 2025-2026. No obstante, aquellos centros educativos que actualmente tengan ya implantado un programa docente que incluy...

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, prepara un decreto para prohibir que el más de medio millón de alumnos que acuden a los alrededor de 2.000 centros de educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos en la región (es decir, públicos y concertados) usen individualmente en clase ordenadores, tablets o móviles. La medida entraría en vigor el próximo curso 2025-2026. No obstante, aquellos centros educativos que actualmente tengan ya implantado un programa docente que incluya un dispositivo individual por alumno, tendrán una moratoria con un plazo de un año —hasta el 31 de agosto de 2026—, para adaptarse a la normativa. El proyecto supone ampliar a cualquier dispositivo digital el veto al uso de móviles durante la jornada escolar, que ya estaba en vigor.

“Lo que se limita es el uso individual, no se permite en las aulas de la Comunidad de Madrid”, ha explicado este miércoles el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, tras la rueda de prensa que sigue siempre a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. “Pretendemos volver a la esencia de los libros, de los cuadernos, de los dictados, del cuidado de la ortografía, de la caligrafía, y todo eso lo haremos compatible con que los alumnos de Madrid tengan esas destrezas digitales tan necesarias”, ha añadido, sin aclarar cómo se logrará ese objetivo con el apagón generalizado.

“Las asignaturas, con carácter general, se harán con los libros, y los cuadernos, como se ha hecho toda la vida”, ha añadido. “Somos pioneros, una vez más, hay muchísimos países que en su día dieron el paso de introducir los dispositivos digitales, y lo están revirtiendo a lo que podríamos llamar la esencia de la educación tradicional, adaptada, eso sí, a los tiempos de hoy”, ha rematado.

La Comunidad de Madrid sostiene en un comunicado que es la primera región en España que elimina el uso individual de dispositivos digitales en los colegios. La apuesta, y su entroncamiento con los valores tradicionales enunciados por el portavoz gubernamental, nace directamente de la presidenta. Ayuso ha puesto la diana en las adicciones digitales, en reafirmar la autoridad de los profesores y en cerrar las puertas de los colegios a las pantallas.

Ya en 2019, al poco de llegar la baronesa al poder en la región madrileña, el Gobierno autonómico anunció que prohibiría a partir del curso lectivo 2020-2021 el uso de teléfonos móviles en los colegios públicos y concertados. El objetivo: mejorar, se argumentó entonces, los resultados académicos, y también combatir el ciberacoso y el bullying. El proyecto preveía que los docentes y la dirección de los centros educativos pudieran retirar los teléfonos de los alumnos que incumplieran esta obligación, que les serían restituidos según la normativa aprobada por el centro. Un plan que ahora se amplía a cualquier tipo de dispositivo digital, incluidos ordenadores.

El texto del Gobierno regional establecerá cuando se apruebe que los alumnos de Infantil (hasta seis años) y Primaria (hasta 12) de centros sostenidos con fondos públicos no podrán trabajar de forma individual con dispositivos digitales y que sus maestros tampoco podrán programar la realización de deberes u otras tareas académicas en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.

En cuanto al uso compartido entre dos o más alumnos, se permitirá siempre con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo en función de las edades y etapas. Así, los más pequeños del primer ciclo de Infantil (0-3 años) no tendrán contacto con estos dispositivos. En el segundo ciclo de Educación Infantil (niños de 3 a 6 años) y en los dos primeros cursos de Primaria, este manejo compartido estará restringido a una hora semanal.

Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de Primaria tendrán una hora y media para su empleo conjunto durante la semana, mientras que los de 5º y 6º podrán usarlas con estas condiciones un máximo de dos horas semanales. En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), serán los propios colegios e institutos que la imparten los que delimiten el uso individual o compartido de tablets, ordenadores y demás según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus alumnos.

La norma también recogerá algunas excepciones a estas restricciones. Por ejemplo, aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo que requieran de estos recursos digitales, previo informe psicopedagógico, podrán utilizarlos sin ningún tope horario. Y también se permitirá su uso en las materias optativas o proyectos en los que sean imprescindibles para adquirir competencias específicas.

Una portavoz del Ministerio de Educación ha señalado a EL PAÍS que la Comunidad de Madrid es competente para decidir sobre el uso o no de dispositivos en las aulas, siempre que se garantice que “los alumnos hayan adquirido las competencias digitales que marca la ley para cada etapa”. La actual ley educativa, la Lomloe, contempla siete competencias clave que deben de impartirse de forma transversal, entre ellas la digital, por lo que no se fija un número determinado de horas de uso de dispositivos.

La competencia digital implica “el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas”. Incluye “la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico”.

El ministerio, recuerda la portavoz, emitió hace más de un año sus recomendaciones para el uso de dispositivos móviles en los centros educativos. La propuesta trasladada por el ministerio a las comunidades, en la línea de lo aprobado un mes antes por el Consejo Escolar de Estado, consiste en “un uso cero del móvil en Infantil y Primaria y en limitarlo a actividades pedagógicas cuando el docente así lo considere en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional”.

El Gobierno central recuerda al Ejecutivo de Ayuso que han recibido 46,9 millones de euros del programa código escuela 4.0 y 155 del plan de digitalización, que ha servido para distribuir más de 33.000 dispositivos a las escuelas madrileñas y para la instalación de sistemas digitales interactivos en más de 24.000 aulas. Además, casi 75.000 docentes de la Comunidad de Madrid han acreditado su competencia digital y más de 2.000 centros educativos cuentan ya con su plan digital de centro, todo ello con el fin de reducir la brecha digital.

El sindicato CSIF, por su parte, ha criticado la decisión. “Se ha decidido sin consultar a los docentes ni a sus representantes, sin prever el posible perjuicio a diferentes proyectos educativos, y justo antes de empezar el periodo de matriculación ordinaria”, dice Miguel Ángel González, responsable de CSIF Educación Madrid. “Son decisiones que pueden ser perjudiciales, y que no están bajo ningún concepto consensuadas con ninguno de los representantes legítimos de los trabajadores”.

Una línea en la que coincide Isabel Galvín, representante de CCOO. “De los centros educativos, equipos docentes y equipos educativos, nos plantean que el problema de las pantallas no se encuentra en los centros educativos, sino en el ámbito familiar”, dice. E ironiza: “Los mismos que nos dotan de un material a utilizar son los mismos que ahora prohíben usarlo”.

Además, las Escuelas Católicas de Madrid (ECM) han considerado que prohibir las pantallas atenta contra la autonomía de los centros educativos. “Es una medida taxativa que se contradice con los principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza postulados por la Comunidad de Madrid y que, sin duda, preocupa enormemente a los 340 centros que conforman la red de ECM, al ver vulnerado su derecho a desarrollar un proyecto educativo propio y, sobre todo, elegido libremente por las familias”, se lee en un comunicado de la asociación.