La jueza rechaza la personación del Gobierno de Ayuso en el caso que investiga sus gastos en centros de FP

La jueza que instruye el caso FP, en el que se investiga el presunto fraccionamiento ilegal por parte de integrantes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de más de tres millones de euros en contratos menores para otorgar a dedo la reforma de una docena de centros educativos, ha rechazado aceptar la personación de la Administración regional como acusación particular en calidad de perjudicada por los hechos. Así consta en una providencia de...

La jueza que instruye el caso FP, en el que se investiga el presunto fraccionamiento ilegal por parte de integrantes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de más de tres millones de euros en contratos menores para otorgar a dedo la reforma de una docena de centros educativos, ha rechazado aceptar la personación de la Administración regional como acusación particular en calidad de perjudicada por los hechos. Así consta en una providencia del 4 de marzo a la que ha accedido EL PAÍS, y que descarrila una estrategia legal que había anunciado la propia presidenta en la Asamblea de Madrid justo antes de que declaren como investigados Alfonso Mateos, que hasta febrero de 2024 fue subdirector general de Centros de Formación Profesional del Ejecutivo regional, y otros dos funcionarios. La Comunidad tiene derecho a recurrir la decisión. “Estudiaremos el auto y lo recurriremos”, explicita un portavoz.

El 13 de febrero, en el Parlamento regional, Ayuso hizo una defensa de las decisiones de su Gobierno que tuvo algo de confesión parcial. “Hemos acudido a la Fiscalía para investigar irregularidades detectadas en la construcción de unos centros, al haberse, puede haber sido así, fraccionado contratos”, admitió entonces. “Por eso nos vamos a personar como acusación particular cuando la instrucción lo permita”, siguió. Y añadió: “Nosotros somos los que lo hemos llevado a la justicia, y nos podríamos habernos marcado un Errejón, y taparlo y mirar para otro lado, pero no lo hemos hecho, porque no somos como ustedes”.

Pero claro, la Comunidad como institución, y algunos de sus funcionarios, son parte nuclear de lo que se investiga (la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa) respecto a una etapa en la que el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, era consejero de Educación, y la actual titular de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, su viceconsejera. Y previsiblemente por eso la jueza ha negado a la Administración que forme parte del proceso como acusación particular.

“Ayuso no podrá personarse contra sí misma en el ‘Caso FP’ que rodea a su gobierno”, ha escrito en sus redes sociales Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid.

Así ven la situación en Comisiones Obreras (CC OO). “La titularidad de estos centros públicos es de la propia Consejería de Educación que forma parte del gobierno de la Comunidad de Madrid”, recuerdan. “Según su estructura orgánica, no hay más remedio que la contratación, los pagos, y la forma de realizar estos pagos, hayan pasado por los órganos directivos de la propia Consejería”, siguen. “Por lo tanto, no puede aceptarse que el Gobierno regional se considere perjudicado por una práctica que le corresponde por ser de su competencia”.

La magistrada encargada de la instrucción del caso, en el que están personados Podemos, PSOE, Más Madrid y el sindicato CC OO, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación administrativa]” y la Fiscalía describió “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento” aplicada por la consejería de Educación para poner en marcha enseñanzas extraordinarias de la rama sanitaria y adaptar centros educativos en 2021, 2022 y 2023.

En lugar de convocar concursos públicos para realizar esas obras, garantizando la libre concurrencia, supuestamente se acabaron fragmentando las reformas para ejecutarlas a través de contratos menores (que no pueden superar los 40.000 euros, más IVA) otorgados a dedo (principalmente al grupo Virelec).

Todo ocurrió así: el 18 de septiembre de 2023, dos centros educativos de la Comunidad de Madrid en el complejo ciudad escolar de San Fernando reciben sendos burofaxes enviados dos días antes. “Me pongo en contacto con usted siguiendo instrucciones precisas de quien me manda [el] “Grupo Virelec” a fin de requerirle formalmente las cantidades adeudadas por su institución (...) las cuales ascienden a día de hoy a 1.460.724,80″, se lee en las comunicaciones enviadas por orden del empresario Gabriel Navarro. Acaba de arrancar un escándalo que lleva a que la Comunidad de Madrid denuncie a un ejecutivo y dos funcionarios en abril de 2024, y a que la Fiscalía investigue al Gobierno.

“Sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública, o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, se lee en un informe de diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía fechado en octubre. “En esta actuación irregular, el dinero procede de partidas presupuestarias previstas para gastos extraordinarios de los centros (no obras), utilizando en esta actuación irregular las cuentas de los centros educativos como cuentas de intermediación o puente”, se añade. “Las obras, al parecer, se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio y según los informes iniciales, perjuicio para la Administración en este punto”, se subraya. “Pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público y los principios inspiradores de la misma, beneficiando a un entorno determinado”.

Durante la investigación, Mateos, exsubdirector general de Centros de Formación Profesional de la Comunidad, reconoció al declarar como testigo que conocía al empresario que está al frente del grupo Virelec desde antes de llegar a ser alto cargo. Cuando Mateos era secretario del instituto Virgen de la Paloma, les presentó un profesor. La relación se mantuvo luego “por cuestiones personales” que incluyeron encuentros y llamadas. Pero Mateos sostuvo en su declaración que “nunca” ordenó a los directores de los centros reformados pagos a favor del grupo Virelec.

“Parece existir un vínculo personal”, concluyen los investigadores. Estos, por lo tanto, alimentan la tesis de que supuestamente pudo haber regalos o dádivas para que el empresario lograra esos contratos. “No es así. No hay tráfico de influencias”, asegura entonces una fuente conocedora de la estrategia del empresario. “El gasto por estas obras ha sido mayor que el ingreso”, añade. “Con esto, ha perdido dinero, y lo que está claro es que si tienes algo que esconder, no lo denuncias, como ha hecho él”, sigue este interlocutor, que afirma que el sistema de construcción a través de contratos menores estaba generalizado en la región.

Tres bloques

La Fiscalía divide sus pesquisas en tres bloques que tienen en común la existencia de “posibles irregularidades” pero están en diferente fase de investigación y constatación, entre otras cosas porque se sigue intentando desenredar la madeja de empresas vinculadas a Virelec que también habrían podido hacer obras.

El primero afecta a la denuncia original sobre el centro educativo ciudad escolar de San Fernando, que comprende los IES Hotel Escuela y Ciudad Escolar. “La Intervención General de la Comunidad de Madrid ya ha emitido informe constatando las irregularidades”, se señala sobre unas obras por las que el Grupo Virelec presupuestó 2.417.720,5 euros, y cobró 1.281.392,87, según la Intervención regional, y que habrían sido encargadas “de forma verbal, y sin que consten documentos de formal licitación, publicidad, adjudicación, control ni formalización”. Los pagos habrían sido realizados por los directores de los centros tras recibir ingresos extraordinarios de la Comunidad. Estos apuntaron ante la Comunidad a que cumplían órdenes de Mateos, “actuando la cuenta de gestión de los centros educativos con un mero carácter instrumental en la cadena de pagos”.

El segundo bloque comprende a centros en los que la Intervención regional también dice haber detectado irregularidades. Se trata de los IES Antonio Machado, Conservatorio profesional de música de Alcalá de Henares y Escuela de arte Alberto Corazón, “con pagos presuntamente efectuados con la misma mecánica, y sin proceso de contratación y fraccionamiento de contratos, por importe conjunto de 1.013.152,94 euros, con el mismo beneficiario en el entorno de Virelec”. Este bloque también incluye a los IES Virgen de la Paloma, Príncipe Felipe, Tetuán de las Victorias y Ciudad de los Poetas “con pagos por montante total de 904.801,35 euros, al parecer también a sociedades y personas vinculadas a Virelec; cifra de carácter provisional”.

El tercer bloque es el que estaba menos trabajado cuando se emitió el informe, en octubre, pues ni siquiera se había pronunciado la Intervención. Son la Escuela de Idiomas y el Centro territorial de innovación y formación sur; y los IES Carlos Bousoño y Pío Baroja. Previsiblemente esta información habrá sido actualizada desde entonces.