Se abre una nueva oportunidad para los hijos de muertos en residencias días antes de que prescriba el delito

Tras cinco años de reveses judiciales, los hijos de los mayores rechazados por los hospitales han cambiado de estrategia. Apuntan ahora contra cuatro responsables de la crisis sanitaria en el Gobierno de Ayuso y 25 médicos por el delito de discriminación en el acceso a un servicio público. Estas nuevas denuncias han aterrizando en los últimos días en la mesa de los jueces madrileños justo antes del plazo de prescripción, que se cumplirá entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril, dependiendo de la fec...

Tras cinco años de reveses judiciales, los hijos de los mayores rechazados por los hospitales han cambiado de estrategia. Apuntan ahora contra cuatro responsables de la crisis sanitaria en el Gobierno de Ayuso y 25 médicos por el delito de discriminación en el acceso a un servicio público. Estas nuevas denuncias han aterrizando en los últimos días en la mesa de los jueces madrileños justo antes del plazo de prescripción, que se cumplirá entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril, dependiendo de la fecha de los fallecimientos. Se abre casi en el último minuto una nueva oportunidad para las víctimas de residencias y se prolonga un asunto que persigue a la presidenta madrileña.

La noticia de que los jueces están recibiendo estas denuncias la dio la semana pasada el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante una comparecencia en el Senado. Como él mismo contó, los fiscales están analizando uno a uno el caso de 115 mayores afectados, para remitir el asunto a los juzgados correspondientes “a la mayor brevedad para evitar la prescripción de los hechos denunciados”. En octubre, las familias presentaron una denuncia colectiva en la Fiscalía de Madrid, pero el cronómetro solo se detiene cuando el asunto llega a manos del juez y esa congelación se ha producido en los últimos días para algunos denunciantes, según confirman a EL PAÍS fuentes de la Fiscalía de Madrid y de dos asociaciones hermanas que les dan amparo legal, Marea de Residencias y Verdad y Justicia.

Esta alternativa para las familias nació el año pasado después de haber recibido más de 60 archivos de sus querellas por homicidio y omisión de socorro contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso y dos consejeros de su Ejecutivo. De esos procedimientos, aún 27 siguen pendientes, según la Fiscalía.

La nueva denuncia fue anunciada en octubre por las dos asociaciones de familiares, durante un acto en el que posaron con una pancarta delante de la sede de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, cercana a la Plaza de Colón. Se sustenta en el delito de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios (511 del Código Penal). Ese tipo penal no contempla si los enfermos fallecieron como consecuencia de la gestión sanitaria, que es el escollo probatorio con el que se habían encontrado los querellantes. Según explica la denuncia, se trata de un delito “de mera actividad” que no requiere un resultado posterior. Es decir, basta con probar que no se les prestó asistencia médica por una serie de razones, entre las que se encuentran la enfermedad o la discapacidad.

La pena para funcionarios públicos por este delito es de uno a dos años de cárcel, multa de 18 a 24 meses e inhabilitación temporal para cargo público.

Los denunciantes también apuntan contra distintos responsables. Piden que la investigación se dirija, al menos, contra 29 personas. Cuatro estuvieron involucrados en la decisión por la cual los mayores de residencias enfermos iban a ser supuestamente atendidos en las residencias. Se trata del firmante de los protocolos de no hospitalización, el director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Víu; el geriatra al que consideran “ideólogo” de ese triaje, Francisco Javier Martínez Peromingo; el director de las urgencias Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; y el asesor sanitario de Ayuso, Antonio Burgueño Carbonell. Además, incluyen el nombre de 25 geriatras que se encargaron de filtrar las peticiones telefónicas de hospitalización de las residencias.

Los hechos descritos son también más amplios que los contenidos en las querellas de 2020, porque no solo se enfocan en los protocolos que la Comunidad envió a los hospitales para descartar mayores enfermos. Además, se describen en detalle otras circunstancias que, en conjunto, buscan probar que se denegó el derecho a la asistencia sanitaria. Así, se incluyen también la fallida medicalización de las residencias y la exclusión por el hospital de campaña de Ifema o los hospitales privados, que habían quedado bajo el mando de la Consejería de Sanidad.

No todo son buenas noticias para los familiares. Las fuentes consultadas indican que algunos de los 115 casos de la denuncia recibirán un carpetazo. Sí deberían avanzar hasta el juzgado las denuncias de un pequeño grupo de 19 familiares que piden justicia por primera vez, pero quienes ya se querellaron en 2020, correrán distinta suerte. En esos supuestos, los fiscales están analizando si sus querellas habían sido archivadas por los jueces después de un recurso del Ministerio Público. Si se dan esas dos circunstancias no habría manera de reabrirlos, explican fuentes fiscales.

Además, aunque esta acción de última hora haya detenido la prescripción, los familiares deben seguir pendientes del reloj. El Código Penal pide que dentro de seis meses los jueces dirijan el procedimiento contra la persona indiciariamente responsable del delito, es decir que tome alguna acción contra los 29 denunciados. De lo contrario el plazo se extinguirá por completo.

Otro asunto a considerar son las opciones de condena, que dividen a los juristas consultados. Es optimista el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, vinculado a las asociaciones denunciantes porque fue uno de los expertos que participó en la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid. “Creo que las posibilidades de éxito jurídico son muy serias y no hace falta ir a una facultad de Derecho para verlo”, valora. “Siempre pensé que conectar la causalidad entre los protocolos y las muertes era complicado, pero sí es de una lógica aplastante que lo que hizo la Comunidad de Madrid es un monumento a la discriminación por razón de enfermedad o discapacidad”.

Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Autónoma de Madrid, tiene una opinión contraria. “Este artículo 511 está pensado por ejemplo para alguien que denegara a los gitanos entrar a un centro de salud, o una empresa de transporte público que prohibiera el acceso a los niños pequeños porque hacen ruidos”, ilustra Cancio. “En cambio veo forzado usarlo aquí. Es difícil demostrar que estas decisiones se hicieron para discriminar porque la defensa puede alegar que se buscaba priorizar los recursos para concentrarlos en las personas con más posibilidad de supervivencia. Además, la acusación deberá demostrar el aspecto subjetivo, es decir, que en la mente de los acusados estaba un ánimo de discriminar”.

A su modo de ver, no todo lo políticamente inasumible puede traducirse en delito. Y en este caso, dice que por muy desacertadas y horribles que puedan parecer las decisiones de la Comunidad de Madrid sobre las residencias, le parece inapropiado recurrir al Código Penal.

Sin embargo, muchas víctimas ven esta oportunidad como su última vía para obtener una reparación que tampoco han logrado fuera de los tribunales.

¿Tiene algo que contar? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es