La espera para el reconocimiento de una discapacidad en la Comunidad de Madrid está peor que hace 25 años

Una vez al mes a Mario G. le suena la alarma de sus cuentas pendientes. Ese día —normalmente un lunes o un martes— agarra su bastón y se presenta sobre las 11 de la mañana en su Centro Base VI Puente de Toledo del distrito de Carabanchel para preguntar “qué hay de lo mío”. De lo suyo hay poco desde que en julio de 2023 solicitara por primera vez una cita para que se le evalúe y reconozca una discapacidad por “artrosis severa de grado IV”, la máxima posible. ...

Una vez al mes a Mario G. le suena la alarma de sus cuentas pendientes. Ese día —normalmente un lunes o un martes— agarra su bastón y se presenta sobre las 11 de la mañana en su Centro Base VI Puente de Toledo del distrito de Carabanchel para preguntar “qué hay de lo mío”. De lo suyo hay poco desde que en julio de 2023 solicitara por primera vez una cita para que se le evalúe y reconozca una discapacidad por “artrosis severa de grado IV”, la máxima posible. De lo suyo hay poco porque antes que lo suyo va lo de tantos otros. Ahora, a finales de febrero de 2025, los agraciados con una cita para evaluación de una discapacidad son los que la solicitaron “en marzo de 2023″, según le advirtieron en el último intento en su centro. El primer día que fue a Mario G. le prometieron que aquello quedaría resuelto en nueve meses, pese a que en la página web de la Comunidad se promete que el máximo está en tres. El máximo legal en España son seis meses. Sin embargo, al verle aparecer una y otra vez, ninguno de los trabajadores de la recepción del centro se atreve ya a hacerle más predicciones. En el mejor de los casos parece que al año y medio que ya lleva debe sumársele otro semestre más. “No hay médicos suficientes. Paciencia, Mario”, le aconsejan. Pero su vida, que se parece a la de un hombre que atraviesa la senectud, “sin ningún quehacer”, no admite más demoras. Porque Mario tiene una mujer, dos hijas, y solo 38 años.

En el año 2000, la media de espera para dar un certificado de discapacidad era de entre tres y siete meses. En aquel momento, el director general de Servicios Sociales, Tomás Vera, admitía que se prestaba “un mal servicio”. El Gobierno regional del por entonces presidente Alberto Ruiz Gallardón, se comprometía a rebajar la espera “a tres semanas”. Según la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la espera media actual es de 308 días, aunque en muchos casos esta se dilata hasta los dos años como le sucede a Mario. El reconocimiento del grado de minusvalía de un discapacitado es imprescindible para que acceda a ayudas económicas y asistenciales, además de desgravaciones fiscales.

En 2023 Mario tenía un trabajo: una empresa como electricista que heredó de su padre hace seis años. Mario ya no tiene nada de eso. Solo tiene una rodilla prácticamente inútil, la izquierda, y otra con el menisco roto, la derecha. También tiene una baja a través de una mutua por la que al ser autónomo cobra 700 euros. Por ahora, el primer periodo de baja —de un año máximo— se le caducó. Ha logrado una prórroga de seis meses más que solo se concede a los “casos excepcionales”. Esta volverá a caducarse antes de que los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid le hayan atendido, y no las tiene todas consigo para que le otorguen una última de otro semestre para los “casos más excepcionales”.

Las primeras dolencias y pinzamientos aparecieron en su rodilla en marzo de 2023. Mario comenzó a acudir a traumatólogos. Le recomendaron que dejara su trabajo. Visto el precedente de su mujer —oficinista en una consultora y que sufre otra discapacidad por la enfermedad de Crohn—, a quien tardaron un año en realizar la evaluación, Mario se adelantó a su destino y antes de que nadie se lo aconsejara fue a su centro base a pedir cita el 10 de julio. Si se le hubiera reconocido a tiempo, habría abandonado su oficio de electricista y solicitado un empleo a la medida de sus limitaciones físicas, uno de los beneficios que se le ofrece a los discapacitados. “Seguí en mi trabajo y forcé la máquina”, sostiene. El 10 de enero de 2024, Mario se cayó de una escalera cuando trataba de colocar unos transformadores pesados en una estantería. Se destrozó las dos rodillas. Pese a haber insistido, después de que su situación se agravase, no ha obtenido ni respuestas ni esperanzas para que su evaluación se acelere. “Es imposible, están colapsados. La excusa que me dan es que no había médico en el centro, que están bajos de personal. Es desalentador. Sin mi discapacidad no puedo buscarme otro trabajo adecuado porque si me pongo a trabajar por mi cuenta pierdo todo lo anterior”, comenta. La falta de un horizonte claro le ha provocado además una depresión a finales de 2024. “El daño, sobre todo, es mental”, expresa. La Consejería justifica esta falta de personal a la “falta de una Estrategia nacional de Recursos Humanos en el ámbito sanitario y sociosanitario”. Según ellos, el principal problema es la cobertura de las plazas vacantes de los equipos multiprofesionales que se encargan de las valoraciones. Por ello, “se ha incrementado la plantilla de personal en los centros base con 13 nuevos profesionales y se han creado tres nuevos equipos de valoración, hasta alcanzar actualmente los 48 equipos de valoración en 10 centros base”. No se ha especificado el número total de trabajadores en activo ni cuál es la ratio adecuada para que el servicio funcione de manera eficaz.

El presidente de FAMMA, Javier Font, denuncia que la situación empeora por momentos. “Ya no es solo que estemos peor que hace 25 años, sino que no hay atisbo de solución. Irá a más. Nos prometen que va a descender la espera a diez meses, es una tomadura de pelo que pretendan que nos conformemos con eso. Con esos tiempos habrá gente que se siga muriendo sin haber percibido una prestación que le podía haber hecho la vida más digna. Es una cuestión humanitaria”, se queja. “En la Comunidad de Madrid es un problema de falta de personal —médicos, fisios, psicólogos, etc. — que no se subsana. No hay profesionales, no los mandan, ese es el motivo de que las esperas lleguen a los 12, 15, 18 y hasta 24 meses. La Consejería de Sanidad y el Gobierno Central se echan la culpa unos a otros y mientras la gente sin soluciones”, declara. Una de las propuestas que plantea FAMMA es que los propios diagnósticos que los especialistas dan a los pacientes sean suficientes para el reconocimiento de la discapacidad. “En el fondo, las listas de espera son para que les vea un médico que básicamente hace la función de notario, él no realiza diagnóstico. Ese papeleo podría abordarse de otro modo mientras no aumente el personal en los centros base”, comenta Javier.

En la puerta del Centro Base VI el malestar de Mario es generalizado entre los que entran y salen del edificio. Una pareja de hermanos, Ángel y Antonio, de unos 50 años, revisa el auto de un juzgado para que su madre, de 97 años, ingresara en una residencia tras ser certificado el grado VII de alzhéimer que le impide hablar y comunicarse. Al parecer, ninguno de sus documentos les ha servido para una evaluación positiva de su discapacidad porque tienen “más de seis meses de antigüedad”. “Con la administración te has topado y ya la has cagado”, resopla Antonio. “Es absurdo que una persona con una enfermedad incurable y casi 100 años tenga que renovar su diagnóstico. Se va a morir antes de que la atiendan”, lamenta. Aun así, la pareja trata de seguir el camino pautado, y vuelven a solicitar una nueva cita previa. Pierden la esperanza cuando la aplicación les dice que “no hay cita previa disponible. Vuelva a intentarlo en los próximos días”.