La jueza sigue adelante con la causa por fraude fiscal contra la pareja de Ayuso y él se niega a declarar

La jueza del caso de Alberto González Amador se ha plantado frente a sus intentos de dilatar la investigación por fraude fiscal. El empresario pareja de Isabel Díaz Ayuso ha pedido una vez más este lunes retrasar la causa a la espera de que la Audiencia Provincial decida un recurso suyo contra su imputación por dos delitos más. Sin embargo, la magistrada María Inmaculada Iglesias le ha respondido que no hay motivo porque ambas son piezas separadas, informan fuentes judiciales. Tras esto, Amador ha dicho a la jueza que estaba encantado de colaborar, pero que sus abogados le han recomendado que no declarase.

Los dos abogados de Amador no han convencido a la jueza a pesar de que han alegado que la decisión de la Audiencia es “inminente”. También han afirmado que avanzar con el caso vulneraría los derechos de su cliente porque, han aseverado, sin la resolución de la Audiencia madrileña se desconoce el objeto de la investigación. Estos motivos no han convencido a la jueza.

Esa decisión de la Audiencia es clave porque en junio Amador quiso cerrar la causa por fraude fiscal con un pacto de culpa, a cambio de una pena menor que le permita evitar la cárcel. Sin embargo, ese acuerdo no le conviene desde que fue imputado en octubre por nuevos delitos, administración desleal y corrupción en los negocios. Si se enfrenta a dos condenas, podría acabar tras las rejas.

Los magistrados de la sección tercera se reunieron el miércoles, pero la decisión todavía no ha sido notificada. Lo usual es que estas decisiones tarden días o incluso semanas en ser conocidas, hasta que la resolución está redactada y tiene el visto bueno de los tres magistrados competentes. Si no hay unanimidad, las decisiones suelen demorarse.

La jueza Iglesias, titular del número 19 de instrucción, abrió la investigación por fraude fiscal hace casi 11 meses y apenas ha avanzado debido a que cuatro citaciones anteriores fueron suspendidas por distintos motivos. Tras la vista de este lunes, Iglesias podría decidir la práctica de pruebas o el envío a juicio, indican fuentes judiciales. “Su intención es darle un impulso procesal relevante de inmediato”, dicen estas fuentes. Iglesias ha dejado la puerta abierta a que declare cuando quiera. Ha añadido que ella podrá tomar nuevas decisiones, pero sin explicar cuáles iban a ser.

La pareja de Ayuso podría retomar el pacto de culpa en cualquier momento antes del juicio, pero debería contar con el visto bueno de la fiscalía y la abogacía del Estado. En junio, cerró un acuerdo a tres bandas por el cual admitía una pena de ocho meses de cárcel y 491.000 euros de multa. Pero ese acuerdo saltó por los aires cuando la jueza aceptó estudiar la ampliación de las pesquisas a nuevos delitos, como solicitaron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid.

Más Madrid confía en que la Audiencia permitirá las nuevas imputaciones. “Sería muy extraño que la Audiencia Provincial no respaldara a la jueza y evitara una investigación de delitos bastante bien justificados”, ha dicho a las puertas de los juzgados el diputado de ese partido Hugo Martínez Abarca.

Amador entró por la puerta de atrás del edificio judicial de Plaza Castilla a las 10.00 en punto, justo a la hora en que estaba citado. Dentro, solo se permitía la presencia de agencias de comunicación por una decisión de la jueza decana que fue adoptada después de que en mayo del año pasado Amador se escondiera de los periodistas huyendo por los pasillos y disfrazándose con una peluca.

Pasados unos 40 minutos, salió por la puerta principal y caminó a paso rápido en busca de un taxi, acompañado de otro hombre que no ha podido ser identificado. Mientras era seguido por el grupo de periodistas que aguardaba en la calle, se dio un golpe en la frente con una cámara de televisión. El empresario se montó en el coche dolorido, con la mano en la sien.

Ayuso: “ha sido agredido”

Preguntada por la vista de hoy, la presidenta madrileña ha insistido en su narrativa falsa de que el proceso judicial se abrió contra su novio por motivaciones políticas. “Una inspección de Hacienda que como mucho tendría que haber acabado, como mucho, en multa, ha llegado a caso de Estado”, ha afirmado en rueda de prensa, durante una visita a Extremadura. “Necesitan empatar, o dar la sensación de que aquí todos somos iguales”, ha dicho sobre las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. “Y pretenden que toda esa montaña, todo lo que está saliendo, que se equipare con una inspección fiscal que de no ser mi pareja esto no hubiera sido ni siquiera algo que hubiera pasado de Hacienda”.

Lo cierto es que la Agencia Tributaria estaba obligada a elevar la inspección a la Fiscalía porque se cumplían dos requisitos: lo defraudado era superior a 120.000 euros y existía una voluntad deliberada de cometer el fraude. En el ejercicio 2022 se iniciaron 184 procesos por delitos contra la Hacienda pública.

A pesar de que las imágenes muestran que fue un accidente, Ayuso ha afirmado que hoy su pareja fue golpeada a posta por el camarógrafo. “Ha sido agredido por un cámara. No se ha golpeado. No, no. Le ha agredido un cámara porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad y de respeto”.

Y ha hilado esta con un ataque al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por no poner un dispositivo de seguridad, a pesar de que no había manifestantes en la puerta. “No ha sido capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras. Y que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible, inasumible. ¿Qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro?”

Tampoco han querido declarar este lunes los otros cuatro empresarios imputados por presunta colaboración con Amador. Tres de ellos son los residentes de un pueblo sevillano, Arahal, David Herrera Lobato y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo Saborido. El cuarto, el mexicano Maximiliano Eduardo Niéderer, también se ha presentado para decir que no declara. Su presencia en los juzgados ha sido una sorpresa ya que las autoridades judiciales no lo habían podido localizar durante casi un año.

La causa por fraude fiscal fue abierta por Iglesias el 20 de marzo del año pasado, después de una investigación por Hacienda que duró más de año y medio. Según la investigación, Amador defraudó 350.910 euros al presentar unos negocios inventados en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 de su empresa Maxwell Cremona, dedicada a hacer consultoría para obtener sellos de calidad.

La jueza abrió en octubre una nueva pieza para investigar a Amador por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Se basaba en las mismas pesquisas del expediente que recibió de Hacienda y tomó esta decisión porque se lo pidieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid, que consideraban que los hechos averiguados por la Agencia Tributaria tenían encaje en más tipos penales.

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