Ayuso quiere que Sánchez compense a Madrid el dinero invertido en cubrir el fin de las bonificaciones estatales al transporte

El gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), quiere que el Estado le compense por haber cubierto el 30% de la bonificación estatal al transporte público, que el gobierno central dejó de pagar la semana pasada, cuando perdió en el Congreso la votación para renovar la medida, incluida en un decreto ómnibus. ...

El gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), quiere que el Estado le compense por haber cubierto el 30% de la bonificación estatal al transporte público, que el gobierno central dejó de pagar la semana pasada, cuando perdió en el Congreso la votación para renovar la medida, incluida en un decreto ómnibus. Tras aprobar este martes el consejo de ministros un nuevo decreto que incluye esa inversión (que en el caso de la región madrileña fue de 220 millones en 2024), el gobierno autonómico espera a conocer sus detalles, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para ver si incluye una cláusula de retroactividad que le compense por el alrededor de un millón de euros diario que viene invirtiendo desde el jueves pasado. En caso contrario, reclamará formalmente el montante total una vez que el Congreso haya aprobado el nuevo decreto, según ha precisado este martes el portavoz del gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García Martín.

—¿Le van a reclamar al gobierno central estos días que han asumido ustedes esa bonificación, esa cantidad?, le han preguntado a García Martín en la rueda de prensa convocada con motivo de la reunión de Díaz Ayuso con los portavoces parlamentarios de todos los partidos por el inicio de un nuevo periodo de sesiones.

—Por supuesto, ha contestado el portavoz del gobierno regional.

Además, Martín ha apuntado que no tiene conocimiento sobre el contenido del nuevo decreto ómnibus pactado por PSOE y Junts, pero ha advertido que habrá que leerlo “de arriba a abajo”, porque “estoy seguro de que hay algún peaje”, ya que, ha dicho ha sido negociado “por dos trileros políticos”, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de Junts, Carles Puigdemont.

Tras la derrota del gobierno la pasada semana en el Congreso, el ejecutivo madrileño se comprometió a asumir “de momento” la parte estatal de la bonificación a los títulos de transportes públicos. Sin embargo, los portavoces autonómicos insistieron una y otra vez en que esa decisión sería temporal, y difícilmente mantenible en el largo plazo.

La razón es de carácter presupuestario. El boquete en los planes de la presidenta regional —propiciado por el voto del PP, su partido, contra un decreto que mezclaba múltiples medidas en una sola votación, algunas aceptables y otras no para los conservadores—, no tiene comparación con ninguna otra región. De los 220 millones que recibía Madrid se pasaba a los 93,9 de Cataluña, los 40,4 de Andalucía o los 22,6 de la Comunidad Valenciana, según datos publicados en su cuenta de X (antiguo Twitter) por el ministro Óscar Puente.

La situación, en todo caso, se ha redirigido este martes, tras pactar el PSOE con Junts ajustes para sacar adelante el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Las ayudas al transporte público las impulsó el Gobierno central en septiembre de 2022. En aquel momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, anunció la subvención del 30% del precio, y animó a los gobiernos autonómicos que así lo desearan a complementar esa rebaja financiando otro 20%, para así reducir la factura que pagaba el ciudadano a la mitad.

El objetivo era ayudar a la población en medio de la crisis inflaccionaria derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Cuando llegó el momento de decidir si se mantenía este programa o no en 2023, el Ejecutivo central añadió un condicionante: la subvención estatal del 30% solo se mantendría en aquellas regiones y municipios donde los gobiernos complementaran el 20% que antes era optativo.

En consecuencia, Ayuso empleó el último Consejo de Gobierno de 2022 para anunciar que Madrid se sumaría al proyecto, aportando la financiación de su 20% en enero de 2023. Y luego aumentó la apuesta: desde febrero de ese año, su contribución ha llegado hasta el 30%, por lo que el descuento en la región se ha disparado hasta el 60% (con la excepción del bono de 10 de viajes, donde el recorte se ha mantenido en el 50%). Una política cuyo impacto el Gobierno regional calculó en 30 millones mensuales. Ahora, Madrid espera recuperar el coste de haber pagado la parte estatal de la ayuda entre el jueves pasado y la aprobación del nuevo decreto.