Mujeres 24 horas en Delicias 133, siete plantas de prostitución: “Viejas ya tengo muchas y no me interesan”

—Buenos días.

—Te quería comentar una cosa, tenía una chica que quería trabajar, no sé si tiene plaza.

—Eh Joe, le escucho fatal, estoy en la calle, sí, pero cuantos años tiene, ¿joven?

—No más joven, tendrá 38 o por ahí.

—Que me mande fotos primero porque para viejas tengo muchas y ya no me interesan, porque hay de 38 que están buenas y de 38 que no valen para nada y solo para que me ocupen espacio no me interesa.

Esta es la transcripción de una de las conversaciones mantenidas por Fausto G., el cabecilla de una red que gestionaba varios pisos de prostitució...

—Buenos días.

—Te quería comentar una cosa, tenía una chica que quería trabajar, no sé si tiene plaza.

—Eh Joe, le escucho fatal, estoy en la calle, sí, pero cuantos años tiene, ¿joven?

—No más joven, tendrá 38 o por ahí.

—Que me mande fotos primero porque para viejas tengo muchas y ya no me interesan, porque hay de 38 que están buenas y de 38 que no valen para nada y solo para que me ocupen espacio no me interesa.

Esta es la transcripción de una de las conversaciones mantenidas por Fausto G., el cabecilla de una red que gestionaba varios pisos de prostitución en Madrid, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Uno de ellos, el tristemente célebre de Delicias 133. Mujeres 24 horas en sus siete plantas, a demanda. Uno de esos lugares en los que todo el mundo sabe lo que sucede y sorprende que no se le pueda poner fin.

Desde que el mercadeo de los cuerpos de las mujeres ha pasado de la calle a los pisos particulares, han aumentado las dificultades para perseguir la trata, la inmigración ilegal y los delitos relativos a la prostitución. El juicio, que ha culminado con la condena de Fausto y otros tres integrantes de la trama, es buena muestra de esta impunidad: la red operaba en todo un bloque en un barrio céntrico de Madrid y tuvo el atrevimiento de poner en el telefonillo “putas”.

Uno de los elementos fundamentales, y más difíciles de mantener hasta el final del proceso, son las declaraciones de las víctimas, las que relatan los horarios abusivos, la incomunicación con sus familiares, la falta de libertad para moverse solas por la ciudad y la cesión obligatoria de un gran porcentaje de lo que los pagan los puteros. En la vista oral que juzgó a los nueve acusados, seis hombres y tres mujeres, por pertenecer a este entramado de trata, una de las testigos protegidos apareció casi el último día, para sorpresa de todos. Estaba en su Colombia natal, donde huyó tras escapar de España. Aseguró no haber comparecido antes por miedo.

―¿Cómo se encuentra?―, comenzó la fiscal.

―Muy nerviosa―, contestó la mujer por videoconferencia.

Sabía que al otro lado de la pantalla la escuchaban nueve supuestos miembros de la red, de los 21 que fueron detenidos en un primer momento en la bautizada operación Desengaño. El presunto cabecilla, Fausto G., representado por el abogado José Camacho, y cerca de él su exnovia, que también dirigía una parte del negocio, según la acusación. También estaba acusada la actual pareja de Fausto, que le ayudaba en las tareas de dirección, según la fiscalía. El resto, indicó la investigación, lo estaba por “llevar la contabilidad, mantener la disciplina, avisar a los dirigentes de cualquier inconveniente y cumplir sus órdenes”.

La mujer relató durante dos horas el periplo desde que contactó con Laura, una conocida de su barrio que la invitó a venir a trabajar a España, hasta su huida del piso en el que fue obligada a prostituirse. Según explicó, le dijeron que iba a trabajar como camarera en un crucero en Italia y, al hacer escala en España, fue cuando le recogieron y la llevaron a un inmueble alquilado por la red. “Si eres juiciosa, todo irá bien”, afirma que le dijo el jefe del entramado. La testigo asegura que otro de los acusados era el que le proporcionaba condones y toallitas y otra mujer, la que la acompañaba a hacer giros de dinero a su país para que no estuviera nunca sola.

“Una de las veces que me puse rebelde, me pegaron una cachetada, cuando tenía temporadas de portarme bien me daban un día libre a la semana”, explicó. También detalló el tipo de prácticas que debía realizar, cómo se anotaban en un cuaderno que se guardaba en el salón y cómo la escondieron debajo de una cama cuando, un día de marzo de 2018, acudió la policía a hacer inspección al piso. La mayor parte del tiempo permaneció en una vivienda de la calle de Manuel Aleixandre, donde en el telefonillo ponía la palabra “putas”. Dependiendo de las necesidades, la trasladaban a Delicias 133.

En la sentencia, la magistrada da total credibilidad al relato: “No formuló denuncia en España; al contrario, trabajó hasta reunir dinero suficiente y se volvió a Colombia. No se aprecia, por tanto, un motivo de venganza. Y tampoco se le puede achacar el propósito de legalizar su situación administrativa, que no ha intentado en ningún momento”. El fallo judicial también considera acreditado que los jefes del entramado advirtieron a una de las chicas que, igual que la habían traído a España, la podían hacer “desaparecer”. “Tú haces algo mal y lo va a pagar tu familia. Aquí lo importante es el cliente”, le espetó otro de ellos.

Por último, la mujer colombiana también narró el día de su huida. “Un cliente se ofreció a ayudar a mi amiga paraguaya, que no paraba de llorar. Cuando no pudimos más, conseguimos avisarle de que habíamos decidido escapar, tiramos ropa por la ventana y, cuando vimos la puerta abierta, engañamos al controlador para salir. Yo encendí la ducha para que pensara que estaba en el baño, empujé a la chica y salimos corriendo y montamos en su coche. Después, estuvimos con él unos meses hasta que conseguí macharme de España”, explicó. “Mejor estar con él que estar con miles”, declaró.

Conseguir que las mujeres continúen con su denuncia hasta el final, hasta ser oídas por el tribunal que dictará sentencia, es uno de los escollos habituales en este tipo de procesos judiciales. “Es habitual que desistan en el camino”, señala un policía dedicado a la trata. Durante la investigación, ya fue difícil oír su testimonio, falló a varias citas con los policías “por miedo” y regresó a Colombia en mitad de la instrucción. En esta vista oral llegó a comparecer otra mujer además de ella, mientras que otra testigo protegida está en paradero desconocido.

La narración de la testigo inesperada es muy similar a la de otra mujer de Paraguay que también está protegida en el proceso. “Me dijeron que iba a cuidar niños, pero cuando llegué me obligaron a prostituirme, aunque me prometieron que sería solo tres meses. Yo siempre les preguntaba si me podían encontrar otro trabajo ya y siempre me respondían que faltaba poco”, explicó. También señaló que “cada chica anotaba su pase —su servicio— y dejaba el dinero en una caja”.

También contó las tarifas establecidas: 25 euros por 15 minutos, 50 por media hora, 80 por una. “Había dos dormitorios para atender a los clientes y dos sofás en el salón en los que nos turnábamos para dormir”, explicó. Cuando la policía entró en los pisos y los registró, varios elementos encontrados corroboraron sus relatos. El contrato falso en un crucero, la libreta con los servicios anotados y dinero escondido en una tetera y en un cartón de leche.

En el juicio, también declararon otras mujeres que, al igual que en una entrevista con EL PAÍS, aseguraron que ejercían la prostitución en esos pisos de forma libre, que ese era el pacto al que habían llegado con los acusados antes de salir de su país, la misma versión que ofrecieron los procesados.

“Cuando se hacen inspecciones estas mujeres, en la mayor parte de los casos, están bajo control intimidación y amenazas y nunca van a hablar o es muy complicado que lo hagan por las represalias. Este caso se inicia porque hay una mujer que fue lo suficientemente valiente como para huir y denunciarlo y gracias a ella, nosotros pudimos avanzar”, explicó el instructor policial de esta causa en la sala. En cada planta de la finca, decenas de mujeres debían desfilar, según el testimonio de las víctimas, ante cualquier hombre en cualquier condición, incluso cuando se encontraban enfermas o tenían la regla.

Fue un juicio agitado, en el que la magistrada ha declarado decenas de preguntas de los letrados de la defensa improcedentes, como cuando preguntaban sobre la vida personal de las testigos o redundaban en cuestiones ya tratadas.

—Estas mujeres vinieron por su cuenta, nadie las trasladó, ¿no?—, interrogó uno de los abogados.

—Nadie viene en brazos—, respondió una policía.

—Señor letrado, otra pregunta—, intervino la magistrada.

Uno de los testigos fue un bisnieto de Francisco Franco, cuya familia fue propietaria del bloque dedicado a la explotación sexual. Este declaró que su sociedad CM 16 alquiló desde 2012 el bloque a una empresa llamada Europeplan que, a su vez, reaquiló los pisos al supuesto cabecilla de la trama, Fausto G. En 2017, comenzaron los reportajes en medios y las quejas vecinales por la actividad que se practicaba en la finca y la familia propietaria decidió que tenía que deshacerse de ella. “Cuando vimos un reportaje de La Sexta, contratamos a un detective para corroborar que ese edificio estaba dedicado a la prostitución. En ese momento decidimos venderlo”, explicó en el juicio. El sumario deja claro que la policía no encontró relación entre los descendientes de Franco y la trama de explotación sexual.

En 2018, ya con un nuevo dueño, la policía detuvo a 20 personas, de las que nueve son las que han llegado a juicio y entre ellos Fausto. El hombre permaneció en prisión dos meses y dejó de pagar las facturas. Como consecuencia, las empresas de suministros cortaron la electricidad y el gas y los puteros dejaron de acudir al inmueble. Demasiada luz cuando lo que buscan es la oscuridad. Más aún cuando irrumpieron los matones de Desokupa para echar a las últimas inquilinas del inmueble, mujeres abandonadas a su suerte.

El fallo judicial condena a Fausto y Álex, considerados cabecillas del clan, a nueve años y 11 meses de prisión por inmigración ilegal, un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y a un delito relativo a la prostitución. A Vidalina, pareja de Fausto, 14 meses de cárcel como cómplice de un delito de inmigración ilegal y otro delito relativo a la prostitución y a otro de los acusados a 13 meses. La fiscalía pedía para los cabecillas 34 años de cárcel, pero el tribunal no considera probado el delito de trata en las cuatro mujeres que aparecían como víctimas en el proceso.

El edificio hoy parece clausurado, sin actividad, con todas sus persianas azules bajadas. Quedan otros por toda la ciudad, anuncios de “chicas independientes” en los parabrisas, contactos en webs con “mujeres calientes”.