La factura imprevista a favor de las empresas que dan servicios no asistenciales en hospitales públicos de Madrid: 100 millones con Ayuso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha gastado al menos 100 millones de euros desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder (agosto de 2019) en premiar que los privados que gestionan los servicios no asistenciales de siete hospitales públicos de la región amplíen oferta médica e instalaciones en esos centros. Según la oposición, ese sistema de pagos en constante revisión que recoge el acuerdo de gestión mixta que une a las dos partes penaliza a la sanidad pública pura, que no tiene esa capacidad de...

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha gastado al menos 100 millones de euros desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder (agosto de 2019) en premiar que los privados que gestionan los servicios no asistenciales de siete hospitales públicos de la región amplíen oferta médica e instalaciones en esos centros. Según la oposición, ese sistema de pagos en constante revisión que recoge el acuerdo de gestión mixta que une a las dos partes penaliza a la sanidad pública pura, que no tiene esa capacidad de decisión y financiación, e imposibilita saber cuánto dinero público costará una de las patas del modelo elegido por la presidenta Esperanza Aguirre (2003-2012) para ampliar la red hospitalaria. Así, la baronesa apostó por el modelo PFI (iniciativa de financiación privada, por sus siglas en inglés): una empresa corre con los gastos de construir el hospital; gestiona únicamente los servicios no sanitarios; y Madrid paga por usar el edificio 30 años, tras lo cual lo recupera (en 2035). En medio, los concesionarios pueden reclamar a la Administración si consideran que el equilibrio económico del negocio se ha perdido. El último ejemplo se produjo en el consejo de Gobierno con el que Díaz Ayuso dio por comenzado el verano (24 de julio): el hospital del Sureste (Arganda del Rey) y el Infanta Leonor (Vallecas) se repartieron 30 millones.

A Aguirre no le gustaban los arquitectos. “Habría que matarlos (...) sus crímenes perduran más allá de su propia vida”, llegó a decir. Cuando descubrió que en el hospital de Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid), estaba contemplado que las habitaciones fueran dobles, no lo aprobó: las estancias debían ser individuales. Y así se hizo: se retiraron 135 camas. Cuando la siguiente presidenta regional, Cristina Cifuentes, supo que se había seguido pagando por ellas, ordenó dejar de hacerlo y recuperar parte del dinero. Es el mejor recordatorio de que los reequilibrios también pueden ser a favor de la Administración, que pagaría menos al detectar un servicio por debajo de lo pactado. Sin embargo, la justicia dictaminó que el proceso abierto para lograrlo se había dilatado artificialmente, y falló a favor de la concesionaria: Madrid acabó pagándole 29.705.262,20 por unas camas que no existen, como adelantó EL PAÍS, y debe seguir haciéndolo hasta 2035, cuando vence la concesión.

Lo ocurrido en el Puerta de Hierro muestra que lo frecuente es que la fortuna sonría a los concesionarios. Como consecuencia, es una quimera pretender saber cuánto van a costar sus servicios en total. De hecho, ese litigio por las camas aumenta la factura de los reequilibrios de las concesiones de estos siete hospitales públicos hasta los 129 millones, aunque el balance vinculado estrictamente a la mejora o ampliación del servicio se queda en 97,6. El modelo, con el pago anual de un canon de dinero público de decenas de millones, debe ser económicamente interesante para los gestores privados. Al menos eso se deduce de los cambios de propiedad que se han producido al frente de estos hospitales en la última década: las constructoras de las infraestructuras han dejado paso incluso a fondos de inversión, como DIF, en el Infanta Leonor. Este fondo holandés también tenía participaciones en el Puerta de Hierro de Majadahonda, pero se las vendió en 2019 al canadiense Brookfield Asset Managment.

“Es muy difícil hacer cálculos reales de nada en este asunto, tanto de los hospitales de gestión mixta como de modelo PFI, porque continuamente recurren a estas maniobras”, opina Marta Carmona, diputada de Más Madrid. “Y en la elaboración de presupuestos de cada año son particularmente oscurantistas”, subraya. “La valoración del modelo es básicamente que no han conseguido demostrar que sea más eficiente o que esos modelos de gestión generen mejores resultados en salud o en la organización del hospital... y sí que son un coladero de reequilibrios y reajustes opaquísimos, y garantía de precarización de los servicios externalizados”, argumenta.

Esto dice Carlos Moreno, diputado del PSOE. “Efectivamente, es muy difícil de adivinar cuál es el coste real de los hospitales PFI con tanto reequilibrio financiero, como también es difícil cuantificar el coste de los hospitales de gestión plenamente privada a los que se les abona una cantidad por acto médico que les invita a abrir agendas por las tardes de forma ilimitada y absorber muchos pacientes por la vía de la “libre elección”, procedentes de áreas con hospitales públicos parados por las tardes por su infrafinanciación”, argumenta. “[En todo caso] es una cantidad muy superior a la reconocida inicialmente en los presupuestos y por supuesto un coste muy superior para las arcas de la Comunidad, al que supondría conservar una gestión directa de los centros”, apunta.

Así, los acuerdos gubernamentales adoptados en julio para pagar 2.937.667,90 euros al Hospital del Sureste, y 26.697.750,31 euros al Infanta Leonor, entre 2024 y 2035, no dan detalles de las razones que justifican esa lluvia de dinero. Tampoco las explica la consejería de Sanidad a preguntas de este diario. La documentación pública disponible apenas aclara que los pagos se deben, en ambos casos, a “las actuaciones realizadas en el periodo 2017-2021″.

En otros casos sí se han dado explicaciones. A finales de 2022, el ejecutivo de Díaz Ayuso aprobó pagarles 24,2 millones de euros a los centros de Parla, San Sebastián de los Reyes y Coslada (inaugurados en 2008) por haber mejorado sus instalaciones entre 2016 y 2021. Tenían más salas, quirófanos, camas... lo que la Administración premió con dinero público, facilitando a su vez la captación de pacientes de los hospitales públicos puros, cuyos gestores no tienen la capacidad presupuestaria ni de iniciativa de gestión para competir en igualdad de condiciones.

Los 33 millones que recibió el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes en 2023 también fueron por “la ejecución de diversas obras de adecuación y ampliación del hospital”.

En 2022, el Puerta de Hierro de Majadahonda recibió 9,4 millones de euros “por la creación de una nueva unidad de endoscopia digestiva”.

A esas partidas se añaden otras por sentencias judiciales favorables a las concesionarias, que reclamaban, por ejemplo, una compensación por los mayores costes de servicios asistenciales (caso de Arganda del Rey).

Como dijo en su día el actual secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla: “Su financiación [la de los hospitales PFI] crece y se actualiza las veces que haga falta. Dan ganas de decirle a la consejería que financie igual a los públicos”.

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