Madrid pierde de golpe en el registro un 10% de sus empresas, porque no eran activas

Madrid, la locomotora de España, acaba de sufrir una debacle económica, pero por fortuna no la hemos sentido ni la vamos a sentir. Se trata de una catástrofe que solo se va a reflejar sobre el papel, en el directorio oficial de empresas, que durante años ha publicado unos datos algo más abultados de lo debido, al incluir a entidades sin actividad económica alguna. De repente, tras un cambio metodológico impuesto por Eurostat, se ha caído de un plumazo el maquillaje que embellecía la realidad del tejido empresarial madrileño, del q...

Madrid, la locomotora de España, acaba de sufrir una debacle económica, pero por fortuna no la hemos sentido ni la vamos a sentir. Se trata de una catástrofe que solo se va a reflejar sobre el papel, en el directorio oficial de empresas, que durante años ha publicado unos datos algo más abultados de lo debido, al incluir a entidades sin actividad económica alguna. De repente, tras un cambio metodológico impuesto por Eurostat, se ha caído de un plumazo el maquillaje que embellecía la realidad del tejido empresarial madrileño, del que suele presumir la presidenta Isabel Díaz Ayuso: de 558.607 empresas contabilizadas en 2022, la región de la capital ha pasado a tener 503.018, esto es, más de 55.000 menos, una caída del 10%.

Madrid es la región más afectada por el fin de esta ficción contable. Debido a la entrada en vigor del Reglamento europeo 2019/2152, que busca que las estadísticas europeas sean más fiables, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dejado de contar a “las empresas económicamente inactivas (aquellas que no tienen facturación, empleo, inversiones o producción en el año de referencia)”. La reforma afecta al DIRCE, el Directorio Central de Empresas, una base de datos que elabora el INE con información de distintas fuentes, entre ellas Hacienda y la Seguridad Social.

Después de la reforma, España ha pasado de 3.430.663 empresas a 3.207.580. Es decir, la caída ha sido de 223.000 compañías, un descenso del 6,5%. Además de Madrid, otra comunidad muy afectada es Navarra, donde también ha menguado un 10% la cifra de empresas, aunque en números redondos el impacto es mucho menos apreciable debido al tamaño menor de esa región (de 45.738 a 41.152). En las dos comunidades autónomas más pobladas, Andalucía y Cataluña, el retroceso ha sido del 4,5% y 6,7%.

Esta purga de empresas fantasma es llamativa porque los gobernantes presumen a menudo de las cifras de creación de empresas como una señal de buena salud económica. Ese dato es precisamente uno de los que suele abanderar la presidenta Ayuso. Cuando los políticos se congratulan de esos números, pocas veces se mira con detalle cuántas de esas nuevas empresas son realmente productivas y cuántas se crean exclusivamente por otro motivo, como pagar menos impuestos, sin aportar nada al resto de la sociedad. A pesar de esto, la economía de Madrid, y la de España, avanzan a buen ritmo. El mes pasado, un informe del BBVA estimó que Madrid creció en 2023 un 3,3% (0,8 puntos más que España). Según el estudio, la región podría ser la comunidad con mayor crecimiento del PIB respecto a los niveles previos a la crisis sanitaria de 2020.

¿Pero cuáles son las empresas que estaban engordando injustificadamente el registro? Un portavoz del INE explica que se dan varios casos, sin entrar en detalle de cuáles son: “No tenemos un estudio sobre qué porcentaje representa cada supuesto”.

Los expertos fiscales consultados precisan que un caso posible son las sociedades latentes que los despachos de asesoría fiscal tienen en un cajón a disposición de los clientes que quieran poner en marcha un negocio a velocidad exprés. Esto se explica porque se tarda aproximadamente un mes en tener listos los trámites de una nueva sociedad y se dan situaciones en las que a un empresario le urge acortar el plazo. El abogado tributario Constantino Vidal, cofundador del despacho madrileño Zadal, pone un ejemplo: “Se puede dar quizás el caso de unos inversores extranjeros que quieren participar en la ronda de inversión de una startup española antes de que cierre el plazo en cuestión de días. En ese caso, compran en la gestoría una sociedad española ya constituida pero inactiva y logran invertir a tiempo”.

Otro posible supuesto de empresas purgadas es el de compañías que echan el cierre pero su dueño no hace los trámites para su extinción, lo que conlleva el pago de varios cientos de euros al notario y al Registro Mercantil. Antes de la reforma estadística, estas empresas zombies eran purgadas al cabo de tres años. Al detectar que no presentan impuesto de sociedades ni sus cuentas anuales, Hacienda se comunica con el Registro Mercantil para que cierre la hoja de esa empresa. Antes, esas empresas inactivas engordaban el DIRCE hasta que se producía esa comunicación que las sentenciaba de muerte. Ahora, deberían ser consideradas inactivas por el DIRCE desde el primer año, explica José María Mollinedo, portavoz del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha.

Mollinedo agrega otro caso de empresas inactivas que deben ser descontadas y que suelen ser empleadas por las grandes fortunas españolas por motivos fiscales: las sociedades de mera tenencia de inmuebles. Este experto no se refiere a los inmuebles que se ponen a nombre de una sociedad para luego alquilarlos (un caso habitual), porque en esos casos sí hay ingresos y por tanto se trata de una empresa correctamente incluida en el DIRCE al ser económicamente activa. El supuesto en cuestión, continúa, es el de segundas residencias como un coto de caza o una villa de recreo. En estos casos, si su dueño la tuviera a su nombre, acabarian tributando en el IRPF por el 2% de su valor catastral. Al tratarse de una propiedad suntuosa su impacto fiscal sería considerable. Sin embargo, al asignar esas fincas a una sociedad, no pagan nada.

“La mayor parte de las villas en la Costa del Sol son propiedad de sociedades”, dice Mollinedo. “Esas sociedades no necesariamente están registradas en Andalucía, sino que su dueño puede haber elegido como sede social la comunidad donde tiene su residencia habitual, que en muchos casos será Madrid”. Esto podría explicar que la purga de empresas inactivas haya afectado tanto a Madrid, la comunidad que concentra el 43% de las personas con ingresos anuales superiores a los 601.000 euros. Se trata de 6.573 declarantes de un total de 15.186 en España, exceptuando País Vasco y Navarra.

“Nos gustan los titulares”

Tras esta revisión del Dirce, Cataluña se distancia de Madrid como la comunidad líder en tejido empresarial. Cataluña es la primera comunidad autónoma por número de empresas y por número de pymes, con un 18,4% del total, seguida de Andalucía, con un 16,2%, y Madrid, con un 15,7%. Sin embargo, Madrid sí es la primera región en cuanto al número de grandes empresas (31,4%).

El fin de esta ficción estadística solo cambia ligeramente los datos generales, pero nos permite ver cómo muchas veces se celebran los datos económicos sin el debido rigor. “Entiendo que nos gustan los titulares”, dice Vicente Salas, investigador del think tank madrileño Funcas, “pero todos los datos económicos hay que manejarlos con mucho cuidado”.

Ramón Xifré, economista de la universidad barcelonesa Pompeu Fabra, advierte de que la creación de empresas es un termómetro de la economía algo impreciso. “Cuando ves los sectores de esas empresas son siempre los mismos, hostelería, turismo... Quizás está sobrevalorado ese dato como medida de innovación de la economía. No olvidemos que la creación de empresa era también muy alta antes de la burbuja. Ese dato por sí solo no nos ayuda en nada”.

¿Tiene más información? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

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