De 20 a 700 vecinos en el grupo de WhatsApp: siete años de movilización por el Bernabéu

Cuando hace siete años llegaron al barrio los primeros rumores sobre un nuevo Bernabéu, los vecinos de Chamartín arquearon la ceja. Las obras, cuatro años de grúas, camiones, tuneladoras, obreros, ruidos y polvo, podían ser digeribles. La reforma del estadio, sin embargo, incluía dos aparcamientos y un túnel. ¿Pero si hay plazas suficientes? ¿Pero si ese túnel no hace falta?

Tres años después, esos vecinos se echar...

Cuando hace siete años llegaron al barrio los primeros rumores sobre un nuevo Bernabéu, los vecinos de Chamartín arquearon la ceja. Las obras, cuatro años de grúas, camiones, tuneladoras, obreros, ruidos y polvo, podían ser digeribles. La reforma del estadio, sin embargo, incluía dos aparcamientos y un túnel. ¿Pero si hay plazas suficientes? ¿Pero si ese túnel no hace falta?

Tres años después, esos vecinos se echaron por primera vez a la calle. Unos 20. La mayoría jubiladas y algún comerciante poco acostumbrado a llevar la contraria a la autoridad, entre los que asomaba algún visón. La única pancarta que llevaban era una hoja de papel tan tierna como ellos, que decía: “Túnel NO”. Luego llegaron los conciertos, el ruido y un grupo de WhatsApp con 100 miembros que pasó a 300, 500, 700... hasta dejarse oír ante un problema que empezó por un túnel y termina con Taylor Swift.

El viernes pasado, un juzgado de Madrid les dio la razón y lo ha hecho además incluyendo un importante tirón de orejas a la forma de operar del Ayuntamiento de Madrid por no permitir alegaciones vecinales, aportar datos distorsionados sobre el flujo de vehículos o mutilar expedientes oficiales que le llevaban la contraria al alcalde José Luis Martínez-Almeida y su mano derecha, Borja Carabante, el todopoderoso teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad. La sentencia condena además al Ayuntamiento a pagar las costas y le ha dado 15 días para recurrir.

En el plan aprobado por Manuela Carmena en 2017 y retomado por Almeida con algunas modificaciones, los vecinos calcularon que las 8.000 plazas de aparcamiento existentes en las inmediaciones del Bernabéu eran suficientes y que los dos aparcamientos de 1.200 plazas que quería el Real Madrid eran incompatibles con el Plan urbanístico vigente, añadía más tráfico a la zona y solo beneficiaba al club blanco, encargado de su explotación. Gracias a modificaciones posteriores, cuando los vecinos se dieron cuenta, los dos aparcamientos ya no eran de 1.200 plazas, sino de 1.800.

En paralelo se desarrollaba la lucha contra el túnel como parte de la remodelación del paseo de la Habana, y que incluía un subterráneo que conectaba con el Bernabéu. Lo que para Almeida servía para mejorar el tráfico a los vecinos, para quienes habitan esas calles era una trampa para construir un macroacceso al estadio que permitiera la entrada de los gigantescos camiones que requieren los conciertos más punteros del mundo. Por ejemplo, los 63 tráileres que mueve el espectáculo de Taylor Swift.

La sentencia del viernes confirmó que los vecinos tenían razón y se paraliza la construcción de los aparcamientos, pero también que no es suficiente con echarse a la calle. Además, hay que tener mucho dinero para pagar abogados y encargar informes de viabilidad o medioambientales que lleven la contraria a los datos del Ayuntamiento. En otros casos, tener los contactos suficientes para conseguir en las cavernas del Ayuntamiento aquellos documentos que se ocultan deliberadamente.

El rechazo de los mejores bufetes

La lucha no ha sido fácil. Los cuatro mejores bufetes de abogados de Madrid, despachos con nombre de apellidos compuestos, rechazaron el caso de los vecinos quejosos del Bernabéu en su lucha contra Florentino Pérez y el Ayuntamiento de Madrid, según reconoce Enrique Martínez de Azagra, portavoz de la Asociación de Vecinos Perjudicados por el Bernabéu, que llamó a la puerta de todos esos despachos. Peleaban no solo contra uno de los hombres más poderos de España, sino contra una Administración que ha hecho del nuevo Bernabéu su seña de identidad. La punta de lanza de la Marca Madrid. Tampoco fue fácil movilizar a un barrio madridista por los cuatro costados, acostumbrado a celebrar con su estadio cada victoria blanca.

Sin embargo, el juzgado de Madrid incluyó en su sentencia frases muy parecidas a las que se escuchan en las reuniones de vecinos. Como la que dice expresamente: “El Ayuntamiento no ha llegado a acreditar que la ejecución de dos aparcamientos, uno de los cuales proyecta una conexión directa con el parking del Bernabéu, satisfaga una finalidad de interés público y general acorde con el planeamiento urbanístico y el plan especial”. O esa otra que dice que el Ayuntamiento atenta contra el medioambiente: “Suprimiendo arbolado y zonas verdes, saturando de tráfico la zona y aumentando la contaminación atmosférica y acústica que provocaría el aumento de vehículos superados por los eventos del Real Madrid, que saldría beneficiada de la obra”.

En esta batalla uno de los momentos más delicados fue el día de mayo de 2023, cuando eldiario.es reveló la existencia de un informe del Ayuntamiento donde los propios técnicos desechaban el proyecto. No es que fuera muy crítico con sus jefes, pero incluía dos términos, “en contradicción” e “incompatibilidad”, que fueron un jarro de agua fría a los planes del Ayuntamiento. Cuando los vecinos solicitaron el expediente, el documento había desaparecido. En su sentencia, el juzgado añade que, tanto el estudio de viabilidad del Real Madrid como el de viabilidad económico-financiera elaborado por el Ayuntamiento “sufrieron una alteración significativa tras el trámite de audiencia pública siendo el propio Ayuntamiento quien introdujo importantes modificaciones, las cuales no fueron sometidas a información pública”.

Varios años y una importante victoria judicial después, los 20 vecinos que aquel día lluvioso se echaron a la calle, alguna sin quitarse el visón, fueron la semilla de un movimiento más serio que ahora paga una cuota para contratar abogados y se han vinculado a asociaciones de vecinos de Malasaña o del WiZink. Forman parte de una red nacional que lucha en España y en Bruselas por una legislación más estricta contra los ruidos y contra los alcaldes que no preguntan a sus vecinos qué ciudad quieren.

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