La justicia castiga a Madrid por ser mal pagador y deberá pagar 24 millones a los hospitales públicos de gestión privada

Los retrasos de la Comunidad de Madrid en pagar a los concesionarios de los hospitales públicos de gestión privada obligaron en febrero al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aprobar el gasto de 24 millones de euros repartidos entre tres centros distintos para cumplir con otras tantas sentencias judiciales. Ese castigo retrata la merma que supone para las arcas públicas tardar hasta una década en resolver los pagos a estos centros, que acumulan una inmensa deuda oculta que hunde sus raíces en ejercicios tan pretéritos como el de 2014. Así, la Cámara de Cuentas reveló en 2019 que la Comunidad de Ma...

Los retrasos de la Comunidad de Madrid en pagar a los concesionarios de los hospitales públicos de gestión privada obligaron en febrero al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aprobar el gasto de 24 millones de euros repartidos entre tres centros distintos para cumplir con otras tantas sentencias judiciales. Ese castigo retrata la merma que supone para las arcas públicas tardar hasta una década en resolver los pagos a estos centros, que acumulan una inmensa deuda oculta que hunde sus raíces en ejercicios tan pretéritos como el de 2014. Así, la Cámara de Cuentas reveló en 2019 que la Comunidad de Madrid debía en 2018 722,3 millones de euros a cinco hospitales de gestión privada —los cuatro de Quirónsalud y el de Torrejón, del Grupo Ribera Salud— y al militar Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa. Y en 2021, el gigante sanitario Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España, publicó que se le debían un total de 1.248,7 millones de euros. Desde entonces, Madrid ha saldado más de 1.500 millones en liquidaciones de antiguos ejercicios y deudas a estos hospitales.

“Las liquidaciones se encuentran supeditadas a unas auditorias, que son condición necesaria para el posterior pago, y son miles de procesos técnicos complejos donde se fijan y revisan uno a uno criterios y valores que retrasan las propias liquidaciones”, justifica un portavoz gubernamental sobre estos pagos, sin que pudiera precisar, en el momento de publicación de este artículo, cuántos conflictos judiciales del mismo tipo están aún pendientes de resolución, ni la cuantía a la que afectan. Y añade: “Desde 2021 hay un sistema de información para agilizar estas liquidaciones”.

En Madrid hay seis hospitales públicos en los que la asistencia médica no está gestionada directamente por la Comunidad de Madrid, y siete en los que empresas privadas construyeron los centros a cambio de explotar sus instalaciones. En solo seis meses de 2022 recibieron al menos 1.390 millones por pagos atrasados. En 2023, la cifra dedicada a liquidaciones ascendió a al menos 144 millones. Una tendencia que se ha mantenido en 2024, para empezar con los tres pagos por 24 millones decididos este miércoles, para un total de al menos 168 millones en los últimos catorce meses, y de al menos 1.500 en los últimos 20.

¿A qué se debe que se estén pagando en 2024 partidas de 2014? ¿Qué explica que eso no se hiciera antes, evitando penalizaciones por retrasos que aumentan la factura?

“Se impuso el sentido común de la jefa [por Ayuso]”, explicó un interlocutor que conoce las interioridades del Gobierno sobre el plan para evitar que la factura crezca y crezca al sumar los intereses de demora que castigan los retrasos en los pagos. “La idea es quitarse eso de encima, porque luego vienen las sentencias en contra, que incluyen intereses de demora, y es mucho más lo que toca pagar”, añade.

En esta ocasión, los tres hospitales beneficiados pertenecen al grupo QuironSalud, que opera cuatro hospitales públicos de gestión privada en la región (Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; y Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión).

Decisión cautelar

Primero, el consejo de gobierno aprobó pagar 9.282.645,54 euros al hospital de Villalba por los intereses compensatorios devengados por el retraso en la aprobación de las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2016 a 2019. Luego llegó el acuerdo para pagar 4.719.179,49 euros al Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro por el retraso en la aprobación de las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015 y por retrasos en la actualización de la cápita de los ejercicios 2017 a 2020. Y finalmente se saldó una deuda de 10.183.894,97 euros, también en ejecución de una sentencia, en favor de este mismo centro, y por los intereses compensatorios devengados por el retraso en la aprobación de las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2016 a 2019. En varios de esos casos, la decisión fue cautelar.

Pero el problema de los retrasos en los pagos de acuerdos o indemnizaciones no es nuevo. Ni exclusivo del área de Sanidad. Aunque sí es opaco. Este diario preguntó en 2021 por las cantidades gastadas por retrasos en la ejecución de sentencias.

“Las bases de datos de la Abogacía General no permiten obtener esta información mediante un tratamiento informatizado de uso corriente, por lo que sería preciso buscar y sistematizar una información puntual dentro de un gran volumen de asuntos judiciales”, contestó la Abogacía Autonómica tras una petición de información cursada al amparo de la ley de transparencia. El silencio oficial no impide que haya ejemplos públicos de todos los colores.

Mayo de 2017. Un informe jurídico llega hasta los despachos del Gobierno de Cristina Cifuentes. Alerta de que la Comunidad sigue sin pagar lo dispuesto en una sentencia firme de hace meses. Y subraya que la penalización mensual por ese retraso es muy gravosa.

“Los 94 millones de euros correspondientes a la (carretera) M-45 aún no se han abonado”, se lee en un documento oficial sobre las deudas contabilizadas en el ejercicio de 2016. “Nótese que el importe del interés es del 10,05% anual y, por tanto, urge tramitar dicho pago”, subraya. “A fecha de 30 de abril de 2017, los intereses se han incrementado en otros 2,2 millones de euros”.

15 de octubre de 2020. Sol Sánchez, por aquel entonces diputada de IU integrada en el grupo de Podemos en la Asamblea, toma la palabra en el pleno del Parlamento regional.

“Se pregunta cuál es la explicación para que una sentencia firme del 24 de febrero, que condena a la Comunidad al abono de 47.425.000 euros más 8,31% de intereses anuales, no fuera comunicada a la consejería afectada hasta el 24 de junio″, dice. “Los cuatro meses que ha estado, o bien perdida por los pasillos, o durmiendo en algún cajón de la Consejería de Hacienda, tienen como resultado 1,3 millones más de intereses”.

De esta manera, solo hay una cosa segura sobre la factura del sistema sanitario público de gestión privada en su conjunto: siempre sube.

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