Madrid cambia el protocolo de conflictos internos del Sermas en plena crisis de la UCI pediátrica de La Paz

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, se vive desde hace meses un conflicto sin precedentes. En los últimos tres días, todos los médicos del servicio han renunciado a su puesto o solicitado la baja a raíz de la reincorporación del jefe del equipo, ...

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, se vive desde hace meses un conflicto sin precedentes. En los últimos tres días, todos los médicos del servicio han renunciado a su puesto o solicitado la baja a raíz de la reincorporación del jefe del equipo, acusado de acoso laboral por más de la mitad de la plantilla y cesado por segunda vez el pasado diciembre. La primera fue en 2020, pero una sentencia donde se dictaminó que no hubo acoso laboral obligó a readmitirlo. Este cese se dio después de que el hospital abriera el protocolo de conflictos internos, una normativa de 2017 cuya modificación aprobó hace una semana la Comunidad de Madrid. Con los cambios, que se negociaron con las organizaciones sindicales hace más de un año, las gerencias de las instituciones sanitarias ganan más peso en la toma de decisiones ante casos como el de La Paz.

“La positiva evolución del protocolo no obsta la necesidad de llevar a cabo algunas modificaciones para adecuar este instrumento a la realidad actual”, recoge el texto publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid. El objetivo, sigue el documento, es “establecer un procedimiento común de actuación ante situaciones que pudieran constituir cualquiera de las modalidades de acoso”.

Los principales cambios, aunque menores, se dan en el apartado cuatro ―hay ocho en total―, donde se detallan qué pasos seguir para iniciar una intervención y qué hacer una vez iniciada. Resumido, el proceso es el siguiente: alguien pide que se abra el protocolo (la persona afectada, otro empleado, prevención de riesgos laborales, el director del centro o el jefe de la unidad, estos dos últimos de oficio si son conocedores de un conflicto interno); se analizan y recaban las primeras informaciones; se elabora un escrito con esas indagaciones para valorar qué hacer después, si iniciar una investigación o no seguir. Con la normativa de 2017, quien tomaba la decisión de continuar con un caso o desestimarlo eran o la Dirección General de Recursos Humanos o la Dirección de Gestión. Ahora, ambos órganos deberán elevar una propuesta de acción a la gerencia de cada centro sanitario y serán los gerentes los que decidan qué hacer.

Si el proceso sigue adelante, la gerencia avisará a todas las partes implicadas en el presunto caso de acoso y designará un instructor del procedimiento, que será el encargado de recabar toda la información necesaria (entrevistas, documentos, grabaciones...). En el plazo de un mes, este instructor imparcial deberá emitir un informe, con el que la gerencia tomará una decisión, también en el plazo de un mes. Esto último incluye novedades respecto a 2017, porque hasta ahora la resolución del caso dependía de recursos humanos, no de la gerencia, y tampoco había un plazo máximo para tomarla. Además, ahora los gerentes deben informar cada tres meses al Comité de Seguridad y Salud de cuántos protocolos han admitido y resuelto, cuáles han sido las causas de los no admitidos a trámites y qué medidas se han adoptado en los que sí.

Pelayo Pedrero, delegado de prevención de riesgos laborales de Amyts, explica por teléfono que estos cambios “estaban preparados desde hace casi dos años”, y el motivo principal era devolver a la gerencia responsabilidades que le correspondían. El protocolo por conflictos internos en el caso de La paz se abrió en 2020 y las modificaciones aprobadas ahora no afectan al proceso ―que cerró entonces con el primer cese del jefe de servicio―, pero sí a futuros conflictos que pudieran darse en este u ostros centros sanitarios.

Manuel Barroso, secretario salud laboral de Comisiones Obreras (CC OO), dice que llevan años reclamando un cambio en el protocolo, porque el vigente “no era efectivo” y “no se resolvían las cuestiones de manera general” y no había participación “real” de la gerencia y del servicio de prevención de riesgos laborales de cada centro sanitario. “Ahora sí se solicita un informe de la situación previa de los riesgos psicosociales, aquellas condiciones del trabajo que pueden afectar de alguna manera [a los empleados], como presión asistencial o las relaciones entre compañeros”, explica por teléfono. Considera que los cambios acordados son “positivos”, como que la resolución final se emita en el plazo de un mes. “Este tipo de actuaciones solían dilatarse muchísimo y luego no se concretaban. No tenía sentido”, señala.

Apoyo total a los médicos de la UCI

Todos los jefes de servicio y responsables de otras unidades de La Paz ―31 en total― han firmado un comunicado conjunto donde piden que “se adopten con urgencia las medidas oportunas que procedan para resolver la situación extrema” de la UCI pediátrica del hospital. “Solicitamos que se informe tanto a la Comunidad como a las autoridades e instancias judiciales responsables, de las indeseables consecuencias de resoluciones que, más allá de su rectitud formal (que no cuestionamos, pero que tampoco entendemos), están teniendo efectos secundarios que son incompatibles con las exigencias de un bien social tan superior como lo es la salud de los pacientes atendidos”, recoge el texto, en referencia al regreso del jefe de servicio de la UCI pediátrica.

En el comunicado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, también enumeran qué ha ocurrido en la unidad de intensivos desde el martes, cuando todos los médicos del equipo abandonaron el servicio: traslado de pacientes a otras áreas, incluidos aquellos con trasplantes; sobrecarga en las unidades de destino; suspensión de actividades quirúrgicas y aumento de la lista de espera; o la derivación a otros hospitales de pacientes signados a La Paz y el perjuicio a la formación de los residentes, entre otros.

La Consejería de Sanidad confirmó el miércoles que los niños que quedaban en la unidad han tenido que ser trasladados a otras áreas del hospital por la falta de personal, pero que “se garantiza la atención de los pacientes las 24 horas del día”. “Se trata de un asunto que está judicializado por un conflicto laboral. La Comunidad de Madrid está llevando a cabo todas las acciones legales a su alcance para solucionar este conflicto. Este hospital público dispone de una UCI con muchas áreas (adulto, neonatos…), que en ningún momento se ha cerrado”, señala un portavoz.

El de los jefes de servicio no es el único escrito en apoyo a los médicos de la UCI. Los residentes de pediatría de tercer y cuarto año del hospital también firmaron el miércoles un comunicado para mostrar su “disconformidad, preocupación y desacuerdo” con la situación, y la Junta de Personal del Hospital La Paz presentó un escrito dos días después para reclamar una solución inmediata al cierre de la UCI Pediátrica. “Apoyamos al servicio de cuidados intensivos pediátricos [...] Desde el pasado 16 de febrero la UCI pediátrica está cerrada, dejando a la Comunidad de Madrid con 20 camas menos de cuidados intensivos pediátricos. Esta situación es intolerable e insostenible tanto para los trabajadores como los pacientes y solicitamos una solución inmediata”, dice el texto de la Junta de personal.

Y desde hace tres días, la entrada al hospital de La Paz se ha convertido en punto de encuentro de médicos, enfermeros, técnicos, celadores y residentes de distintas áreas del centro, que han organizado concentraciones para mostrar su apoyo a los profesionales de la UCI. La última fue este viernes a las 12.00, con pancartas donde se leían consignas como: “Salvemos la UCI pediátrica” o “por el cuidado de nuestros niños”.

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