Se desploman desde la pandemia las multas a las residencias de la Comunidad de Madrid cedidas a empresas

Un pequeño grupo de 18 residencias de mayores propiedad de la Comunidad de Madrid pero cedidas a empresas privadas son a menudo noticia por conflictos relacionados con su atención como la mala alimentación, la falta de cuidadoras o los impagos a los trabajadores. Sin embargo, las multas que reciben por las inspecciones autonómicas han caído precipitadamente desde la pandemia de coronavirus: la suma de las cuantías fue de 412.065 euros en 2019 por 16 infracciones, una cifra casi 10 veces mayor a los 42.626 euros de ...

Un pequeño grupo de 18 residencias de mayores propiedad de la Comunidad de Madrid pero cedidas a empresas privadas son a menudo noticia por conflictos relacionados con su atención como la mala alimentación, la falta de cuidadoras o los impagos a los trabajadores. Sin embargo, las multas que reciben por las inspecciones autonómicas han caído precipitadamente desde la pandemia de coronavirus: la suma de las cuantías fue de 412.065 euros en 2019 por 16 infracciones, una cifra casi 10 veces mayor a los 42.626 euros de 2021, cuando solo se impusieron tres infracciones. Los datos oficiales, que llegan hasta septiembre de 2023, muestran que en ningún caso las multas han llegado a la mitad del importe prepandemia.

Estos castigos contrastan con la conflictividad asociada a estos centros, lo que ha llevado al PSOE-M a denunciar una posible complicidad con esas compañías “para no arruinarles el negocio”. El grupo en cuestión lo forman las residencias propiedad del Gobierno regional que son cedidas a empresas privadas a cambio de un pago anual de dinero público que voces del sector han criticado como demasiado bajo. Desde la pandemia, la Comunidad ha tenido problemas para encontrar compañías interesadas en gestionar estos centros.

“La Comunidad de Madrid ha entregado estos 18 centros públicos al peor postor. Pero, además, lo hace sin el mínimo control para garantizar una vida digna a sus miles de residentes”, dice Lorena Morales, portavoz de Asuntos Sociales del grupo socialista en la Asamblea madrileña. “En 2021, mientras la presidenta Isabel Díaz Ayuso reclamaba y abría la hostelería, apenas ejerció el control de lo que ocurría en sus centros residenciales para personas mayores”.

La Consejería de Asuntos Sociales, capitaneada por Ana Dávila, responde que la Comunidad de Madrid es la autonomía número dos en cuanto a capacidad inspectora, según un estudio que hizo este periódico en 2021 y que ha sido recogido en una publicación independiente financiada por el Ministerio de Asuntos Sociales. El dato se refiere al número de inspecciones que recibe al año cada centro, dos en el caso de Madrid, solo por detrás de Gipuzkoa, 2,1.

De hecho, lo llamativo es que durante la pandemia la Comunidad ha incrementado la vigilancia del sector, compuesto por unas 500 residencias de mayores. El número de inspectores ha pasado de 21 en 2019 a 27 en 2021. Además, ha crecido la cifra de multas. Si tenemos solo en cuenta las sanciones (que es uno de los dos tipos de multas que puede imponer la Comunidad) en 2019 suponían 231.220 euros por 28 infracciones, mientras que en 2022 ascendieron a 1.082.084 euros por 153 infracciones.

Ese contraste chirría, según Morales, que dice que esa “mayor laxitud con las residencias de gestión indirecta da que pensar”.

Precios “insuficientes”

La Comunidad de Madrid ha estado pagando cuantías anuales que rondan los 4 millones de euros a las empresas que gestionan sus 18 residencias públicas. Fuentes empresariales del sector le dicen a este periódico que esos precios son insuficientes para gestionar con una calidad suficiente centros con más de 150 plazas. Las familias denuncian que la consecuencia de un precio tan bajo es que las entidades gestoras tratan de ahorrar a toda costa, especialmente en personal porque supone el capítulo más costoso en el balance de estas empresas.

Tanto PSOE como Más Madrid llevan años reclamando a la Comunidad de Madrid que estas residencias públicas vuelvan al control de la administración, una medida rechazada por el Gobierno autonómico, que en su lugar ha anunciado este año una notable mejora de las condiciones económicas en los contratos de cesión. Por ejemplo, la Comunidad destinaba a la residencia Fundación Reina Sofía Alzhéimer 4,8 millones hasta este año y según ha anunciado el Gobierno de Ayuso, la inversión anual en la nueva licitación es de siete millones.

En este grupo se encuentran residencias que no ha querido gestionar nadie en el sector. Por ejemplo, Peñuelas, en el distrito de Arganzuela, donde en diciembre quedó desierto un nuevo contrato y la empresa gestora, Aralia, fue forzada por la Comunidad a seguir encargada del día a día del centro. Desde entonces, tres mayores han muerto en circunstancias sospechosas. Otro caso es el de la Fundación Reina Sofía Alzhéimer, en Vallecas, donde la asociación del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz, quiso romper el contrato el año pasado. En otras dos residencias, Ensanche de Vallecas y Parque de los Frailes (Leganés), ha habido conflicto con los trabajadores por falta de pagos de los salarios. Y la de Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes, fue noticia cuando un mayor de 82 años denunció en el pleno de ese municipio las “condiciones lamentables” en las que vivían.

Las otras 13 residencias de este tipo son Getafe Alzhéimer, Isabel La Católica, Las Vegas, Madrid-Sur, Mirasierra, Orcasur, Parque Coimbra, Plata y Castañar, Usera, Villa del Prado, Villaverde Alzhéimer, Nuestra Casa y El Berrueco.

Los datos de multas, obtenidos por Morales por medio de solicitudes parlamentarias, comprenden los dos tipos de inspecciones a las que están sometidas las residencias de mayores: las sanciones por incumplir la ley (que afectan a residencias de cualquier tipo) y las penalidades por violar los contratos particulares con la Comunidad (que afectan a estas 18 residencias y a las que tengan plazas concertadas).

La inspección es uno de los aspectos más frustrantes para las asociaciones que defienden los derechos de los mayores en Madrid. Llevan años cuestionando esta tarea autonómica y, a pesar del aumento global de las multas, advierten de que hay muchas más irregularidades de las que se sancionan.

Miguel Vázquez, presidente de la asociación Pladigmare, critica que cuando denuncian a la Consejería de Asuntos Sociales alguna irregularidad, la empresa es avisada con antelación de que va a recibir la visita de un inspector. “Hay una complicidad absoluta”, dice Vázquez. Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, dice que a simple vista cabrían dos posibles explicaciones a la caída de multas en las residencias de gestión indirecta: “Una posibilidad es que hayan mejorado y otra es que hay menos inspecciones porque son más benévolas, pero sabiendo lo que sabemos estoy segura de que es lo segundo”.

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