Qué pasa con los protocolos contra el ‘bullying’ en la Comunidad de Madrid: “Es luchar contra un muro de hormigón”

Victoria (nombre ficticio) insistía en que le había salido un bulto en el vientre. Eran los primeros días de diciembre de 2022 y la niña, entonces de 13 años, no paraba de repetirlo. También decía que su cuerpo era feo y que le daba asco. Cada vez comía menos. “Tapamos los espejos del baño con toallas, porque se miraba y salía llorando”, recuerda su padre. A las pocas semanas, empezó con que no quería ir a clase, que le dolía la tripa o la cabeza. Después llegaron las noches sin dormir, las autolesiones y los pensamientos suicidas. Meses sin que sus padres supieran qué pasaba y en los que ella...

Victoria (nombre ficticio) insistía en que le había salido un bulto en el vientre. Eran los primeros días de diciembre de 2022 y la niña, entonces de 13 años, no paraba de repetirlo. También decía que su cuerpo era feo y que le daba asco. Cada vez comía menos. “Tapamos los espejos del baño con toallas, porque se miraba y salía llorando”, recuerda su padre. A las pocas semanas, empezó con que no quería ir a clase, que le dolía la tripa o la cabeza. Después llegaron las noches sin dormir, las autolesiones y los pensamientos suicidas. Meses sin que sus padres supieran qué pasaba y en los que ella no contaba nada. Ya en abril, tras varias visitas al hospital, ingresó en un centro de salud mental, donde se quedó un mes. Entró con síntomas de depresión y ansiedad y principio de anorexia nerviosa. Poco a poco, logró ponerle voz a algo que llevaba sufriendo en silencio desde octubre: dos alumnos de su curso le habían agredido sexualmente en los baños del instituto, el Cardenal Herrera Oria de Madrid, y otros cuantos llevaban desde primaria haciéndole bullying.

La familia pensó que al contar lo que pasaba, el instituto identificaría a los agresores ―la niña sabe quienes son―, les sancionaría y protegería a su hija. El padre se reunió varias veces con la dirección con ese fin. “Tienen que hacer algo”, les rogó en uno de los encuentros. Se activó el protocolo contra el acoso escolar, que sigue abierto, pero el centro alega no encontrar evidencias de bullying. María José Fernández, presidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar (Amacae), indica que esta es la “tónica habitual” en muchos colegios e institutos de la región, públicos, concertados y privados. “Es luchar contra un muro de hormigón que no puedes derribar”, critica. Y es la misma situación en la que se encuentran decenas de chavales, como Irene y Cristina (ambos nombres ficticios para proteger su identidad), de 13 y 17 años respectivamente, y con cuyas familias también ha hablado este periódico.

“Pasan del tema”

Lo primero que contó Victoria, todavía estando ingresada, fue el acoso escolar. “Al principio solo consiguió decir la palabra, nada más. Si intentaba explicarlo se ponía nerviosa y temblaba. Ya tomaba antidepresivos y ansiolíticos”, cuenta por teléfono el padre, que pide no ser identificado para preservar su intimidad y la de su hija. Con el paso de los días, se enteraron de la magnitud del problema: desde sexto de primaria ―iba al colegio adyacente al instituto―, otros niños y niñas le insultaban, le tiraban palos y pelotas, le robaban los libros, le rompían el material o le empujaban y golpeaban (ella decía en casa que los moratones eran lesiones deportivas). “Gritaban que era una tarada, una tonta, una enferma mental, que no servía para nada y que era fea. El tutor me contó que pasaban cosas en clase y que castigaba a los niños, pero no nos decía qué cosas. Mi hija llegó a estar tan mal que todo lo que era una agresión lo veía normal. Cuando entraba en clase, le decían: ‘Ya llegó la muerta”, relata el padre.

La familia supo de estos detalles en abril ―Victoria estaba ingresada y llevaba sin poder ir a clase, desde principios de enero―, y nada más conocerlos, el padre se presentó en el instituto y pidió que abrieran el protocolo de acoso escolar. Lo abrieron, y el 11 de mayo, apenas cuatro semanas más tarde y, según consta en el acta del instituto, a la que ha tenido acceso este periódico, el centro consideró que “no había indicios suficientes [de acoso] por el momento o no eran concluyentes”. Queda poco más de un semana para que se acabe el año académico. “Desde el principio no han hecho nada. Pasan del tema o lo minimizan. El protocolo en teoría sí, sigue abierto, pero el director me dijo que no puede hacer nada más, que ha pasado a instancias mayores”, explica el progenitor.

Entonces, a mediados de mayo, Victoria habló por primera vez de la agresión sexual con una amiga, por WhatsApp. El pasado 13 de octubre, a la hora del recreo, la niña estaba en uno de los baños del centro, cuando dos compañeros de clase entraron. Uno le dio la vuelta y le agarró del brazo, para inmovilizarla, mientras el otro le levantaba el jersey y el sujetador, y le bajaba los leggings y la ropa interior. Ambos le manosearon los senos y los genitales, mientras se reían. Al terminar, le tiraron al suelo y se fueron riendo. Días después, bajo la amenaza de volver a agredirle, los chavales le coaccionaron para que les enviara fotos desnuda. Victoria, asustada, lo hizo. La familia interpuso una denuncia y alertó, de nuevo, al centro.

“Año horroroso”

“Las quejas son las mismas en todas las familias: que el colegio no hace nada. Y la Administración les deja totalmente indefensos”, critica por teléfono Fernández. Es una crítica recurrente: los protocolos no funcionan. Cuando se activa este protocolo ―aprobado en noviembre de 2016 bajo la presidencia de Cristina Cifuentes (PP)―, dos docentes “imparciales” y que no hayan dado clase al alumno o alumnos acosados, tienen que reunirse con los implicados, profesores y familias para redactar un informe. Para Teresa Jusdado, responsable de educación de UGT Madrid, hay tres problemas en la comunidad: escasez de personal, masificación de las aulas y falta de tiempo. “Todo ello impide prestar una atención individualizada, como se requiere en estos casos. Lo ideal sería practicar la prevención y detectarlo lo antes posible, pero muchas veces docentes y familia se enteran cuando el acoso ha crecido como una bola”, señala.

“Mientras los colegios sean juez y parte en el proceso de activación y cierre [del protocolo], pueden mentir. No ven indicios de acoso, dan carpetazo y la Consejería se lo consiente, porque le interesa que estadísticamente bajen los datos de acoso”, denuncia Fernández. Y añade que este curso está siendo el “más horroroso” en cuanto al bullying “hasta la fecha”: han recibido un 30% más de casos que el año pasado. “Con la asociación se han puesto en contacto más de 400 personas y, de ellas, un centenar presencialmente. Es una vergüenza. La inspección no se preocupa de ver si el protocolo se ha hecho bien o no”, lamenta. Jusdado coincide en que el acoso va a más: “Los docentes ven y cuentan que la violencia en las aulas ha incrementado considerablemente, sobre todo después de la pandemia”. Un 30,5% de los alumnos entre 14 y 18 años asegura haber sufrido bullying durante la etapa educativa, según un estudio de la Comunidad de Madrid sobre la población joven en la región, publicado la semana pasada. Además, un 27,6% admite haber experimentado tendencias sucicidas en el último año.

Cada año, la Consejería de Educación publica un informe con las cifras de acoso escolar en la región, siempre acompañado de una nota. En varias de las notas, el titular es similar a este de 2022: “La Comunidad de Madrid registra una caída de más de un 50% de las denuncias de acoso escolar en los colegios e institutos”. La información no es correcta porque no compara el porcentaje respecto al año previo, sino al primer curso en que se aplicó el protocolo, el de 2015-2016. Entonces se registraron 179 casos de bullying y no se ha vuelto a alcanzar esa cifra, por lo que si los números se comparan con ella, siempre sale a la baja. Sin embargo, desde el curso 2019-2020, los episodios de acoso han ido a más. Según los datos de la propia consejería, el número de denuncias creció un 67% en el curso 2021-2022: de los 679 protocolos abiertos en 2020-2021 a los 1.013. También aumentaron los casos aceptados por inspección educativa: de 78 a 151. Las cifras, además, reflejan que la mayoría de denuncias se desestiman.

Más centros

El caso de Victoria no es algo aislado. Irene cursa 1º de ESO en el instituto Domenico Scarlatti, en Aranjuez, y desde el pasado diciembre varias niñas de su clase le pegan, roban materiales y dinero, amenazan, le tiran zumos y batidos encima e insultan por redes sociales, cuenta su madre. En mayo, por miedo a que le pasara algo más grave, dejó de ir a clase, salvo para los exámenes, y el día 15 de ese mes el centro abrió el protocolo contra el acoso. Durante el curso 2021-2022, en el 69% de los casos de acoso aceptados el protocolo se activó por denuncia de los padres, frente al 23% que fue de oficio a instancia del centro, según datos de la consejería. “El director hace caso omiso. ‘¿Y si la vuelven a pegar?’, le pregunté, pero se quedó callado”, recuerda la mujer.

De la ansiedad y el pánico, a la niña se le escamaron la cara, las manos y los pies, y sufre mareos. El protocolo lleva casi un mes abierto, pero las docentes encargadas le han comunicado a la madre que no les habían informado de qué debían hacer. La presidenta de Amacae señala que “la dejadez de muchos colegios o institutos es extrema”. “Los directores a veces no saben ni de qué protocolo hablan los padres. Este año, por ejemplo, todavía no han ido a dar las charlas de prevención recomendadas al Cardenal Herrera Oria. Las familias ven que si no lo cuentan en los medios no se hace nada”, añade.

Cristina, que cursa 4º de ESO en el IES El Olivo, en Parla, sufre bullying desde los 13 años. Insultos contra su físico, pintadas en la pizarra, burlas constantes en redes sociales y hasta han llegado a cortarle el pelo en clase. “La llamaban gorda, hija de puta, monstruo. Le tiraban botellas, tapones, papeles. [En el centro] se pasan la bola mutuamente, el inspector dice que el director tiene que sancionar, el director dice que es el inspector”, cuenta la madre. Como con Victoria e Irene, el protocolo se abrió y el resultado fue idéntico: “No hay indicios de acoso”.

El hermetismo en el instituto Cardenal Herrera Oria es total. En el centro nadie quiere ofrecer su versión y remiten a la Consejería de Educación. “No se ponen, eh. No se van a poner, no se van a poner. Es algo que se está investigando”, dice una secretaria por teléfono. Fuentes de la Fiscalía de Menores señalan que nada puede hacer el ministerio público, porque al tener menos de 14 años, los presuntos agresores son “inimputables”. Y la Consejería indica que “no puede ofrecer detalles”.

El Defensor del Pueblo abrió el pasado viernes una actuación de oficio para conocer “qué medidas de protección se están aplicando” a Victoria. La niña no ha vuelto al centro y su padre espera poder cambiarla a otro instituto para el curso que viene. También lo esperan las madres de Irene y Cristina. Las familias de las tres menores no se conocen, pero todas repiten lo mismo: con suerte, sus hijas el año que viene se irán a otro sitio, pero el acoso no habrá desparecido de sus centros.

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