“Ahí vienen los tullidos”: Madrid oferta plazas en los hospitales no adaptadas a enfermeras y auxiliares con discapacidad

Laura Orgaz no puede levantar más de 10 kilos de peso o trabajar por la noche. Lo dicen varios informes médicos, donde también pone que tiene un 33% de discapacidad, fibromialgia, fatiga y una hernia discal. Con esos documentos bajo el brazo, firmados por varios médicos, llegó al hospital Gregorio Marañón el pasado 4 de mayo. No iba como paciente, sino como auxiliar de enfermería. Con 43 años, después de siete como interina en otro hospital público de la región, ese era su primer día de trabajo con plaza fija. Pero a las dos semanas, tuvo que pedir la baja. Al llegar al servicio ―por la nota d...

Laura Orgaz no puede levantar más de 10 kilos de peso o trabajar por la noche. Lo dicen varios informes médicos, donde también pone que tiene un 33% de discapacidad, fibromialgia, fatiga y una hernia discal. Con esos documentos bajo el brazo, firmados por varios médicos, llegó al hospital Gregorio Marañón el pasado 4 de mayo. No iba como paciente, sino como auxiliar de enfermería. Con 43 años, después de siete como interina en otro hospital público de la región, ese era su primer día de trabajo con plaza fija. Pero a las dos semanas, tuvo que pedir la baja. Al llegar al servicio ―por la nota de la oposición solo pudo elegir la UCI― sus superiores le dijeron que el puesto no estaba adaptado a sus limitaciones y que tendría que seguir el ritmo de los compañeros sin discapacidad. O eso o dejar la plaza por la que tanto había peleado. “No podía más. Lo he intentado, he aguantado, pero cada día llegaba a casa como si me hubieran dado una paliza”, recuerda.

Como ella, decenas de auxiliares y enfermeras que aprobaron la oposición en 2019 y a quienes se les asignó plaza el pasado 3 de mayo. En concreto, la Consejería de Sanidad sacó 4.387 puestos de auxiliar y 5.266 de enfermería, de los que 307 y 369, respectivamente, eran para personas con discapacidad (un 7% de las plazas en las ofertas de empleo público deben reservarse para ello). Según el artículo 25 de la ley de prevención de riesgos laborales, el empleador debe adaptar los puestos, “con las medidas preventivas y de protección necesarias”, de las personas “que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial”.

Adaptar significa que, si un trabajador presenta un informe médico que contraindica coger peso, no pueden asignarle un puesto que requiera hacerlo. En ese caso, deberán reubicarle a un servicio compatible con sus limitaciones o mantenerle en el mismo servicio, pero eliminar de sus quehaceres las actividades incompatibles con la minusvalía. Así lo indica también el Real Decreto 2271/2004, que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad: “[...] Los empleados públicos con discapacidad podrán pedir la adaptación del puesto o de los puestos de trabajo correspondientes”.

“Han tenido cinco años [la convocatoria se anunció en 2018] para organizar las plazas de discapacidad. Nos hicieron un reconocimiento médico días antes, pero no sé para qué, porque no nos han adaptado nada. La gente cada vez está peor. Parece que te están haciendo un favor al contratarte, ni te escuchan, ni te ayudan, ni nada”, critica Orgaz.

Desesperada, se ha puesto en contacto con el sindicato MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad) para alertar de la situación. En el último mes, más de una treintena de auxiliares y enfermeras de diversos hospitales ―Gregorio Marañón, Puerta de Hierro, Princesa o Santa Cristina, entre otros― han acudido a MATS y a Comisiones Obreras (CC OO) en busca de ayuda. Y algunos trabajadores, incluso, han iniciado los trámites para denunciarlo a inspección de trabajo. Orgaz tiene “pánico” de volver al hospital y enfrentarse de nuevo a tareas que minan su salud física y mental: “En la UCI hay veces que la celadora no está [para ayudar a levantar o mover a los pacientes] y los superiores te dicen: ‘Venga, tira’. Y por no negarme y quejarme todo el rato, pues lo hago”.

Inma Mármol, miembro MATS, cuenta por teléfono que el origen del problema es el proceso de selección de plaza. “En vez de ofertar ese 7% obligatorio por cada hospital, en listas separadas, metieron a todos [con o sin discapacidad] en una lista general. A la hora de elegir, a la mayoría de los trabajadores con patologías les tocó el furgón de cola [donde quedan las plazas con peores horarios y condiciones]. Han entrado todos de golpe en los mismos hospitales y a puestos no adaptados a sus limitaciones”. Este periódico ha hablado con 12 de esas personas. Muchas, al incorporarse a su recién estrenado puesto de trabajo, pensaron que eran un caso aislado, pero pronto empezaron a organizarse por grupos de WhatsApp ―en algunos hay más de 100 personas― y vieron que las mismas escenas se repetían en distintos servicios y centros de la región.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad incide en que la adaptación de los puestos de trabajo “no es un proceso automático”, porque requiere “una valoración médica y una evaluación del puesto, que necesariamente debe hacerse de forma individualizada y que supone un proceso por la propia variabilidad biológica y de tareas”. Cada hospital valora la situación de los trabajadores y, en función de la patología que presenten y el grado de discapacidad, “se determina el tipo de adaptación necesario y se emiten los informes correspondientes”, añade. Este periódico se ha puesto en contacto con varios hospitales donde trabajan los auxiliares y enfermeras consultados, pero ninguno ha respondido, a excepción del Gregorio Marañón, que remite a la consejería al tratarse de “un proceso centralizado”.

Lucía Armenteros, de 49 años, también escogió plaza de auxiliar en el Gregorio Marañón. Antes trabajaba en un hospital en Murcia, de donde es ella, y se preparó la oposición estando enferma. En 2007 le diagnosticaron cáncer de mama y ha pasado por 17 operaciones, incluida la mastectomía de ambos pechos, y siete recaídas. “El trabajo no me asusta, sé hacerlo, pero con limitaciones”. Entre ellas, no hacer turnos de noche, porque su cuerpo “se descompensa” y eso le provoca vómitos, fiebre y mareos. “En prevención de riesgos laborales me dijeron que tenía que hacer las noches, que no pasaba nada. Les dije que si me ocurría algo, lo denunciaría. ‘No te pongas así', me contestaron”, recuerda. Tampoco puede levantar peso, por riesgo de desgarro en los músculos del pecho. Pero la única plaza que pudo escoger es en medicina interna y ahí, día sí, día también, ha tenido que mover, muchas veces sin ayuda, a los pacientes. “Hay arnés’, te dicen. Ya, pero solo hay uno”, se queja.

“Si no estás a gusto, renuncias a la plaza”

Después están en las humillaciones. Armenteros y el resto de afectados cuentan que en más de una ocasión han oído estas frases, por parte de compañeros o empleados del área de prevención de riesgos laborales: “Ya vienen los de la tara”, “ahí vienen los tullidos” o “si no estás a gusto, renuncias a la plaza o te coges la baja” o “aquí se viene a trabajar y el que no pueda a la puta calle”. En este y otros hospitales, si se quejan, la respuesta es parecida: que son muchos, que se han incorporado “muy viejos” y que los puestos se irán adaptando. Pero ese proceso puede alargarse meses y, si el trabajador pide la baja, se paraliza.

Antonio Pavón, granadino de 38 años y con discapacidad del 70% por una enfermedad digestiva, se siente impotente. También trabaja en medicina interna, o al menos lo hacía, hasta el 20 de mayo, cuando, agotado, pidió la baja. “La supervisora de enfermería me pide un comportamiento ejemplar, como amenaza velada, y me duele. Estoy triste. Veo que sé trabajar, pero me tienen que poner en un sitio acorde a mis capacidades. Si tardo 10 minutos más en hacer algo, pues tardo, pero termino haciéndolo”, cuenta.

Esa impotencia y rabia la comparten también María José Moreno y Cristina Márquez, de 53 y 57 años, y enfermeras en la unidad de neurología del hospital de La Princesa. La primera, de Toledo, padece fibromialgia y no puede estar largos periodos de tiempo de pie o cargar peso. “Han juntado a muchas personas con discapacidad en un hospital muy pequeño. Tengo el cuerpo totalmente dolorido y he tenido que aumentar la dosis de analgésicos”, dice. Lo que más le preocupa es “ser una carga” para los compañeros: “No lo he sido nunca, ni cuando era enfermera rural, ni durante la covid-19. Ahora me siento así y es un espanto”. La angustia es tal, que baraja la opción de renunciar a la plaza por la que tanto ha luchado.

“Hemos entrado casi 80 personas con discapacidad en un hospital que no llega a las 600 camas. Pregunté si estaban preparados para hacerse cargo de nosotros, me dijeron que ninguno de los puestos estaba adaptado y que teníamos que trabajar al 100%”, relata su compañera Márquez, que tiene una discapacidad del 38%. En 2016 le operaron de una fístula arteriovenosa ―una conexión irregular entre una arteria y una vena― en el brazo derecho, ella es diestra, y desde entonces no puede hacer fuerza, flexionarlo o levantar más de tres kilos de peso. También está en diálisis, porque solo tiene un riñón, y una operación le impide permanecer muchas horas de pie.

Las tareas que le han asignado a Márquez están contraindicadas por su enfermedad. “No debería empujar nada, pero llevo todos los días un carro de más de cuatro kilos. Tendría que sentarme cada rato, pero no es posible, porque si estoy sola en la planta, no puedo parar. Una señora, al intentar levantarla, me agarró del brazo malo y casi se me desgarra”, enumera la enfermera. Desde el 15 de mayo, el día de San Isidro, está de baja, porque pasó tanto tiempo sin sentarse, que se le inflamó el pie y tuvo que acudir a urgencias, en silla de ruedas y con vómitos por el dolor. Tiene previsto interponer una demanda a inspección de trabajo: “Si obligas al cuerpo a hacer lo que no puede, se resiente por todas partes”.

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