La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado procesar a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y a siete ediles de su equipo de gobierno, formado por PSOE y Podemos, por el caso ITV, en el que se investiga si la decisión de condonar una deuda a una empresa dedicada a las revisiones de vehículos supuso un perjuicio a las arcas municipales. En mayo de 2022, el juzgado de instrucción número 1 de la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid (207.000 habitantes) ...

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado procesar a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y a siete ediles de su equipo de gobierno, formado por PSOE y Podemos, por el caso ITV, en el que se investiga si la decisión de condonar una deuda a una empresa dedicada a las revisiones de vehículos supuso un perjuicio a las arcas municipales. En mayo de 2022, el juzgado de instrucción número 1 de la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid (207.000 habitantes) consideró que no había pruebas de que se hubiera cometido ningún delito, apuntó que de hecho la operación había beneficiado a la ciudad y sobreseyó la investigación. Ahora, sin embargo, la Audiencia Provincial decide revocar esa decisión, según un auto al que accedió EL PAÍS, y ordena procesar a los ocho miembros del gobierno municipal implicados en condonar o fraccionar el pago de una supuesta deuda acumulada que llegó a sumar con el paso de los años 2.455.725,39 euros.

“La Audiencia no prejuzga la resolución tomada por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Móstoles”, opina Marisa Ruiz, concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano. “El auto lo que ordena es la continuación del procedimiento por la vía ordinaria, a efectos de que las partes puedan exponer en detalle sus argumentos, y que finalmente recaiga una decisión judicial sobre si puede haber unos posibles indicios de prevaricación, dando ya por cerrado la acusación de malversación”, añade. “A día de hoy la presunción de inocencia de toda la junta de gobierno sigue vigente, y nuestra confianza en la justicia es absolutamente plena ante esta querella política”.

Una interpretación del auto que no comparte la oposición municipal al gobierno de Posse.

“Siempre nos pareció que este era un caso indiscutible, porque la ley no es interpretable, y en este asunto es explícita: los créditos públicos no son de disposición en fase de preconcurso de una empresa”, explica Gabriel Ortega, portavoz de Más Madrid Móstoles (la marca local de Más Madrid), que recurrió el archivo provisional del caso, decisión que apoyó la Fiscalía. “Intentamos resolver esto políticamente antes de acudir a los tribunales, y cuando se nos cerraron todas las puertas, y se nos dejó claro que se iba a hacer sí o sí, optamos por poder seguir mirándonos al espejo el resto de nuestras vidas, porque fuimos a las instituciones para luchar contra la corrupción”, añade el edil. “Hubo una intencionalidad clara de llevar esto a cabo”, remata Ortega, que arrancó la legislatura en el gobierno municipal y lo abandonó a los cuatro meses por los numerosos escándalos que han rodeado a la regidora desde que obtuvo el bastón de mando, en 2019.

Así las primeras polémicas de Posse como alcaldesa se remontan a 2019, cuando contrató a su hermana por 52.000 euros anuales para llevar las redes sociales del Ayuntamiento. Luego nombró a Jesús Miguel Espelosín, hijo de un exconcejal socialista de Madrid, gerente de la Empresa Municipal del Suelo. Además, ordenó el ascenso de su tío, funcionario municipal, al que se le otorgó un complemento de 1.600 euros al mes. También aprobó un incremento salarial de 800 euros para su expareja, Gonzalo Sánchez Oliva, colocado como supervisor del Grupo de Intervención Especial del Consistorio. Y fichó como coordinadora del Gabinete de Alcaldía a una amiga personal, Alicia Domínguez Villarino. Todos ellos dimitieron o fueron destituidos tras brotar el escándalo en los medios de comunicación.

En ese difícil contexto llegó la denuncia de Más Madrid por el caso ITV. Según el relato de hechos que recoge ese documento, la empresa fue adjudicataria el 6 de junio de 2011 de una parcela en el Parque Móstoles Tecnológico. Tenía que pagar un canon anual de 133.000 euros y se le otorgaba la cesión del terreno por un periodo de 30 años. Esa cuantía debía incrementarse cada año según el índice de precios al consumo (IPC), de forma que en 2020 llegaba ya a los 147.653,59 euros anuales, según la querella.

Un nuevo frente para el PSOE

Durante los dos primeros años, la ITV pagó sin problemas el canon, pero en 2013 solo ingresó, siempre según el escrito judicial, 713 euros. A fecha del 22 de julio de 2020, adeudaba al Ayuntamiento 1.129.570,78 euros. En noviembre de 2017, el servicio de Recaudación inició un procedimiento de cobro al llegar el pasivo a casi 550.000 euros.

La empresa pidió entonces la condonación de las cargas y costas, la reducción de 400.000 euros y el fraccionamiento en 12 meses. Pero el secretario municipal se negó a la petición en un informe, con el argumento de que se trataba de una empresa privada que había iniciado una actividad “a riesgo y ventura” y que no cabía un reequilibrio económico “al no tratarse de un servicio público”, como la recogida de basuras o la grúa municipal.

En julio de 2020, la concesionaria presentó una solicitud en la que pedía la reducción del canon a 60.000 euros anuales, la condonación del 50% de la deuda acumulada y el pago de la otra mitad a razón de 30.000 euros al año hasta el final de la concesión. Alegó que había solicitado el preconcurso de acreedores con carácter previo a la solicitud.

Los informes del secretario y del interventor municipal echaron por tierra la petición, al no haber presentado las cuentas anuales, ni haberlas depositado en el Registro Mercantil, además de no haber aportado un informe de cuentas. La Junta de Gobierno del 1 de septiembre aceptó el preconcurso, que justo nueve días después fue retirado por la concesionaria. En el mismo momento, pedía la aplicación de las nuevas condiciones con carácter inmediato. Sin embargo, este no se aprobó hasta el 20 de octubre, pero con carácter de urgencia. Al otorgarle ese cariz de inminencia, el Gobierno municipal pudo sortear los informes en contra del secretario y del interventor, según el escrito de denuncia. El interventor llevó el caso el 5 de noviembre de 2020 ante el Tribunal de Cuentas por posible lesión a los intereses del Ayuntamiento de Móstoles, tras lo cual fue destituido.

La decisión de la Audiencia abre un frente al PSOE regional a dos meses de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y no en un lugar cualquiera. A nivel poblacional, Móstoles es la ciudad más importante de las que gobiernan los socialistas en la región. Y precisamente por las polémicas que rodean a la alcaldesa, el PP de Díaz Ayuso ha puesto la diana en la ciudad, porque tiene esperanzas de recuperarla.

“Mi posición en la misma de siempre”, explica Juan Lobato, el secretario general de los socialistas de Madrid. “En el momento en que se abra juicio oral a cualquier miembro del PSOE se producirá la tramitación reglamentaria que procede [apertura de expediente disciplinario y suspensión cautelar de militancia], como exijo a otros partidos y dicen nuestros estatutos”, añade. Y subraya: “Voy a ser coherente: digo lo mismo hace un año, hace dos meses y ahora”.

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