Varapalo judicial a Almeida y al PP por actuar “con mala fe” y “temeridad” contra dos concejales de Carmena

El 21 de junio de 2017, el juzgado de instrucción número 21 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular contra dos concejales del Ayuntamiento de la capital, gobernado entonces por Manuela Carmena (Ahora Madrid). El PP, encabezado aquellos días por el líder de la oposición José Luis Martínez-Almeida, emprendió una campaña mediática y judicial contra dos ediles: ...

El 21 de junio de 2017, el juzgado de instrucción número 21 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular contra dos concejales del Ayuntamiento de la capital, gobernado entonces por Manuela Carmena (Ahora Madrid). El PP, encabezado aquellos días por el líder de la oposición José Luis Martínez-Almeida, emprendió una campaña mediática y judicial contra dos ediles: Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. Acababa de nacer el caso Open de Tenis de Madrid. Seis años después, con Almeida ya como alcalde de Madrid, la justicia ha absuelto a los dos concejales en una sentencia firme adelantada por eldiario.es este miércoles y a la que ha tenido acceso también EL PAÍS. Almeida llamó “delincuentes” a los dos ediles durante estos años.

Ahora, el tribunal no solo los exime de responsabilidad penal, sino que condena a la acusación, que ejercía el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, al pago también de las costas por actuar “con temeridad” y “mala fe”—según señala el auto― al mantener la acusación contra Mayer “sin ninguna concreción acusatoria” y sabiendo que, cuando se produjeron los hechos, ella se encontraba de baja por maternidad. Fue el propio Almeida el que firmó la querella por aquel entonces. La sentencia firme, fechada el 13 de enero de 2023, expone: “Se declara firme y ejecutoria la sentencia dictada en fecha 06/05/2022 en la presente causa por la que se absuelve a Ana Varela, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer del delito que venía siendo acusado”, malversación de fondos públicos.

“Durante todo este tiempo han actuado como delincuentes”, cuenta por teléfono el exedil Sánchez Mato, que ahora trabaja como asesor de la ministra de Igualdad, Irene Montero. “Me hubiera encantado que hubieran llegado hasta el Tribunal Supremo, así serían más costas. Pese a que estemos absueltos, ellos han conseguido el objetivo, que era anularnos políticamente. Seguramente, en mi barrio de Aluche aún piensen que he estado condenado. Es un modo de oposición que les sale muy rentable. No quiero patrimonializar, pero iban a por mí. Les hice mucho daño en el Ayuntamiento. Pusimos comisiones de investigación de la M-30, de viviendas sociales. Me tenían manía. Íñigo Henríquez de Luna, que ahora está en la Asamblea como diputado de Vox pero antes de concejal del PP en el Ayuntamiento, me llegó a gritar en los pasillos de Cibeles: ‘Te vamos a arruinar la vida”.

Seis años de laberintos judiciales

Fueron el PP y la asociación Transparencia y Justicia, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo, quienes se querellaron en 2017 contra los tres por encargar “a dedo” y “sin publicidad” a dos despachos de abogados que investigaran posibles irregularidades en contratos del Open de Tenis durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. “No se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales”, señala la sección séptima de la Audiencia. En el juicio, la Fiscalía de Madrid tampoco vio indicios de delito y pidió la absolución.

La resolución explica el inicio del caso, cuando Varela, consejera delegada de Madrid Destino, comenzó a sospechar sobre la legalidad de los compromisos y obligaciones que esta empresa pública asumió en previos acuerdos suscritos para la organización y celebración del Mutua Madrid Open, unos convenios por los que el Consistorio debía afrontar importantes desembolsos económicos. Tras consultas a los expertos del Ayuntamiento y a la asesoría jurídica, solicitó diversos informes jurídicos externos, al igual que hizo Sánchez Mato, como presidente en funciones de Madrid Destino y después como Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento. Se encargaron informes a dos despachos de abogados, por valor de 50.000 euros, sobre los contratos suscritos entre la empresa pública y la mercantil Madrid Trophy Promotion. Lo hicieron sin el conocimiento de la entonces alcaldesa Carmena, que posteriormente lo consideró “un error”.

El pago con dinero municipal de esos informes fue objeto de la denuncia del Grupo Municipal Popular, pese a que, según la Sala, “era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora” Sobre todo, prosigue, tras emitirse tres informes por los servicios jurídicos externalizados, “que son bien elocuentes de las, cuando menos, discrepancias jurídicas y económicas llamativas derivadas de los convenios y acuerdos suscritos en años anteriores, y de la entidad de las consecuencias perjudiciales que pudieran tener para las arcas municipales tal y como se alertaba en dichos informes jurídicos”. Tras valorar los informes jurídicos cuestionados, los tres acusados interpusieron el 23 de marzo de 2017 una denuncia por prevaricación administrativa y malversación ante la Fiscalía, que acabó siendo archivada por un juez.

“Seis años después”, cuenta Sánchez Mato por teléfono, “nadie del PP se ha puesto en contacto” con él. El objetivo, a su juicio, ya estaba hecho: portadas, noticias y reprobaciones políticas en los plenos municipales. “Esto generó mucha tensión con el entorno de Manuela Carmena. Nosotros no estábamos en contra del Open de tenis. Estábamos en contra de pagar un pastizal por un máster de tenis que en Roma cuesta cero euros de dinero público”.

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