De las grietas en casa a los escapes de gas: el drama diario de los vecinos de San Fernando por culpa del metro

A media mañana de este miércoles, los bomberos y la policía ordenan desalojar dos portales completos de la calle Francisco Sabatini, en la ciudad madrileña de San Fernando de Henares (40.000 habitantes). Durante 20 minutos, los vecinos se arremolinan esperando instrucciones. Su casa ha sido invadida por el gas. Hay que aplicar un protocolo de seguridad que ya se ha convertido en rutinario. El problema se repite por sexta vez desde que, en otoño, comenzaron las obras para intentar reparar los desperfectos causado...

A media mañana de este miércoles, los bomberos y la policía ordenan desalojar dos portales completos de la calle Francisco Sabatini, en la ciudad madrileña de San Fernando de Henares (40.000 habitantes). Durante 20 minutos, los vecinos se arremolinan esperando instrucciones. Su casa ha sido invadida por el gas. Hay que aplicar un protocolo de seguridad que ya se ha convertido en rutinario. El problema se repite por sexta vez desde que, en otoño, comenzaron las obras para intentar reparar los desperfectos causados en el municipio por la línea 7B de metro, en 2007. Como en las ocasiones precedentes, los residentes vuelven casi inmediatamente a sus viviendas. Pero el incidente añade un capítulo más a la tragedia en la que se han convertido sus vidas desde que el suburbano llegó a San Fernando: ya se han demolido 27 viviendas, otras tantas están a un paso de seguir el mismo camino, hasta un total de 54, y más de 150 vecinos de más de 80 familias han tenido que abandonar sus hogares en algún momento desde 2021 como consecuencia de las grietas, roturas y desperfectos que han aparecido en sus edificios.

“Lo venimos repitiendo: vivir con estas obras pone en riesgo la vida de cientos de familias y la Comunidad de Madrid, encabezada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se niega a darles una alternativa digna”, denuncia la plataforma de afectados a través de un comunicado sobre los trabajos encargados por el Ejecutivo regional para intentar asentar 10.000 metros cuadrados de subsuelo con inyecciones de mortero. “Volvemos a exigir realojos voluntarios, consensuados y dignos para las familias que están pasando este calvario, este sinvivir que solo responde a la política negligente de la Comunidad de Madrid”, critica. “Del mismo modo, exigimos estas mismas condiciones para nuestros vecinos de la calle Nazario Calonge, que próximamente van a ser incorporados a la ya larga lista de calles con obras de consolidación porque, en efecto, también se hunde a un ritmo alarmante”, sigue. “La vida de cientos de personas está en riesgo y no podemos esperar”.

Así explica la situación un portavoz del Gobierno regional: “El desalojo ha sido por puro protocolo para verificar que no hay bolsas de gas. El gas ya está reparado. Y han estado fuera de sus casas 20 minutos”.

El caso se remonta a 2007, cuando el Gobierno de Esperanza Aguirre inauguró a toda prisa la línea 7B de Metro Madrid justo antes de las elecciones autonómicas. Entonces arrancó un fenómeno técnico (karstificacion) con graves efectos prácticos: los cambios en el subsuelo causados por las obras del suburbano provocaron que el agua entrara en contacto con la sal que entreveraba la tierra, disolviéndola y originando que los edificios que se asentaban sobre ella perdieran pie. Desde entonces, hay grietas que no paran de crecer. Casas que se mueven poco a poco. Puertas que no cierran. Ventanas que no abren. Demoliciones. Realojos. Enseres y sueños perdidos. El miedo a seguir el mismo destino de quienes aún mantienen casa.

“Entiendo que cualquier indemnización se quedará corta, porque el daño es tremendo”, dice Ayuso este miércoles, tras reunir a su Consejo de Gobierno en Alcalá de Henares, a donde la ha acompañado una sonora protesta en la que se han mezclado quejas por el problema de San Fernando, la situación de la Atención Primaria y la de una residencia de ancianos de la localidad. “Yo no quiero ni siquiera nombrar cómo se tiene que sentir una persona que ha visto cómo sus recuerdos y su vivienda han quedado directamente hechos trizas”, continúa. “Tienen a su disposición a la Comunidad de Madrid, que está haciéndolo todo, pero no puede pagar más del máximo legal establecido, no podemos prevaricar”, sigue. “Les pido a sus abogados que también piensen en las familias: cuanto antes cobren las indemnizaciones, antes recobrarán sus vidas con la normalidad necesaria”.

Así, el Gobierno regional ha ofrecido de 136.000 a 355.000 euros a los vecinos por sus viviendas (lo que supone valorar el metro cuadrado en 2.682 euros) y de 10.000 a 33.000 euros por sus garajes. Para aceptar esas indemnizaciones patrimoniales, los afectados han tenido 15 días desde que recibieron la notificación de la tasación de sus propiedades. La Comunidad no aclara cuántos han aceptado su propuesta hasta ahora y cuántos no, con el argumento de que el proceso sigue abierto. En paralelo, el Ejecutivo dice que invertirá más de 120 millones de euros en arreglar los problemas de la zona, que también afectan a edificios públicos e instalaciones municipales.

Pero el drama no cesa. Como una mancha de aceite, el problema del agua provocado por la llegada del metro se va extendiendo poco a poco por debajo de las calles del municipio. Las pasadas navidades, la Comunidad comunicó a 14 familias que quería derribar sus viviendas. El 4 de enero, con los Reyes Magos a las puertas, 50 personas abandonaron a la carrera el edificio en el que residen porque oyeron algo parecido a un estallido, se bloquearon las puertas y empezaron a aparecer nuevas grietas por todas partes. Y en las últimas semanas el problema llegó a una calle hasta ahora generalmente preservada, la de Nazario Calonge.

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