No hay casi voluntarios en Madrid para desempeñar el nuevo papel de coordinador de bienestar

El curso escolar ya ha dado el pistoletazo de salida con una nueva figura en las aulas: la de coordinador de bienestar. Y nadie, o casi nadie, se ha presentado voluntario en la Comunidad de Madrid para desempeñar un papel nuevo que deberá velar por los menores que arrastran problemas por sus circunstancias socioeconómicas, de abusos o de salud mental, hacer de enlace con los servicios sociales, con las fuerzas ...

El curso escolar ya ha dado el pistoletazo de salida con una nueva figura en las aulas: la de coordinador de bienestar. Y nadie, o casi nadie, se ha presentado voluntario en la Comunidad de Madrid para desempeñar un papel nuevo que deberá velar por los menores que arrastran problemas por sus circunstancias socioeconómicas, de abusos o de salud mental, hacer de enlace con los servicios sociales, con las fuerzas de seguridad, si es necesario, con los psicólogos, con las familias y con el propio estudiante. La Administración madrileña ha dejado el peso de esa nueva función en los hombros del profesorado, a elección de los directores de los centros. Y encontrar a uno dispuesto a hacerlo sin una compensación económica extra y sin una reducción del horario lectivo se ha convertido en misión casi imposible. “El 99,9% de los docentes no ha querido asumir ese papel de forma voluntaria”, asegura Esteban Álvarez, portavoz de la asociación de directores de Secundaria (Adimad). Al final, dice, la responsabilidad ha recaído en su mayoría en los orientadores -en los institutos- y en el Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) en los colegios que cuentan con esta figura (una minoría) y los maestros o algún miembro del equipo directivo de los centros de Primaria que se han visto en la obligación de dar un paso adelante. “Esto es una auténtica chapuza”, insiste Álvarez.

A María Pérez, de 28 años, se lo asignó directamente el director de un instituto de Alcorcón en el que es orientadora. Ella además imparte clases de valores y de psicología, por lo que tendrá que sacar el tiempo de donde no lo tiene o, lo que es lo mismo, del suyo propio. No va a ser una tarea fácil. Es la orientadora de unos 1.000 alumnos. El curso pasado tuvo que hacer seguimiento de 16 menores con protocolos de autolisis abiertos, de los que tres fueron intentos de suicidio. Y este año ha comenzado con casi todos esos casos sin cerrar. “Tenemos que evaluar y hasta octubre no lo sabremos”. Álvarez aporta otro: en torno al 30% de los 750 casos de alumnos que se autolesionaban en el curso pasado siguen teniendo el protocolo abierto.

“Se necesitan medios. Una persona no puede hacerse cargo de todo. Y eso que son cosas que a mí, como coordinadora, me gusta y sé hacer. Pero el tiempo es limitado y al final tendré que dejar a un lado mi labor pedagógica para atender a los alumnos vulnerables y en riesgo, los que tienen un cuadro de ansiedad, agorafobia, que hay muchos tras la pandemia... todos esos se convierten en una prioridad. Pero no debería ser así”, lamenta Pérez. Para mejorar la situación de los nuevos coordinadores, opina la orientadora, “debería haber en cada instituto un PTSC a media jornada y, por supuesto, debería haber un complemento económico, como lo hay para otro tipo de coordinadores”.

Esa es una de las polémicas que ha traído la nueva figura. Madrid es de las comunidades que no pagará un dinero extra a quien se haga cargo de esa nueva función, pese a que los docentes con una carga añadida como la tutoría, la de coordinar el programa Accede (de préstamo de libros) o la que han estado ejerciendo hasta el curso pasado como coordinador covid sí han recibido un complemento económico.

La Comunidad de Madrid mira entonces hacia el Gobierno de España y el Gobierno de España hacia las comunidades. “El Ministerio de Derechos Sociales determinó la obligación de contar con un coordinador de Bienestar Social en todos los centros educativos para este curso, pero a diferencia del coordinador covid, por ejemplo, desde el Gobierno de España no se ha hecho ninguna transferencia económica a las comunidades autónomas para sufragar los gastos de su implantación”, defiende un portavoz de la consejería de Educación. Y responden desde el Ministerio: “La ley fija el marco normativo que ahora tendrán que desarrollar las comunidades, que son quienes tienen transferidas las competencias en materia de educación”.

La Administración madrileña argumenta también que las funciones del coordinador de bienestar ya estaban asumidas desde hace años por diferentes profesionales de los centros educativos madrileños, “por lo que su implantación apenas conlleva novedades en el funcionamiento de los centros”.

Algo en lo que no están de acuerdo los propios implicados, es decir, los docentes, los equipos directivos, los coordinadores o los PTSC que se harán cargo de las nuevas funciones. Tampoco los sindicatos. “Es una nueva figura profesional con funciones claramente específicas que responden a una realidad de aumento de los problemas de convivencia, acoso, ciberacoso y al aumento exponencial de problemas de salud mental y malestar emocional”, explica Isabel Galvín, de CC OO.

De hecho, prueba de que es algo nuevo, explica la portavoz del sindicato, es que los coordinadores de bienestar tendrán que realizar antes del 9 de octubre un curso online de 30 horas “con contenidos que se adquieren con años de estudio en grados y posgrados para funciones absolutamente especializadas y tienen que realizar especialistas con tiempo específico para ello”.

“A mí personalmente no me afecta porque todo lo que se da en ese curso que son cuestiones muy técnicas y de legislación me lo sé”, reconoce Concha Moreno, una PTSC de 51 años con 23 años de experiencia a la que le ha tocado ser la coordinadora de bienestar de un centro de Ciempozuelos.

De hecho, el colectivo de los PTSC ya había reclamado, con el apoyo de directores y de todo el Consejo Escolar, que fueran ellos mismos quienes asumieran las nuevas tareas de la figura de coordinador de bienestar, precisamente porque sus funciones técnicas (llevadas a cabo por un colectivo formado por psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos...) son las más parecidas a las de la nueva figura. “El problema es que quedamos muy pocos PTSC en los colegios, somos muy pocos”, explica Moreno. De hecho, solo hay un PTSC (en muchos casos a media jornada) en los colegios denominados de difícil desempeño [los que se sitúan en zonas socioeconómicas complicadas] y en los institutos donde hay 50 alumnos de compensatoria [los que sufren un desfase escolar por sus circunstancias de desventaja sin que exista discapacidad personal añadida]. “Nosotros solicitamos ya en mayo, centro a centro, la contratación de 1216 PTSC para los centros de infantil y primaria y secundaria. Pero no se nos ha escuchado”, lamenta Galvín. Por eso ha empezado el curso y han tenido que asumir el papel del coordinador de bienestar tanto coordinadores de centros, los miembros del equipo directivo o los docentes, todos ellos con sus propias funciones dentro de los centros.

“Esta figura nueva es muy necesaria, muy buena, pero se necesita una formación en condiciones porque a veces hay que lidiar con los servicios sociales, con la policía o con protocolos antisuicidios, y para profesores que normalmente se han dedicado a dar clases, como matemáticas o lengua, no están acostumbrados a esto y no saben cómo actuar. Muchos están alucinando con el curso”, continúa Moreno. “El grupo de WhatsApp que tenemos está que arde”, añade, “porque además todo eso hay que hacerlo sin que te quiten tus horas lectivas”.

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