La Comunidad de Madrid rescató en 2020 y 2021 a empresas que explotan infraestructuras o edificios públicos: con la excusa de paliar el impacto que tuvieron en esos negocios las restricciones de aforo contra el coronavirus, la Administración perdonó a las concesionarias el pago anual por explotar la concesión, o extendió esta en el tiempo. Aunque el Ejecutivo había defendido en la Asamblea que no usaría ese mecanismo legal (“[Debe haber] riesgo y ventura del contratista”, dijo), finalmente lo hizo. Como consecuencia, los gestores del ...

La Comunidad de Madrid rescató en 2020 y 2021 a empresas que explotan infraestructuras o edificios públicos: con la excusa de paliar el impacto que tuvieron en esos negocios las restricciones de aforo contra el coronavirus, la Administración perdonó a las concesionarias el pago anual por explotar la concesión, o extendió esta en el tiempo. Aunque el Ejecutivo había defendido en la Asamblea que no usaría ese mecanismo legal (“[Debe haber] riesgo y ventura del contratista”, dijo), finalmente lo hizo. Como consecuencia, los gestores del Wizink Center, Las Ventas, o varias cafeterías, vieron aliviadas sus cuentas en una decena de millones. Así consta en un informe obtenido por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, que subraya que aún se están tramitando al menos quince solicitudes similares.

La activación de estos mecanismos de reequilibrio, que se pueden usar a favor o en contra del concesionario, según fallen las previsiones de negocio, lanza un poderoso mensaje: hay dinero público para asumir riesgos privados en una región que, precisamente, apuesta gran parte de su gestión a la colaboración público privada. Esa estrategia, sin embargo, choca con los argumentos que lanzó el mismo Ejecutivo regional en mitad de la pandemia, cuando la factura por este concepto amenazaba con dispararse.

“La legislación en materia de contratos públicos establece que la ejecución de los contratos públicos se realiza bajo la modalidad de riesgo y ventura del contratista”, recordaba el Gobierno de Díaz Ayuso en una respuesta parlamentaria de la pasada legislatura. “Esto significa que el contratista asume el riesgo de obtener una ganancia mayor o menor o incluso incurrir en pérdidas cuando sus cálculos resulten erróneos o no respondan a las circunstancias sobrevenidas en la ejecución del contrato”, abundaba. “El contratista está pues sujeto a las incidencias propias de la vida de cualquier negocio jurídico”, insistía. Y ejemplificaba: “Retrasos de proveedores, conflictos colectivos, incremento de los costes en los que ha de incurrir para ejecutar el contrato, cambios en la coyuntura social y económica general y, por supuesto, las consecuencias de una emergencia sanitaria como la actual”.

Pero cuando llegó el momento de tomar decisiones, en el Ejecutivo regional no se siguió ese criterio. Sobran los ejemplos.

“Para hacer frente al impacto económico y social del COVID, se modifica el contrato en los siguientes términos”, se lee en la documentación que acompaña a la decisión de reequilibrar la concesión del Wizink Center, un céntrico pabellón público cuya principal actividad, los conciertos y partidos, se vio afectada por el confinamiento y las restricciones de aforo y horario decididas en 2020. “Exoneración del canon fijo correspondiente al año 2021 (573.418,47 euros)″, enumera. “Exoneración del ingreso mínimo garantizado del año 2021 como canon variable, a abonar en julio de 2021 (344.051,09 euros)”, sigue. Y remata: “Se exonerarán aquellos cánones a abonar en el año 2023 que fueran necesarios hasta completar la cantidad total de la valoración del reequilibrio económico de 2.109.007,00 euros″.

En el caso de Las Ventas, la compensación por las temporadas de toros de 2020 y 2021 supera los cinco millones de euros a través de varias vías: extender el tiempo de la concesión (hasta junio de 2022: más tiempo para ganar dinero), permitir que la empresa adjudicataria no pagara el canon anual de 2,8 millones de euros al que tiene derecho la Administración, y pagarle, a la vez, 3,4 millones.

Campo de golf

Lo mismo se ha hecho con tres cafeterías que operan en centros públicos bajo la modalidad de concesión. Por ejemplo, la del centro deportivo de Puerta de Hierro obtuvo un reequilibrio de 134.092,49 euros, al ampliarse el periodo de explotación durante 110 días (lo que se valora en 38.514,34 euros) y minorarse el canon que tendría que pagar en ese periodo en 95.578,15 euros.

Además, el Gobierno está estudiando la petición de reequilibrio de la empresa que gestiona el campo de golf del Encín (Alcalá de Henares): para paliar los efectos de la covid, pide que se le perdone durante cinco años el pago del canon que le debe a la Administración, según una fuente gubernamental.

En ese contexto pandémico, también el Rayo intentó evitar el pago por usar el estadio de Vallecas, y el Ejecutivo se mostró abierto a concederle el reequilibrio. Sin embargo, el club, según el gobierno, no completó el papeleo, y por eso se convirtió en un inquilino moroso.

El coronavirus, en todo caso, solo ha acelerado la aplicación de un mecanismo que la Administración regional usa con frecuencia, bien por iniciativa de los concesionarios, bien por sentencias judiciales. Así, entre 2019 y 2022 se han acometido multitud de reequilibrios en favor de concesionarias por causas ajenas a la pandemia.

Por ejemplo, la gestora de la línea 9B ha obtenido 1,5 millones de euros por ampliar el horario del servicio en 2019 y 2020 para igualarlo al del resto de la red. Y la concesionaria de la línea de metro a la terminal T4 del aeropuerto ha obtenido en 2020 y 2021 un total de 726.630 euros para compensar los pasajeros que perdió en 2018 y 2019 por la apertura de una línea de autobús que hace el mismo recorrido.

Existen, también, casos de lo contrario. Cuatro de los hospitales públicos de gestión privada que hay en Madrid han tenido que pagar casi tres millones de euros a la Administración en aplicación del mismo sistema de reequilibrio de la concesión.

“Se reequilibra con 2,9 millones de euros para esos cuatro hospitales a favor de la Administración”, explica un portavoz gubernamental. Y detalla: “Los pliegos prevén que si las concesionarias renegocian la financiación con mejores condiciones, la mitad de esa mejora repercute en la Administración”.

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