Tres líneas de oferta para un contrato de 1,5 millones para mascarillas: así se cerró el acuerdo del amigo de los Ayuso con Madrid

La empresa de ropa de moda Priviet Sportive SL envió una carta escueta a la Comunidad de Madrid con su oferta de mascarillas el 28 de marzo de 2020, tres días antes de que le fuera adjudicado un contrato de 1,5 millones de euros que acabó beneficiando al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, omite una presentación y descripción de la compañía del amigo de Tomás D...

La empresa de ropa de moda Priviet Sportive SL envió una carta escueta a la Comunidad de Madrid con su oferta de mascarillas el 28 de marzo de 2020, tres días antes de que le fuera adjudicado un contrato de 1,5 millones de euros que acabó beneficiando al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, omite una presentación y descripción de la compañía del amigo de Tomás Díaz Ayuso, que no tenía experiencia conocida en comercio sanitario ni en la contratación con el Gobierno autonómico. Esa falta de explicaciones habría impedido la adjudicación del contrato, salvo que se hubiera producido una comunicación previa con un representante del Ejecutivo autonómico para detallar las características de la oferta. Ese contacto, si existió, permitiría determinar si hubo tráfico de influencias, como está investigando la Fiscalía Anticorrupción.

La clave de la investigación reside en conocer si Tomás Díaz Ayuso intervino en el origen del contrato público, según juristas consultados. “Todos los indicios apuntan a que Priviet Sportive actuó como su testaferro, pero no existe una prueba concluyente”, dice Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en corrupción. Esa fue la misma acusación que hizo el presidente del PP, Pablo Casado, antes de su caída en desgracia.

Este periódico ha obtenido la oferta de venta gracias a una solicitud de acceso a la información pública de la Ley de Transparencia, presentada con el fin de conocer el expediente completo con sus memorias e informes vinculados a la compra, así como el origen de las mascarillas. La respuesta de la Comunidad incluye documentos que no habían sido hecho públicos en el expediente del contrato con Priviet Sportive que el Gobierno madrileño envió a la prensa el mes pasado, en medio de la guerra de acusaciones en el PP por el contrato. En total, el expediente al que ha tenido acceso este periódico consta de 72 páginas, mientras que el difundido por la Comunidad tiene solo 27 páginas.

“Muy señores nuestros. Por medio de la presente, nos complace hacerles la siguiente oferta”, dice el escrito de Priviet Sportive, que pasa a describir el producto, precio, plazo, forma de pago y datos de facturación. La oferta incluye como anexos una foto de las mascarillas, instrucciones de uso y pruebas de que las mascarillas objeto de la propuesta habían sido homologadas por un laboratorio chino de la empresa de certificaciones estadounidense, ACT Lab. Priviet Sportive también adjuntó pruebas de que las mascarillas habían sido certificadas por un ente privado de Italia y por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Priviet Sportive ofertó 250.000 mascarillas FFP2, aunque luego la resolución de adjudicación del 1 de abril de la Comunidad de Madrid especificara que la compra se hacía por los modelos FFP2 y FFP3. En realidad, Priviet adquirió cubrebocas del modelo KN95, un estándar chino ajeno a la clasificación europea que fue aceptado en marzo de 2020 por el Ministerio de Sanidad como equivalente al FFP2. Las mascarillas compradas por Priviet Sportive fueron adquiridas a una empresa de la provincia de Zhejiang (este de China): Jiaxing Yinuo Busway Co. Ltd. Esta empresa no ha respondido a los intentos de comunicación por parte de este periódico.

Sin destinatario

La carta de oferta de Priviet Sportive carece de la firma por parte de algún representante de la compañía. Tampoco aparece en ese escrito el destinatario dentro de la Comunidad de Madrid. La persona que se encargaba de gestionar las propuestas de compra era Manuel de la Puente, un alto cargo del Ejecutivo regional conocido por Tomás Díaz Ayuso porque años atrás habían hecho negocios. La mano derecha de De la Puente era una excomercial de la empresa de la familia Díaz Ayuso, Teresa Requejo. Los dos han negado a este periódico haber hablado con el hermano de la presidenta como acuerdo previo a la aceptación del contrato de Priviet Sportive. Esa intervención sería delictiva, según los expertos.

Sí se sabe que Tomás Díaz Ayuso participó en las gestiones para comprar las mascarillas y trasladarlas al aeropuerto de Madrid-Barajas, una tarea que necesariamente debió de hacer desde España debido a las restricciones de entrada en China. A cambio de esa labor, recibió al menos 55.850 euros más IVA, según la presidenta madrileña. En todo 2020, Priviet Sportive le pagó 283.000 euros, pero la líder conservadora no ha aclarado bajo qué conceptos se produjeron los otros cobros. Tomás Díaz Ayuso sigue guardando silencio. Daniel Alcázar, su amigo y administrador de Priviet Sportive, tampoco ha hecho declaraciones.

Contrato adjudicado a dedo

Tomás Díaz Ayuso ha trabajado durante más de 20 años como comercial de empresas sanitarias que han suministrado productos a la sanidad pública madrileña. A Alcázar lo conoce desde la infancia, ya que las familias de ambos son originarias de Sotillo de la Adrada, un pequeño pueblo de Ávila. Según un amigo de Tomás, este aseguraba al principio de la pandemia que debía ser “muy pulcro” y no podía involucrarse en las compras de la Comunidad de Madrid, debido a la relación familiar con la presidenta. A ojos de terceros, Tomás ya no se dedicaba al mundo sanitario. Su currículum de LinkedIn reflejaba que era director en una empresa de luces Led de Seseña (Toledo), llamada Artesolar. Pero esta empresa se ha desligado de él y ha dicho que solo trabajaba para ellos de forma puntual, tras lo cual el hermano de la presidenta borró su perfil en esa red social.

El contrato objeto de investigación fue adjudicado a dedo en virtud del procedimiento de emergencia, un recurso permitido por la ley debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus. Este procedimiento derriba todas las garantías habituales contra las corruptelas para favorecer una respuesta rápida de la administración.

Tres días después de la oferta de Priviet Sportive, el 1 de abril, De la Puente firmó una memoria justificando la necesidad de la compra, así como la conformidad con la propuesta. Esos dos documentos aparecen a continuación en el expediente del contrato. El siguiente escrito es la resolución de adjudicación, que tiene la firma de la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila, el mismo 1 de abril. A continuación aparecen otros documentos con fecha de abril y mayo: la retención de crédito, la llegada de la mercancía (el 17 y 20 de abril), la fiscalización contable y el informe ante el Consejo de Gobierno. En todo el expediente, la empresa beneficiaria es Priviet Sportive y no hay ni rastro del nombre de Tomás Díaz Ayuso.

Desgaste de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción, que abrió la investigación tras las denuncias de la oposición a la presidenta Ayuso, ha descartado enviar el caso al Tribunal Supremo, donde ella está aforada, ya que no encuentra indicios en su contra. La presidenta, muy cercana a su hermano, ha dicho que solo se enteró de la participación de este en la compra de mascarillas en septiembre del año pasado. Fue entonces cuando el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la llamó a la sede de Génova para pedirle explicaciones por el lucro que el hermano había obtenido a partir de un contrato público.

La participación del hermano solo se conoció a mitad de febrero cuando estalló una feroz batalla pública entre Casado y Ayuso. Casado acabó perdiendo esa disputa. Cuestionado por haber acusado a la presidenta madrileña sin una prueba contundente, acabó anunciando su salida tras perder el apoyo de su partido.

Pero la presidenta Ayuso también ha sufrido un desgaste político. Según una encuesta de esta semana de Simple Lógica para eldiario.es, uno de cada tres votantes que la apoyaron en la elección autonómica del año pasado, cree que la presidenta madrileña ha dado unas explicaciones poco creíbles. La mandataria pasó al contraataque al anunciar que iba a llevar a la Fiscalía 12 contratos del Gobierno central. Son acuerdos supuestamente relacionados con allegados del presidente Sánchez, o la vicepresidenta Nadia Calviño. “Vamos a empezar a investigar a todos”, dijo la presidenta en la Asamblea madrileña, cuando hizo su anuncio.

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