Díaz Ayuso prepara un pulso legal frente a Sánchez por los impuestos autonómicos

Es un pulso legal, pero el lenguaje se corresponde con el de una guerra. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ultima una ley para intentar frenar cualquier intento del Ministerio de Hacienda de cambiar la política de rebajas fiscales del PP, que ha supuesto que Madrid dejara de ingresar unos 53.000 millones desde 2004, con sucesivas rebajas del IRPF y las bonificaciones al 100% del impuesto al patrimonio y al 99% del de...

Es un pulso legal, pero el lenguaje se corresponde con el de una guerra. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ultima una ley para intentar frenar cualquier intento del Ministerio de Hacienda de cambiar la política de rebajas fiscales del PP, que ha supuesto que Madrid dejara de ingresar unos 53.000 millones desde 2004, con sucesivas rebajas del IRPF y las bonificaciones al 100% del impuesto al patrimonio y al 99% del de sucesiones y donaciones. “El objetivo es la defensa de la autonomía financiera de la Comunidad (...) imponiendo a los poderes públicos la necesaria reacción frente a los ataques que pudiera sufrir”, se lee. Lenguaje bélico para un enfrentamiento ideológico y jurídico: a partir de febrero, el PP buscará la complicidad de Vox para aprobar una norma que refleje el compromiso de acudir al Constitucional, a la justicia europea, o a otros tribunales internacionales frente a posibles cambios normativos del Gobierno central, de superior rango.

El último congreso del PSOE, principal partido del Gobierno de España, se celebró con la fiscalidad como uno de los temas estrella. Las federaciones socialistas de Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares promovieron una reforma para equiparar los impuestos autonómicos. Esa armonización fiscal, que en el caso de Madrid supondría subir impuestos, ha sido repetidamente defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y el cónclave socialista, celebrado a mediados de octubre, reafirmó el compromiso del PSOE con la “reconstrucción” de un sistema fiscal progresivo, “que contribuya directamente a la redistribución de la renta”. A la espera de un informe de expertos en fiscalidad encargado por el Ejecutivo para principios de 2022, el Gobierno de Madrid ha apostado por ponerse la venda antes de la herida.

Así, tras más de un año escuchando cómo los principales portavoces del PSOE, junto a sus socios en el Congreso, acusaban a Madrid de practicar el “dumping fiscal” (atrayendo fortunas de otras regiones con su política de impuestos bajos), el Ejecutivo regional prevé en la nueva ley una cláusula anti-Montero, específicamente diseñada para la posibilidad de que se establezca un mínimo a cobrar por los impuestos de la renta, sucesiones, donaciones y patrimonio. Porque previsiblemente ese suelo, en el caso de Madrid, supondría un incremento de esos gravámenes.

“El legislador estatal podrá regular mediante ley orgánica el ejercicio de competencias financieras reconocidas constitucionalmente a las Comunidades Autónomas, pero no podrá suprimirlas ni expresa ni tácitamente, a través del establecimiento de unos límites tales que anulen de hecho la capacidad de las Comunidades Autónomas para determinar, en todo, o en parte, sus recursos tributarios, conforme al contenido atribuido constitucionalmente a la autonomía financiera”, se lee en el anteproyecto de ley, que está siendo sometido al trámite de audiencia y consulta previa como paso previo a su aprobación en el consejo de gobierno (previsiblemente en febrero) y su posterior tramitación en la Asamblea. “(...) En la regulación sustantiva, el ejercicio de las competencias constitucionalmente reconocidas a la Comunidad de Madrid, no podrá suprimirse ni expresa ni tácitamente a través de unas limitaciones que anulen de hecho su capacidad para determinar, en todo o en parte sus recursos tributarios, conforme al contenido atribuido constitucionalmente a la autonomía financiera”.

Al frente del proyecto está el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, dispuesto a litigar en todas las instancias posibles ante la evidencia de que las leyes orgánicas del Estado tiene un rango superior frente a las autonómicas.

Por eso la ley de defensa de la autonomía financiera de Madrid es un pilar clave en la estrategia comunicativa y política de Díaz Ayuso. Tras chocar con Sánchez por la política sanitaria en la pandemia, la internacional, o la económica, la presidenta de la Comunidad de Madrid planea arremangarse ahora en el frente fiscal, que afecta a todo: de la financiación de los servicios públicos al modelo de país, pasando por la estrategia preferida para salir de la crisis provocada por el coronavirus.

Tras convertirse en la primera líder del PP en Madrid en romper la racha de casi 20 años consecutivos de rebajas fiscales (no logró aprobar ninguna en 2020), Díaz Ayuso ha sacado adelante este 2021 un recorte del IRPF (que beneficia especialmente a las rentas altas) y la supresión de las tasas propias de la región (que representaban el 0,02% de la recaudación). Además, para 2022, y si vuelve a contar con el apoyo de Vox, la líder conservadora ya ha avanzado, en una entrevista en El Mundo, que la bonificación en el impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos pasará del 15% al 25%, y entre tíos y sobrinos del 10% al 20%.

Todas esas decisiones sustentan la apuesta de la presidenta de la Comunidad por convertir a Madrid en un referente internacional de liberalismo. Díaz Ayuso ha empeñado en ello una intensa agenda de contactos diplomáticos internacionales (viajando a EE UU o recibiendo a los presidentes de Colombia y Ecuador). Un esfuerzo al que ahora suma una ley en la que cada palabra cuenta.

“[El Gobierno regional y la Asamblea] deberán establecer sus ingresos con la estricta finalidad de cubrir los gastos necesarios para el ejercicio de sus competencias, cumpliendo escrupulosamente con el principio de corresponsabilidad fiscal”, se lee en el texto legal. “Si dichos gastos fueran inferiores a los ingresos, la Comunidad realizará las actuaciones necesarias para minorar los ingresos a fin de lograr el equilibrio de las cuentas públicas”, añade. Y subraya: “El establecimiento de nuevos tributos propios solo podrá realizarse respetando los principios de libertad de mercado, y de libre circulación y establecimiento, justificando, en todo caso, la proporcionalidad o equilibrio entre el gravamen y la finalidad pretendida”.

Tras un año marcado por las elecciones del 4-M, que tuvieron mucho de plebiscito entre las políticas del Gobierno de la Nación y las del de Madrid, 2022 nace entre tambores de guerra: ahora, como antes, por la política fiscal.

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