Los grandes Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid congelan los tributos en plena crisis

Los Consistorios más ricos bajan el tipo impositivo del IBI y ofrecen ayudas a los más necesitados, otros apuestan por la energía solar y el medio ambiente

Viviendas unifamiliares en Pozuelo de Alarcón, en una imagen de diciembre de 2020.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció a finales de octubre la intención de bajar el tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles (IBI), lo que supondrá, cuando se apruebe la nueva ordenanza fiscal, que las arcas municipales dejen de ingresar unos 60 millones de euros. Desde el inicio de su mandato, calculó Almeida, la rebaja fiscal ha supuesto unos 500 millones de ahorro para los vecinos de ...

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció a finales de octubre la intención de bajar el tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles (IBI), lo que supondrá, cuando se apruebe la nueva ordenanza fiscal, que las arcas municipales dejen de ingresar unos 60 millones de euros. Desde el inicio de su mandato, calculó Almeida, la rebaja fiscal ha supuesto unos 500 millones de ahorro para los vecinos de la capital (o de pérdida para el Ayuntamiento). Su compañera de partido y presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, también es partidaria de bajar los impuestos. En concreto, este año ha anunciado un 0,5% en todos los tramos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la supresión de los tributos propios del Gobierno regional.

Ambos justifican estas medidas en que permitirán que los madrileños tengan más dinero en los bolsillos para gastar, con el probable aumento de la actividad comercial y, por tanto, de la contratación. Pero no son los únicos en la región. El resto de grandes municipios ha aprobado medidas similares, aunque sin tanto ruido mediático. Los principales Ayuntamientos de la región, que incluyen todo el espectro político, han congelado sus impuestos e incluso los han reducido, justo en plena crisis. La intención, argumentan, es ayudar a las familias menos favorecidas, a los pequeños empresarios y a los bares y restaurantes, tras las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Alcalá de Henares. Este municipio de 193.750 habitantes y alcalde del PSOE ha aprobado que los impuestos queden congelados durante el próximo ejercicio. Eso sí, habrá novedades como la reducción del IBI para los centros especiales de empleo, la eliminación de la tasa para pequeñas obras —reparaciones o reformas no muy grandes―, una nueva forma de cálculo para la recogida de basuras de los comercios y la gratuidad de las instalaciones deportivas para los jóvenes hasta los 26 años, en lugar de los 21 actuales, entre otras.

Fuenlabrada. Los 193.600 habitantes, con alcalde socialista, también verán en los recibos las mismas cantidades que en el ejercicio actual. La congelación de los tributos se verá acompañada, eso sí, de algunas reducciones para fomentar la lucha contra el cambio climático. Los dueños de inmuebles que instalen paneles solares o placas fotovoltaicas tendrán una rebaja del 50% en el IBI. El impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) tendrá ese mismo porcentaje de reducción para su colocación. Además, los vehículos con cero emisiones quedarán exonerados del 75% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y los que tengan la etiqueta eco, del 50%.

Vecinos de Alcalá de Henares paseaban por el centro de la localidad el pasado febrero.FERNANDO VILLAR (EFE)

Leganés. Los 188.425 vecinos, gobernados por un regidor del PSOE de este municipio del sur mantendrán los impuestos congelados. Al igual que otros Ayuntamientos, las principales modificaciones se aprobaron para 2021, como fue el adecuar el tipo impositivo del IBI al mínimo que marca la ley (el 0,4%) en lugar del 0,369 que no se había actualizado desde hacía años con la última revisión catastral. También se rebajó la tasa de recogida de basuras al fijar un canon porcentual a las industrias, en lugar del pesaje de los residuos, y se eliminó una pequeña tasa que se cobraba a los mayores por hacer deportes.

Getafe. El Ayuntamiento de esta localidad con 180.750 habitantes y alcaldesa del PSOE tampoco sube el próximo año los impuestos. Las principales ayudas las aprobó en 2020 para el presente ejercicio, como fue la bonificación del 25% para los autónomos y las empresas que realizaron un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Se pudieron beneficiar los locales comerciales con valor catastral inferior a 200.000 euros y las naves que no superaran los 1,5 millones, además de los propietarios de establecimientos que condonaran al menos un mes de alquiler a sus inquilinos. Las nuevas empresas que se radicaran en el municipio o las que ampliaran sus instalaciones tenían la misma bonificación en el IBI del 25%.

Alcorcón. Las ordenanzas fiscales en este municipio de 169.500 vecinos y con alcaldesa socialista para 2022 recogen también la congelación de los tributos. Una de las medidas que se mantendrá el próximo año es que a las terrazas veladores solo se les cobrará por mesas y tiempo (mensualmente), en lugar de por ocupación de la vía pública. La tasa además habrá que ingresarla pasada la temporada y no de manera anticipada, como ocurre en otros tributos. Las familias numerosas tendrán una reducción en el IBI siempre que el valor catastral no supere los 300.000 euros.

Torrejón de Ardoz. El Ayuntamiento (129.730 habitantes; alcalde del PP) ha aprobado congelar los impuestos para el año que viene. Habrá una reducción del 5% para los vecinos que domicilien sus recibos. A ello se unirá que las familias con todos sus integrantes en el paro durante al menos ocho meses en 2021 quedarán exentas del pago del IBI. Según fuentes municipales, es la primera y única localidad de la región que ha tomado esta medida. Las familias numerosas tendrán bonificaciones de entre el 10% y el 90%. Las empresas que creen al menos 10 puestos de trabajo tendrán una reducción del 95% en el ICIO.

Parla. Este Consistorio con alcalde socialista también tiene previsto congelar los impuestos municipales para el año que viene, con lo que se mantiene la misma carga impositiva para los 128.250 habitantes de esta localidad del sur de la región.

Alcobendas. Este municipio al norte de la capital con 116.000 residentes y alcalde de Ciudadanos también ha congelado los tributos. Eso sí, ha aprobado algunas reducciones por creación de empleo. Las compañías o autónomos que se radiquen por primera vez en el Centro Municipal de Empresas tendrán una bonificación del 50% al 80% en los precios de los locales. Las firmas que suscriban un Convenio por el Fomento del Empleo con el Ayuntamiento podrán acogerse hasta una bonificación del 50% en el Impuesto de Actividades Económicas hasta en los próximos cinco ejercicios.

Aparcamiento repleto de coches en el centro comercial Las Rozas Village en marzo de 2018.

Las Rozas. El comienzo del año en esta localidad de 95.500 vecinos y regidor del PP llega cargada de importantes novedades tributarias. El conjunto de los impuestos se congela, como ocurre en el resto de municipios, pero hay importantes bajadas en algunos. En concreto, los inmuebles de uso comercial, industrial, oficinas y de ocio y hostelería verán bajar el tipo impositivo del IBI del 0,482 actual al 0,45%, el mínimo permitido por la ley. Se sube la bonificación por familia numerosa de categoría general del 50% al 70% y en la categoría especial, hasta el 90% frente al 70% de este ejercicio. Además, se eliminan los topes por el valor catastral fijados hasta en 950.000 euros. Se bonifica con el 75% exento a los vehículos con distintivos Cero Emisiones o Eco, lo que los sitúa en el máximo legal. Se bonifica hasta el 95% el ICIO cuando se incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. Aparte, habrá reducción en el IAE cuando se cree empleo indefinido o para jóvenes.

San Sebastián de los Reyes. Los 87.700 vecinos gobernados por un alcalde del PSOE podrán acogerse a bonificaciones tributarias, sobre todo en materia de protección del medio ambiente y a la movilidad sostenible, además de por la domiciliación de los recibos. El IBI tendrá una rebaja del 4% si se pasa por el banco. Además, la bonificación por instalación de energía solar se amplía de cinco a ocho años. Las empresas que usen o produzcan energías renovables o cogeneración o que implante un sistema de transporte sostenible entre sus trabajadores tendrán una bajada del 2% en el IAE en cada uno de los casos. Los vehículos menos contaminantes verán prolongadas la reducción del IVTM hasta seis años, en lugar de los cinco actuales. La tasa de cementerios se reduce un 25% para las familias con ingresos reducidos y la tasa del mercadillo, un 10%.

Pozuelo. El municipio con mayor renta per cápita de España —con 86.200 vecinos y alcaldesa del PP― ha aprobado una rebaja del 5,6% del IBI para 2022, al pasar del 0,45 de tipo impositivo actual al 0,425. Esto supondrá que las arcas municipales dejen de ingresar 1.356.000, según los datos ofrecidos por fuentes municipales. Esta es la tercera reducción fiscal en los tres últimos años, cuando el tipo impositivo estaba en el 0,5%. Esta bajada supondrá un 15% acumulado en estos tres ejercicios y que el Consistorio, en manos del PP, deje de ingresar 4,5 millones de euros.

Rivas. Este municipio del este de la región con 85.900 vecinos y alcalde de IU también ha congelado los impuestos, pero ha aprobado algunas bonificaciones importantes para el próximo año. En el IBI, ya no será necesario que los miembros de las familias numerosas tengan que estar empadronados en el mismo domicilio como ocurría hasta ahora. Se atiende así a las separaciones conyugales o a que los hijos estudien fuera.

La reducción por instalación de placas fotovoltaicas también alcanzará locales comerciales e industriales, además de a las viviendas en altura. La bonificación va desde el 50% el primer año al 20% en el tercero y último. En el IVTM los vehículos eléctricos pagarán solo el 40% durante cinco años y los híbridos, durante tres. El ICIO se reducirá un 50% para la instalación de energía fotovoltaica.

Majadahonda. Con los impuestos congelados en 2022, este Ayuntamiento con 71.785 vecinos y alcalde del PP verá cómo deja de ingresar un millón de euros por las rebajas en el IVTM. La nueva ordenanza recoge que los vehículos Eco y Cero emisiones verán reducido su tributo un 75%, mientras que los que tienen etiqueta C verán aumentar su exención del 25% actual al 60%. Fuentes municipales calculan que la bajada en los tributos en los últimos años ha supuesto un ahorro a los vecinos de 2,5 millones de euros, incluido el de 2022.

[El Ayuntamiento de Móstoles (207.100 habitantes; la segunda ciudad más importante de la región tras la capital y con alcaldesa del PSOE) no atendió a la petición de información sobre las modificaciones en la ordenanza municipal del próximo año.]

Pendientes de la plusvalía

Uno de los problemas que más quebraderos de cabeza están teniendo los Ayuntamientos a finales de este año son las consecuencias de la reciente declaración de inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía. Los departamentos técnicos y jurídicos de las Concejalías de Hacienda están trabajando contra reloj para adaptar el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que lo prohibía. Entendió este órgano jurídico que el hecho tributario no se ajustaba a la realidad, ya que el tributo se paga incluso cuando el inmueble se había depreciado desde la compra inicial. La plusvalía se pagaba a los Ayuntamientos cuando se vendía, se heredaba o se donaba un inmueble.

Los Ayuntamientos tienen un plazo de seis meses para hacer suya la nueva legislación, pero reconocen que, cuanto más tardan en hacerlo, más dinero están dejando de ingresar. Tras las transferencias que reciben del Ejecutivo central y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el IIVTNU era una importantísima fuente de ingreso de las Corporaciones locales. Solo en el caso de Madrid, suponía unos 500 millones de euros anuales.

Algunos Ayuntamientos como el de Alcorcón suspendieron con carácter inmediato su cobro para evitarse problemas judiciales y reclamaciones posteriores. Ahora, las entidades locales esperan tener resuelto este problema, porque es tal la pérdida económica que podría hacer peligrar algunos servicios básicos y obligar a posponer futuras inversiones ya previstas o pendientes de licitar, según varios concejales consultados.

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