De París a Londres, así se dirime en Europa el pulso Sánchez-Ayuso por las sedes oficiales en Madrid

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han encontrado un nuevo campo de batalla para la confrontación constante que les separa en la posibilidad de que la región capitalina deje de ser sede preferente de las instituciones públicas. Aunque el Ejecutivo central detalla que su proyecto no se centra exclusivamente en trasladar oficinas ya existentes, sino tamb...

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han encontrado un nuevo campo de batalla para la confrontación constante que les separa en la posibilidad de que la región capitalina deje de ser sede preferente de las instituciones públicas. Aunque el Ejecutivo central detalla que su proyecto no se centra exclusivamente en trasladar oficinas ya existentes, sino también en radicar fuera de la región algunas de nueva creación, la mecha del conflicto ya ha prendido, y sus ecos se extienden por toda España, donde presidentes regionales como los socialistas Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Javier Lambán (Aragón) llevan años reclamando esa descentralización.

“[Se puede] abrir un debate leal, pero sano y necesario, sobre la ubicación de instituciones del Estado en todo el país y no solo en la capital de España”, planteó Sánchez a principios de mes.

Desde entonces, el Ejecutivo ha recordado que el proyecto ya estaba en el plan España 2050 (”equilibrar la presencia de organismos públicos del Estado en el territorio, sin que ello suponga la generación de duplicidades”); que puede ser una vía para luchar contra la despoblación de la España vacía, y que ya hay ejemplos de lo que quiere hacer (el centro de datos de la seguridad social que abrirá en Soria, el de competencias digitales de Miranda del Ebro, o el instituto de ciberseguridad de León).

Una propuesta, en todo caso, que ha puesto en pie de guerra al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en 2006 ya logró frenar en el Tribunal Supremo el traslado de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Cataluña, decidido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Es un debate maniqueo que lo único que hace es crear agravios contra Madrid”, defendió este viernes Diaz Ayuso, tan quejosa del asunto como para comentarlo, a preguntas de los periodistas, ya durante su viaje internacional a EEUU, donde lo consideró “un ataque directo”. “No va a mejorar la vida de los ciudadanos porque salga un ministerio [de la capital]. Creo que los ciudadanos del resto de España no necesitan tantas oficinas, como empresas”, añadió. “Y por eso lo único que genera es un agravio, y el cuestionarse constantemente por qué yo sí o por qué yo no”.

No obstante, en el Ejecutivo regional reconocen que nada malo habría en instalar sedes de nueva creación fuera de la región.

“Madrid no va a tener el monopolio [de las sedes]”, admitió en la rueda de prensa del último consejo de Gobierno el portavoz gubernamental del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio. “Evidentemente, nunca nos vamos a oponer a que haya organismos públicos en otros territorios”, añadió. “Eso es totalmente lógico”.

En estos momentos, Madrid concentra todos los ministerios, el Congreso de los Diputados y el Senado, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aquí está también, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC); la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La Biblioteca Nacional; la Oficina de Patentes y Marcas; la autoridad portuaria; los institutos artísticos, o la confederación hidrográfica del Tajo están de igual manera en Madrid.

Eso proporciona a la región 150.000 trabajadores con salario público que, con sus familias, representan unas 400.000 personas, según el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal. Un potentísimo motor para dinamizar la economía de la región.

Ante la polémica, que mantendrá vivo el debate sobre varias enmiendas al respecto en el congreso del PSOE de este fin de semana, ¿cuál es la situación en otros países europeos? ¿Abunda la concentración, como en España, o la disgregación? ¿Se considera que la proliferación de sedes capitalinas genera sinergias multiplicadoras y garantiza la neutralidad, o, por el contrario, se apuesta por revitalizar otros territorios instalando estas oficinas?

Así es la situación en los principales países europeos.

FRANCIA. El poder concentrado

En un país hipercentralizado y, desde la Revolución francesa de 1789, de fuerte tradición jacobina, París es una capital que concentra todo el poder y sus instituciones. En una radio de apenas dos kilómetros en el centro de la ciudad, se encuentran las instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Otras se ubican en las afueras, como los servicios secretos internos.

Ha habido intentos de descentralizar algunas sedes simbólicas, pero son excepciones. El más destacado fue el traslado de París a Estrasburgo de la Escuela Nacional de Administración (ENA), el centro público de élite que forma a los altos funcionarios del Estado y de donde han salido ministros, primeros ministros, jefes de multinacionales y presidentes como el actual, Emmanuel Macron. El traslado, tras años de controversias y fuertes resistencias, culminó en 2005. Estrasburgo también acoge la sede del único de los cinco teatros nacionales que no se encuentran en París. Otra cosa son las instituciones europeas o multinacionales: la propia Estrasburgo tiene el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, y Lyon, Interpol.

La capitalidad de París en Francia solo se ha visto interrumpida, en los últimos dos siglos, en periodos de guerra. La última vez que las sedes del poder estuvieron en otro lugar que la actual capital fue entre 1940 y 1944, durante la ocupación de Francia por la Alemania nazi, cuando la capital se trasladó a una pequeña ciudad balnearia en el centro de Francia, Vichy.

ITALIA. Alto nivel de transferencias

Italia no vive los temas de competencias y de desequilibrios autonómicos con la misma intensidad que España. Las regiones con estatuto especial (Sicilia, Cerdeña, Valle d´Aosta, Friuli-Venezia Giulia y Trentino-Alto Adige) colman sus peticiones con ventajas fiscales y más autonomía. El resto también tiene transferidos un alto nivel de competencias. Algo que influye también en el alivio de las tensiones territoriales.

No existe en Italia actualmente un deseo de las regiones de albergar instituciones públicas. Los últimos intentos se remontan a los años 90, cuando la vieja Liga Norte —la actual Liga, que lidera Matteo Salvini— reivindicaba la descentralización del país. El partido llegó a pedir en aquel periodo el traslado de la RAI, la cadena pública de radio y televisión, al norte del país. La transformación de la Liga en un partido nacional de corte populista ha frenado ese tipo de batallas y nadie las está dando en este momento

Todas las instituciones del Estado se encuentran en Roma, como el Tribunal Supremo, el Senado y el Congreso, los organismos públicos de control…

REINO UNIDO. Londres, la gran ‘city’

La fuerza centrípeta de Londres, donde residen 13 millones de personas y se concentra una inmensa parte de la riqueza del Reino Unido, lleva décadas generando resentimiento político y territorial. Paradójicamente, a partir del proceso de “devolución” iniciado por el Gobierno laborista de Tony Blair, Inglaterra —y su capital, Londres— es la única “nación” que carece de instituciones propias. Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propios Parlamentos y ejecutivos, mientras que a orillas del Támesis se concentran, en unos pocos kilómetros cuadrados, las instituciones británicas más poderosas: el Parlamento de Westminster, el número 10 de Downing Street o los Altos Tribunales de Justicia. Incluso el Tribunal Supremo, un órgano con apenas una década de existencia y que cumple funciones de casación e interpretación constitucional —similares a las del Supremo estadounidense— eligió como sede un antiguo edificio en la misma Parliament Square, frente a la Cámara de los Comunes.

Las entidades de regulación jurídica y financiera del país, desde el Banco de Inglaterra a los nobles colegios y asociaciones de abogados, se concentran en la City de Londres, una entidad administrativa con Gobierno propio, en el centro de la gran capital, que todavía conserva el anacrónico privilegio de poder dar permiso a la reina Isabel II cuando, una vez al año, visita sus propiedades. Curiosamente, las dos instituciones que más han diversificado su presencia por todo el Reino Unido han sido la Casa Real (con sus residencias desplegada a lo largo del país, desde Balmoral, en Escocia, al castillo de Hillsborough, en Irlanda del Norte) y la BBC. Esta última, sin embargo, decidió en el último año recortar su número de delegaciones territoriales.

ALEMANIA. Todo repartido por el país

Las sedes de los organismos oficiales en Alemania están repartidas por todo el territorio. El mejor ejemplo es el de los tribunales federales de justicia. El Constitucional, sin ir más lejos, está en Karlsruhe, (300.000 habitantes al suroeste del país, cerca de Stuttgart). El poder político sí se concentra en buena medida en Berlín, con la cámara baja y la cámara alta del Parlamento, el Bundestag y el Bundesrat, en la capital, a tiro de piedra de la sede de la Cancillería. Pero buena parte de las agencias federales y otras instituciones alemanas se sitúan en distintas ciudades del país. Ninguno de los otros cinco tribunales federales (el Supremo, de lo Social, el Contencioso-Administrativo, el Laboral y el de Hacienda), la instancia más alta en sus jurisdicciones, tiene su sede en Berlín ni en Bonn, la antigua capital federal. Están, por este orden, en Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Erfurt y Múnich.

El federalismo alemán, que otorga amplias competencias a los 16 Estados federados o länder, explica en parte la descentralización de las instituciones oficiales alemanas. Hay muchos más ejemplos, en todas las materias. En sanidad, el Instituto Paul-Ehrlich, el organismo regulador de las vacunas y otros medicamentos, tiene su sede central en Langen, un municipio que no llega a 40.000 habitantes al sur de Frankfurt. La Oficina Federal de Tráfico, el equivalente de la Dirección General de Tráfico (DGT) española, está en la antigua ciudad portuaria de Flensburgo, tocando a la frontera con Dinamarca. La Oficina Antimonopolio tiene sede en Bonn.

PORTUGAL. El Constitucional, a Coimbra

El Parlamento portugués aprobó a finales de septiembre el proyecto de ley para trasladar de Lisboa a Coimbra las sedes del Tribunal Constitucional, la Entidade de Contas e Financiamiento dos Partidos Políticos y el Supremo Tribunal Administrativo. La iniciativa política partió de la derecha (PSD, Partido Social Demócrata) pero salió adelante gracias a la abstención de los socialistas de António Costa y de otros partidos de la izquierda.

La decisión, sin embargo, no es definitiva y tendrá que someterse a una votación final en la Cámara. No es descartable que algunos partidos cambien el sentido de su primer voto y cierren el paso a la deslocalización de los tres organismos, que afectaría a 230 personas que trabajan en los tres organismos. El traslado se recibió con hostilidad por la mayoría de los magistrados del Constitucional, que enviaron un informe contrario a la comisión parlamentaria: “En un país con una tradición antigua de centralismo, donde los órganos de soberanía siempre tuvieron la sede en Lisboa, la transferencia de la sede del Tribunal Constitucional contribuirá ciertamente más a desprestigiar el órgano que a crear una nueva centralidad fuera de la capital”.

Portugal es uno de los países más centralistas de la Unión Europea, que solo cuenta con dos regiones autónomas, la isla de Madeira y el archipiélago de las Azores. El aparato del Estado se concentra mayoritariamente en Lisboa.

PAÍSES BAJOS. Entre Ámsterdam y La Haya

Ámsterdam es la capital de Países Bajos y ahí se entroniza a los monarcas. Sin embargo, tanto el Gobierno como el Parlamento, ministerios y embajadas, así como la residencia oficial de los reyes Guillermo y Máxima están en La Haya. Ámsterdam solo fue la sede del poder político entre 1806 y 1810, durante el denominado Reino de Holanda, instaurado por Napoleón Bonaparte para uno de sus hermanos, Luis Bonaparte. El Ayuntamiento de la ciudad, del siglo XVII, fue transformado entonces en Palacio Real y ahora se usa para visitas de Estado y recepciones oficiales.

Ámsterdam tiene 873.000 habitantes y ahí se encuentra el Banco Nacional de Países Bajos, la Bolsa o el Regulador de Mercados Financieros. También alberga la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Hay otros órganos oficiales repartidos por el territorio. Ocurre con la sede central de los Servicios de Inteligencia y Seguridad, que está en Zoetermeer (al oeste del país). La Agencia Tributaria se encuentra en Apeldoorn (en el centro). Y el Instituto para la Salud y el Entorno, en Bilthoven (también en el centro).

La Haya suma 552.701 habitantes y cuenta, entre otros, con los siguientes organismos: el Tribunal Supremo y el Consejo de Estado; el Tribunal de Cuentas y la oficina del Defensor del Pueblo; el Servicio de Prisiones y de Centros de Menores, y la Asociación de Municipios. Por otro lado, La Haya aloja para ello las siguientes cortes: el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, el Tribunal Penal Internacional y la Corte Permanente de Arbitraje. Sin olvidar Europol —la agencia europea para la cooperación policial— y Eurojust —con igual mandato pero a escala judicial—.

Reportaje realizado con la colaboración de Marc Bassets (París), Daniel Verdú (Roma), Rafa de Miguel (Londres), Elena Sevillano (Berlín), Tereixa Constela (Lisboa) e Isabel Ferrer (La Haya).

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