De Washington a Vallecas, Isabel Díaz Ayuso vive este jueves un aterrizaje forzoso. Pasa del glamur de su viaje por Estados Unidos, donde la pasada semana se fotografió en las calles de Nueva York, o ante el Capitolio, a una árida sesión de control a su Gobierno en la Asamblea regional, situada en el popular barrio madrileño. Durante casi una hora, la oposición no ahorra adjetivos negativos, descripciones peyorativas, ni peticiones de explicacio...

De Washington a Vallecas, Isabel Díaz Ayuso vive este jueves un aterrizaje forzoso. Pasa del glamur de su viaje por Estados Unidos, donde la pasada semana se fotografió en las calles de Nueva York, o ante el Capitolio, a una árida sesión de control a su Gobierno en la Asamblea regional, situada en el popular barrio madrileño. Durante casi una hora, la oposición no ahorra adjetivos negativos, descripciones peyorativas, ni peticiones de explicaciones sobre un periplo en el que la gran incógnita —cuánto ha costado— viene de la mano de un balance hasta ahora poco fructífero —no se conoce que se haya logrado inversión alguna—. “Un bluf”, resume el viaje la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

Es jueves, y Más Madrid, el PSOE y Podemos se coordinan para declarar el estado de sitio. Quieren explicaciones. Datos. Balances tangibles. Así, los tres partidos de izquierdas coinciden en preguntarle a la presidenta regional sobre su viaje, marcado por la polémica desde su mismo inicio. Porque Díaz Ayuso choca en la distancia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; critica al de México, Andrés Manuel López Obrador; y afea al papa Francisco sus disculpas por la conquista americana. Porque ataca al indigenismo. Y porque se vuelve a España para participar en la convención del PP, el mismo cónclave que opaca durante días con sus intervenciones americanas.

“Ha perjudicado la imagen de Madrid. Ha recorrido 6.000 kilómetros en avión para que la entreviste Telemadrid, tele-Ayuso; para estar durante 10 minutos con cuatro congresistas; para insultar al Papa; y para traer bajo el brazo cero inversiones confesables”, le espeta García, la líder de la oposición, mientras le reclama, sin conseguirlo, que le mire a los ojos, que la vea, y la respete. “Mientras usted se hacía fotos en la Quinta Avenida, nosotros estábamos en el Sector Seis de la Cañada. Y mientras usted hacía running por Washington, nosotros corríamos hacia Móstoles a ver si podíamos solucionar alguna de sus promesas incumplidas”, añade. “Es menos glamuroso, pero es bastante más útil”.

Ante esa andanada, Díaz Ayuso apenas deja algún gesto con las cejas. De la líder de la oposición le separa una enemistad manifiesta. Acostumbrada al estilo de Ángel Gabilondo (PSOE), siempre propositivo durante la pasada legislatura, a Díaz Ayuso se le sigue atragantando la apuesta de García, que va al cuerpo a cuerpo.

Como esos boxeadores que quieren aprovechar su envergadura, explotando que tienen los brazos más largos que su rival, la líder conservadora siempre intenta separarse de García, buscar su espacio en el debate, y hablar desde la atalaya de la presidencia. Pero no siempre lo logra. Tampoco este jueves, cuando vuelve a caer en las alusiones personales —si en la última sesión fue una crítica al pelo de la líder de Más Madrid, en esta lo es a un gesto— y ve cómo el resto de la oposición sigue la misma línea que su rival.

“Ha ido a Estados Unidos para seguir vendiendo a pedazos los servicios públicos de nuestra región, pero no ha sido bien recibida”, le dice Alejandra Jacinto, de Podemos. “Para reunirse por Zoom con los congresistas, podría haberlo hecho desde su despacho. Ni siquiera los fondos buitres confían ya en sus políticas. Las pocas cosas que hacen, las hacen mal”, ha proseguido. “La justicia les ha obligado a anular la venta de vivienda pública. Eso, créame, sí que crea inseguridad jurídica”, ha rematado, en referencia a la decisión judicial que obliga a rectificar la venta de 2.935 pisos a Goldman Sachs, ejecutada por el Gobierno de Ignacio González.

“Ha sido un viaje a su mayor gloria, para luego ser aclamada en la convención del PP”, lanza Hana Jalloul, la portavoz del PSOE. “Entendemos que no se puede hablar bien de Madrid hablando mal del Gobierno de España”. A todas esas intervenciones asiste Díaz Ayuso sin torcer el gesto, embebida en sus papeles, como esperando a pasar el trámite de las respuestas lo más rápido posible.

“No me he ido de tiendas a EE UU”, contesta la líder conservadora. “Con la agenda que hemos tenido y los pocos acompañantes que hemos llevado, hemos hecho mucho más que cualquier otra Administración autonómica”, espeta la presidenta regional. “Los beneficios se verán a largo plazo (...) Los inversores no llevan el dinero encima. Si les gusta lo que les dices no te dicen: ‘Toma el dinero”, se despide.

Una forma de justificar que la comitiva presidencial madrileña haya vuelto de EE UU sin haber logrado dar ninguna noticia que resuene con la fanfarria y el estruendo de los grandes anuncios en el barrio de Vallecas.

Nueva ley educativa

El único partido que no se ha referido al viaje de EE UU ha sido Vox, centrado en su negociación con el PP sobre la ley educativa que patrocina el Ejecutivo regional. La contundencia con la que Díaz Ayuso ha despejado todas las exigencias de su único socio posible, incluyendo la de que la bandera española esté en todos los centros educativos, ha servido de recordatorio sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea de Madrid. El PP considera que Vox está entre la espada y la pared, atrapado entre la necesidad de defender su espacio político y la dificultad de confrontar con Díaz Ayuso. Y no piensa concederle ni un centímetro a su aliado parlamentario, salvo en los momentos clave de la legislatura: los Presupuestos de 2022, por ejemplo.

Esto decía la enmienda de Vox, que también reclama hacer gratuitas dos etapas educativas no obligatorias, guardería y bachillerato, lo que tendría un coste de más de 300 millones, según el partido, o de más de 700, según el Ejecutivo: “(...) tanto la Administración autonómica como la dirección de los centros garantizarán la presencia de la bandera española en el exterior y en lugar preferente en el interior”.

Y esto ha contestado Díaz Ayuso a esa y otras exigencias del partido que lidera Rocío Monasterio. “No se puede usar la ley maestra educativa para ir contra el sentido común”, ha arrancado este jueves, durante la sesión de control a su Gobierno. “Con sus propuestas lo primero que consiguen hacerla es insostenible, haciendo gratuitas etapas no obligatorias”, ha seguido. “Eliminan el bilingüismo, una de las herramientas que más igualan en oportunidades”, ha añadido. “Y luego las imposiciones de la bandera: la utilización de los símbolos del Estado tiene que ser justa y proporcional, tienen que estar en su sitio, ni más ni menos, se tienen que querer, que admirar, pero no imponer de manera política”.

Esa enumeración ha dejado a Monasterio frente al mismo dilema que afronta desde que arrancó la legislatura. ¿Cómo hacer frente al fenómeno Ayuso? ¿Confrontando, pese a que eso pueda escocer a sus propios votantes? ¿O pactando, a riesgo de ser devorados por el PP, igual que le ocurrió a Cs?

“Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero no a renunciar”, ha dicho el diputado Jaime de Berenguer, durante una intervención en la Cámara, donde Vox recuerda que sus prioridades son conseguir la gratuidad de la guardería y el bachillerato, o garantizar la libertad de educación de los padres.

Pero los precedentes no son halagüeños para los intereses de Vox. De todas las negociaciones clave de lo que va de legislatura (composición de la Cámara, investidura, ley de Telemadrid, o ratificación de su administrador provisional) ha sacado un exiguo botín: un puesto en la Mesa del Parlamento y un recorte del 10% en las cuentas de la televisión pública. El resto ha salido a pedir de boca para el PP.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.