Libertad de cátedra para enseñar, pero no para insultar

Unos se lo imaginaban. Otros dijeron que ya era hora de que saliera a la luz lo que media comunidad educativa comentaba desde hace tiempo. Y casi todos intercambiaron por una vía u otra el artículo del que todo el mundo hablaba: el del profesor de Valores éticos, Filosofía y Oratoria del instituto Santa Teresa Jesús que había sido denunciado el curso anterior a la inspección educativa por impartir clases ...

Unos se lo imaginaban. Otros dijeron que ya era hora de que saliera a la luz lo que media comunidad educativa comentaba desde hace tiempo. Y casi todos intercambiaron por una vía u otra el artículo del que todo el mundo hablaba: el del profesor de Valores éticos, Filosofía y Oratoria del instituto Santa Teresa Jesús que había sido denunciado el curso anterior a la inspección educativa por impartir clases con una ideología propia de la extrema derecha. La noticia cayó como un jarro de agua helada: la mayoría se enteró ayer mismo de que la Administración había sobreseído el caso “por falta de pruebas”. Y eso no dejó indiferente a padres, alumnos, exalumnos o profesores del centro público del centro de Madrid. Era el tema del día. ¿Y ahora qué pasa? ¿Prevalece la libertad de cátedra? ¿Cómo se prueba que un profesor se ha extralimitado?

“Esto no es cosa de ahora. Lleva pasando muchos años”, explica María Peláez, de 22 años, estudiante de cuarto de Educación Infantil y una de las “víctimas” de Antonio Sánchez, el docente cuestionado, cuando se jugaba su futuro en segundo de Bachillerato. A ella le suspendió Filosofía “porque según le contó a mi madre no estaba madura para ir a la Universidad”. Lo que pasaba en realidad, asegura ella, es que firmó un manifiesto contra el profesor por “defender cuestiones completamente fuera de lugar como a los chicos de la Manada”. “Dijo que las mujeres en los San Fermines se ponían a horcajadas, encima de los hombres y con las tetas al aire. Y que luego se quejaban de ser violadas”, recuerda. Eso pasó hace cinco años. Después, su hermana Laura, ahora de 18 años y a punto de empezar a estudiar Trabajo Social, sufrió lo mismo: con un expediente académico excelente, solo suspendió Valores Éticos. El año pasado continuaba la polémica con nuevos comentarios considerados machistas, xenófobos o racistas. ¿Está amparado por la ley?

Hay unanimidad entre los expertos consultados. Existe un derecho que ampara la libertad de cátedra, sí, pero tiene unos límites.

Carlos Vidal, catedrático de derecho constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y experto en la materia, asegura que la libertad de cátedra se basa en unos principios constitucionales básicos, como es el de igualdad, y eso no habilita a ningún profesor para insultar a un determinado colectivo. “En Alemania se da solo en el ámbito universitario, en España también se reconoce en el no universitario pero siempre siguiendo unos preceptos básicos. Además, se va modulando en función del carácter del centro y de la edad de los alumnos. Cuanto más jóvenes, menos libertad de cátedra hay porque se debe seguir un currículum a rajatabla”, desgrana.

También es verdad que en un centro público, explica Vidal, el derecho del docente a impartir la clase libremente es mayor que en un colegio privado religioso, por ejemplo. En ese segundo caso, los padres han elegido un tipo de educación y los docentes se deben ceñir a esos preceptos que ofrece el centro. “En uno público debe imperar siempre el pluralismo ideológico y siempre se deben respetar todas las opiniones. Pero eso, de ninguna manera, habilita a un profesor a faltar el respeto a un colectivo o a insultarlo”, insiste.

Vicente Navarro, también catedrático en derecho constitucional, en su caso en la universidad de La Laguna (Tenerife) añade que además es “obligación del docente preparar las clases de una forma honesta y sosegada para exponer a los alumnos todos los enfoques posibles de un tema”.

En la misma línea se expresa Gabriel Vitullo, politólogo y padre de una de las alumnas del curso pasado, que añade que “es completamente legítimo que un docente exponga sus puntos de vista, pero debe hacerlo con honestidad y respeto por la pluralidad, garantizando un sano debate de ideas, en el que las diferentes posiciones puedan expresarse”. En este caso concreto, continúa, “vemos cómo un señor que enseña valores éticos realmente está difundiendo valores antiéticos. Yo esto lo relaciono con los tiempos que corren, en los que hemos visto cómo negacionistas de la pandemia, por ejemplo, se sentían autorizados a presentar teorías que no tienen absolutamente ningún anclaje científico. Yo me pregunto hasta qué punto tenemos que ser tolerantes con los intolerantes. ¿Hasta dónde podemos permitir que se digan ciertas cosas en nombre de la libertad?”.

Estrategias

María José Guerra, catedrática de ética y filosofía política también en la universidad La Laguna va un poco más allá: “No podemos dejar de ver la estrategia de imposición de censuras por parte de la ultraderecha como ha mostrado la polémica por el mal llamado pin parental. En su esfuerzo por deteriorar la escuela pública la quieren convertir en campo de batalla partidista frente a una escuela concebida como espacio de convivencia para forjar un futuro democrático”.

La presidenta en funciones de la sociedad de profesores de Filosofía de Madrid, Esperanza Rodríguez, lamenta rotundamente las expresiones del profesor de instituto y aporta otro matiz importante: “Si desde el Ministerio, independientemente del color político, se hubieran tomado en serio la asignatura de valores éticos sería más difícil que pasaran estas cosas. Se ha convertido en un cajón de sastre, pero es una asignatura donde tiene que imperar la diversidad y el respeto a todas las personas”.

Sánchez, en el centro de la discordia, se ha negado a explicar sus opiniones y expresiones vertidas en el aula y se ampara, además, en que ha denunciado a varios de esos padres que se se quejaron ante la inspección educativa “por acoso y violación de la intimidad”. Los progenitores lo niegan en bloque: ninguno ha recibido una notificación del juzgado, por lo que acusan al docente de echar balones fuera con una mentira para evitar que se centre el debate en lo realmente importante: si puede impartir ideas que consideran anticonstitucionales en un centro público donde la enseñanza es obligatoria y que se encuentra, paradójicamente, enfrente del Senado y junto al centro de estudios constitucionales.

La Comunidad de Madrid se mantiene en sus trece: “una vez que la instrucción ha hecho una propuesta de sobreseimiento y es aceptada porque no hay base suficiente no se puede reabrir porque la Consejería de Educación estaría vulnerando la normativa”.

Por ahora, caso cerrado. Hasta nuevo aviso.

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