Estupor en la Asamblea de Madrid por el relato de caos de Encarnación Burgueño, la mujer que dirigió la “operación bicho”
La oposición a Ayuso pide responsabilidades políticas y penales tras escuchar el testimonio en la comisión de investigación de la tragedia de las residencias
La oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido responsabilidades políticas y penales después de escuchar los detalles de la “operación bicho” de boca de su responsable, Encarnación Burgueño. Esta mujer, hija de un asesor de Ayuso, ha descrito en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid su esfuerzo clandestino y caótico para...
La oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido responsabilidades políticas y penales después de escuchar los detalles de la “operación bicho” de boca de su responsable, Encarnación Burgueño. Esta mujer, hija de un asesor de Ayuso, ha descrito en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid su esfuerzo clandestino y caótico para salvar vidas en los geriátricos durante los peores días de la pandemia de covid-19 en primavera.
A Burgueño le encargaron a dedo la gestión integral de la crisis de las residencias de ancianos. Empezó a trabajar el 26 de marzo, el día que Ayuso relegó al consejero que se ocupaba de los geriátricos, Alberto Reyero, de Ciudadanos. La Consejería de Sanidad, en manos del PP, empezaba a tomar decisiones sobre los geriátricos, según el Gobierno regional; un supuesto “plan de choque” que activó la presidenta y que incluía otras acciones como desinfecciones de los militares de la UME y los bomberos. Ayuso no reveló el papel de Burgueño.
Burgueño tenía un contrato firmado por Carlos Mur de Víu, uno de los altos cargos de Sanidad en Madrid. Como esta no tenía empresa ni recursos, subcontrató a Transamed, una empresa que contaba con una quincena de sanitarios y varias ambulancias. Esos fueron todos los recursos disponibles de Burgueño para atender a 473 residencias de ancianos en Madrid. Mur de Víu les había encargado “la gestión integral de la crisis covid-19 en los centros sociosanitarios”.
Cuando fueron descubiertos, desmontaron el operativo. Tras 12 días de esfuerzo desesperado en los que murieron alrededor de 3.000 mayores dentro de los geriátricos, la Comunidad abortó el plan. Lo hizo minutos después de que EL PAÍS publicara en su web un artículo revelando el papel de Burgueño.
Hoy este periódico ha publicado los audios de esos días con las órdenes de Burgueño. Mientras morían los mayores, ella pensaba en el negocio, en ser “reina” de la gestión sociosanitaria en Madrid.
“La verdad es que fue caótico”, ha confesado Burgueño en la Asamblea. Su relato ha causado estupefacción a los portavoces de la oposición a Ayuso que la han interrogado.
“Ha sido una comparecencia lamentable que ha venido a poner en evidencia que no se medicalizaron las residencias”, ha dicho a la prensa Vanessa Lillo Gómez, de Unidas Podemos. “Salen a la luz las vergüenzas de este Gobierno regional y sabemos que les incomoda porque los tribunales deben llegar hasta el final”.
El PSOE ha denunciado que el Gobierno de Ayuso le haya mentido porque hace semanas aseguró que no existían comunicaciones de ningún tipo entre Burgueño y la Comunidad de Madrid. “Lo que tiene que hacer el Gobierno regional es colaborar con esta comisión en lugar de ponerle obstáculos y mentirle directamente”, ha afirmado Purificación Causapié, portavoz del PSOE. “¿Por qué le avergüenza tanto lo que conocemos ya los madrileños y es que dejaron morir a los mayores en las residencias?” Causapié ha recordado que la oposición pidió en junio la dimisión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. “Cada día que pasa en esta comisión hay más pruebas que demuestran que el consejero de Sanidad debería haber sido cesado”.
El portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, ha dicho que la comparecencia pone de manifiesto que el Gobierno del PP y Ciudadanos en Madrid trató “con una irresponsabilidad y desprecio criminales” la vida de miles de personas mayores en la Comunidad, “así como la angustia y el dolor de las familias”.
La comisión sobre las residencias empezó a recibir testigos en octubre y está teniendo el efecto de minar el relato de Ayuso y su Gobierno, pero no ha servido para romper las filas de los partidos que apoyan a la presidenta. Los portavoces de PP y Vox restaron importancia al testimonio de Burgueño. En Ciudadanos, Reyero era un verso suelto y pasó a un segundo plano cuando dimitió en octubre. Los dos diputados de ese partido presentes este viernes en la comisión, Ana Isabel García y Miguel Díaz, se marcharon a paso ligero. Se negaron a hacer comentarios.
El contrato con la Comunidad
Burgueño, de 49 años, ha llegado esta mañana a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid después de escuchar los audios publicados por este periódico. Ha dicho estar tranquila, sin nada que esconder y se ha mostrado orgullosa por su trabajo. Ha culpado a “la prensa amarilla” y “a los políticos” de que su intervención en las residencias acabara de súbito.
“Doy la vida por las personas mayores”, se ha defendido durante una hora y media de interrogatorio.
Ella cree que su apellido no tenía por qué privarle de la oportunidad que tuvo en primavera. El padre de Burgueño, Antonio, fue el director general de Hospitales durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Su polémica gestión le llevó a ser señalado como “el privatizador de la sanidad madrileña”.
Burgueño ha asegurado que su padre no medió para que el Gobierno de Ayuso le hiciera el encargo. Según ella, la contactó en marzo el director general de Coordinación Sanitaria, Carlos Mur de Víu. Según ha contado, se propuso a sí misma. “Parece ser que a la Consejería de Sanidad le pareció bien mi propuesta”, ha afirmado. Su declaración no ha convencido a los diputados. “Creemos que esto revela cómo hace el PP las cosas, con enchufes y dedazos”, ha dicho al término de la sesión Paloma García, de Unidas Podemos.
Así las cosas, una autónoma sin experiencia de gestión fue la elegida en medio de la catástrofe para medicalizar geriátricos, el plan alternativo mientras los hospitales rechazaban a ancianos de residencias.
Mur de Víu le pasó a Burgueño un Excel que había elaborado el equipo del consejero Reyero. Tenía los datos con la situación de las residencias una a una: fallecidos, enfermos y necesidades. Ese documento lo obtuvo porque el trabajo de Políticas Sociales lo asumía Sanidad, ha dicho Burgueño. Ayuso estaba peleada con Reyero. Le molestaba ese consejero de Ciudadanos que alertaba de muertes indignas en los geriátricos y que se llevaba mal con el consejero Ruiz Escudero.
Burgueño ha contado que recibía órdenes de Mur de Víu y de José Luis Morillo, un doctor adscrito a los servicios centrales del Sermas, la sanidad pública madrileña. Se suponía que iban a curar ancianos, pero su función principal acabó siendo un estudio de campo sobre las necesidades de las residencias. “Yo por las noches redactaba el informe y se lo enviaban al responsable, el doctor Morillo”, ha dicho.
―¿Sirvió para algo?, le han preguntado.
―Con que salváramos a uno yo ya me doy por satisfecha, ha respondido.
Durante su declaración, ha negado que existiera un contrato con la Comunidad de Madrid para medicalizar las residencias, pero EL PAÍS ha accedido a ese documento. Lo firmó digitalmente Mur de Víu. Burgueño se lo envió por correo a la empresa de ambulancias a la que ella contactó, Transamed. El contrato encarga a dicha empresa “la gestión integral de la crisis del covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid”. El texto dice que debido a la situación de emergencia por la crisis “no se ha formalizado contrato según normativa vigente”.
Según Burgueño, era un documento para dar garantías al gerente de la empresa de ambulancias, Eduardo Aragonés. “Le mando [a Aragonés] un documento para que esté tranquilo. Como amigo”, ha dicho Burgueño. “Carlos Mur me lo firma para el banco para que él esté tranquilo. No le mandé ningún contrato en nombre de la Comunidad de Madrid. Estaba preocupado este chico por cómo nos van a pagar”.
Burgueño no cobró. Tampoco los sanitarios de Transamed, que la han demandado.
La de este viernes ha sido la cuarta sesión con testigos en la comisión de investigación regional. Durante al menos 10 meses más deberían pasar por la Asamblea muchas figuras clave en la gestión de la crisis: la presidenta Ayuso, los consejeros Reyero y Escudero o el exdirector general Carlos Mur de Víu.
¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con el reportero de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o mándale un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado
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