Enrique López: “A diferentes formas de gestionar no se le puede llamar enfrentamiento”

Enrique López (León, 56 años) consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, pasa por ser una de las voces más influyentes en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Fichado por la presidenta desde la judicatura, donde ejerció en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, este juez vivió gran parte de su carrera vinculado al PP, al que debe algunos de sus cargos más relevantes, y de polémica en polémica. Ahora afronta un reto inesperado: la gestión de la pandemia del coronavirus.

Pregunta. Se le describe como una persona muy conservadora, y uno de los dos consejer...

Enrique López (León, 56 años) consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, pasa por ser una de las voces más influyentes en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Fichado por la presidenta desde la judicatura, donde ejerció en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, este juez vivió gran parte de su carrera vinculado al PP, al que debe algunos de sus cargos más relevantes, y de polémica en polémica. Ahora afronta un reto inesperado: la gestión de la pandemia del coronavirus.

Pregunta. Se le describe como una persona muy conservadora, y uno de los dos consejeros a los que más ha escucha Díaz Ayuso, junto al de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. ¿Se siente reflejado en el retrato?

Respuesta. Aunque algunos me consideran conservador tirando a ultraconservador, yo nunca me he considerado así. Yo soy un liberal conservador. Me gusta ser resolutivo. Gran parte de los muchos problemas que he tenido en la vida, desde el punto de vista político, han sido por mi sinceridad. Sinceridad ideológica y de planteamientos. Nunca he evitado hablar con claridad. Y eso, en una sociedad de grises, a veces de perfiles difuminados, te cuesta algún que otro disgusto. Pero soy así. No voy a cambiar. Y menos a mi edad.

P. ¿Cuáles fueron esos problemas?

R. Cuando fui portavoz del Poder Judicial, en la prehistoria, me pronuncié de manera clara en temas que ya son historia, pero que me causaron muchos disgustos. Eso me granjeó un grado de enfrentamiento con el Gobierno que hizo muy fácil decir que ayudaba a la oposición, y ahí me vincularon con el PP, no solo porque fuera el que me propuso para ser vocal del Consejo, y posteriormente magistrado del Constitucional, sino diciendo que abiertamente yo era un elemento activo en la colaboración con el PP. Contaré una anécdota. Roberto García Calvo [juez conservador del Constitucional] me dijo: ‘cuando lleves tres editoriales de EL PAÍS y alguna portada, podrás ser mayor de edad’. Le he superado con creces.

P. Entró en política en agosto de 2019, precedido precisamente por las noticias de su vinculación al PP y a FAES, que le valió ser apartado de los casos Gürtel o Bárcenas; o por la polémica al dar positivo en un control de alcoholemia, en 2004, estando en el Constitucional. ¿Se arrepiente de haber dado el paso?

R. Si hubiera sido ahora magistrado de la Audiencia Nacional me habría pasado tres meses con poco trabajo. Estaría en casa disfrutando de mi familia. He estado en muchos frentes, el 112, en las morgues, en Ifema… y afortunadamente no me he contagiado. Lo otro [el positivo] está superado, está muy por encima de mi pasado. Soy un servidor público.

P. Se acaba de integrar en la estructura de un partido. ¿Cómo digirió que el PP votara en contra del decreto para evitar el colapso de la justicia que había negociado usted con el ministro Juan Carlos Campo?

R. Las grandes líneas de la reforma las llegamos a acordar, pero nunca llegué a leer el decreto escrito, en el que había cosas que desde el PP considerábamos que no podíamos apoyar. Incluido yo. No cabe mayor lealtad política que haber colaborado en la elaboración del plan y decir antes (de la votación) que el resultado no nos parece adecuado.

P. Ese intento de colaboración es una excepción en la confrontación continua del Gobierno de Madrid con el central. ¿Por qué apuestan por esa estrategia?

R. Niego la mayor. A diferentes formas de gestionar no se le puede llamar enfrentamiento.

P. Díaz Ayuso ha criticado con los términos más duros la política fiscal, económica, exterior y educativa de Pedro Sánchez. ¿No es eso un enfrentamiento continuo?

R. Estamos ante dos formas de gobernar que distan mucho en lo ideológico. Confrontamos ideas y formas de gestión.

Si la Comunidad no logra que Sanidad le dé un informe de por qué no ha pasado de fase, y la simple presentación de un recurso tiene como consecuencia que se formalice ese informe, quien está demostrando que no se estaba comportando de una manera muy objetiva es el Gobierno

P. Madrid ha acudido al Tribunal Supremo para pedir los criterios de pase a la fase 1 cuando no obtendrá respuesta, probablemente, hasta mucho después de que ya haya terminado la desescalada. ¿De qué sirve eso? ¿No es filibusterismo jurídico?

R. A los tribunales no hay que tenerles miedo. Tampoco hay que abusar de ellos, ni usarlos de manera torticera. Ninguno de los dos sentimientos ha guiado al Gobierno de la Comunidad a la hora de poner este recurso. Cuando el Gobierno de la nación impugna una resolución de la Unión Europea no se está enfrentando a Europa, está defendiendo intereses de los españoles. Esto es lo mismo. No es un enfrentamiento con el Gobierno. ¿Qué pretendemos con este recurso, que efectivamente se verá en unos meses? Lo que buscamos es lo que ya estamos consiguiendo en este momento: que el procedimiento de desescalada se someta a una transparencia en la objetivación de las causas que determinan cuándo pasa una Comunidad y otra no.

P. Acaba de decir que, gracias a registrar el recurso, Madrid ya ha conseguido uno de sus objetivos, más transparencia.

R. Sin lugar a duda. De eso no me cabe menor duda.

P. ¿No es eso reconocer, precisamente, que Madrid está usando al Supremo como palanca para presionar al Ejecutivo central y conseguir fines políticos que no tienen que ver con la causa?

R. En absoluto. Si la Comunidad no logra que Sanidad le dé un informe de por qué no ha pasado de fase, y la simple presentación de un recurso tiene como consecuencia que se formalice ese informe, quien está demostrando que no se estaba comportando de una manera muy objetiva es el Gobierno.

P. En nueve meses, la Comunidad ha abierto tres litigios, dos en la Audiencia, y este en el Supremo, contra el Gobierno central. ¿No es eso confrontar?

R. El recurso a la justicia es la última reacción. Antes siempre hay contactos. Es mejor no establecer comparaciones con otras Comunidades que acuden con más asiduidad al Supremo y el Constitucional.

P. En los tribunales también puede acabar la gestión de las residencias, con 6.000 muertos. ¿Temen las consecuencias de las querellas y las investigaciones abiertas por la Fiscalía?

R. No creo que nadie tenga que estar preocupado por ningún tipo de responsabilidad penal en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Como cualquier Administración, hemos gestionado, y en la gestión hay aciertos y errores. Cuando hablamos de responsabilidad penal, estamos hablando de imprudencia grave, que causa muertes. Por eso insisto: mucho cuidado en el uso de las querellas.

P. ¿Y la responsabilidad política?

R. Esa responsabilidad habrá que determinarla, como si ha habido o no mala gestión. No sé si la gestión ha sido la correcta, o no, pero ha sido la adecuada a las circunstancias de cada momento. Y en cada momento hemos provisto de los recursos que teníamos para proteger a nuestra población. Tengo la conciencia muy tranquila, y creo que todo el equipo de la Comunidad debe tenerla. Confiamos en la Fiscalía investigadora, aunque esté al frente la anterior ministra de Justicia del Gobierno socialista [Dolores Delgado].

P. Cs, su socio de Gobierno, ha chocado con el PP por la gestión de las residencias, entre otros asuntos, y también critica que Díaz Ayuso confronte constantemente con el Gobierno.

R. Leo todas las entrevistas que hacen mis compañeros consejeros y nunca he visto nada relacionado con el enfrentamiento con el Gobierno.

P. “Pediría liderazgos desde la moderación; lo otro es caudillismo”, dijo en entrevista con EL PAÍS Ángel Garrido, consejero de Transportes por elección de Cs. ¿No se estaba refiriendo a la presidenta?

R. No voy a reinterpretar lo que dijo. En un órgano colegiado como un Gobierno hay un presidente que ejerce el liderazgo. ¿Caudillismo? Nuestra presidenta, ni por edad, ni por convicción, ni por ideología, lo puede ejercer.

Lo importante de un Gobierno es lo que hace, no lo que dice

P. ¿Ha entendido Cs que solo puede haber un presidente?

R. Creo que sí.

P. Ignacio Aguado discrepa con Ayuso constantemente.

R. Lo importante de un Gobierno es lo que hace, no lo que dice.

P. Una de las cosas que ha hecho el Ejecutivo ha sido nombrar como gerente del 112 a una persona sin experiencia, Ángeles Pedraza. Tras la pandemia, ¿se arrepiente de no haber contado con una especialista?

R. Desde que decretamos el nivel 2 del plan territorial de protección civil, antes de que el Gobierno declarara el Estado de alarma, me puse al frente, delegando la gestión técnica en mi viceconsejero, Carlos Novillo, y la del 112 en Ángeles Pedraza. Ellos, junto con todo el equipo, han funcionado con una eficacia impresionante.

P. No ha contestado.

R. He contestado. Estoy orgulloso del trabajo de todos, incluida Ángeles Pedraza.