Madrid atribuye al virus la muerte de 4.260 residentes en centros de ancianos y personas con discapacidad
La gran mayoría son víctimas no incluidas en el balance que da el Ministerio de Sanidad porque murieron sin diagnóstico
La Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de que 4.260 personas usuarias de residencias de la región han muerto entre el 8 de marzo y hoy con Covid-19 (781) o teniendo síntomas de esa enfermedad (3.479). Otras 490 fallecieron por otras causas. Ese balance, que suma datos de centros para personas mayores, con discapacidad o enfermedad mental, no solo resume el horror vivido en unas instalaciones en las que vivos y muertos han llegado a compartir espacios mientras el personal les atendía sin casi medios de protección. Los datos también indican que las estadísticas oficiales de fallecido...
La Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de que 4.260 personas usuarias de residencias de la región han muerto entre el 8 de marzo y hoy con Covid-19 (781) o teniendo síntomas de esa enfermedad (3.479). Otras 490 fallecieron por otras causas. Ese balance, que suma datos de centros para personas mayores, con discapacidad o enfermedad mental, no solo resume el horror vivido en unas instalaciones en las que vivos y muertos han llegado a compartir espacios mientras el personal les atendía sin casi medios de protección. Los datos también indican que las estadísticas oficiales de fallecidos por el virus que reporta a diario el Ministerio de Sanidad no reflejan la realidad, porque solo incluyen los diagnosticados: así, la cifra de 5.586 en la región de Madrid no incluye a los 3.479 con síntomas de este balance que ayer anunció Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad, para las residencias públicas, privadas y concertadas.
Ese nuevo conteo se refiere a 711 residencias sociosanitarias de la región y no detalla cuántas muertes corresponden a las 475 que son de mayores (donde vivían a principios de marzo algo más de 52.000 residentes). Pero teniendo en cuenta los anteriores datos del Gobierno regional, es probable que la gran mayoría de las víctimas se hayan producido en esos centros de personas más vulnerables al virus por su elevada edad. Este dramático impacto es visto por muchos como una prueba más de que la respuesta de las autoridades autonómica y central para proteger a los mayores es insuficiente. “Es descorazonador. Pasan los días y no llega la ayuda”, critica el secretario general de la patronal Aeste, Jesús Cubero.
Lo lógico en circunstancias normales, aseguran, es evacuar a los enfermos con rapidez de unas instalaciones que no tienen equipos médicos para atenderles. Pero en medio de la catástrofe, con hospitales al límite, las residencias han sido relegadas. Los criterios de ingreso en las UCI dan prioridad a las personas según sus posibilidades de sobrevivir. Relegadas, la solución para las residencias pasaba por “medicalizarlas”, es decir, dotarlas de más enfermeros, médicos y material médico clave para salvar vidas. Ese anuncio lo hizo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, tan pronto como el 12 de marzo, pero no se ha cumplido. “Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”, dijo entonces en una nota de prensa la Comunidad de Madrid.
Por entonces pocos parecían ser conscientes de que las residencias podían ser una trampa mortal. La Comunidad había publicado un protocolo de aislamiento para evitar que mayores sanos se contagiaran y también pidió restringir las visitas a las estrictamente necesarias. Pero pronto quedó claro que esas medidas no funcionaban. Las alarmas saltaron el 17 de marzo, cuando familiares y trabajadores filtraron a los periodistas que la residencia madrileña Montehermoso tenía al menos 19 muertos por posible coronavirus. En los días siguientes se supo que el virus se estaba extendiendo por muchos otros geriátricos.
“Sólo hemos recibido protocolos y más protocolos pero ¿y los recursos?”, le escribía a este periódico una trabajadora desesperada que pedía anonimato para no arriesgar su empleo. “Hemos tenido que buscarnos la vida con la ayuda del personal y de familiares de trabajadoras, por ejemplo confeccionando mascarillas caseras de tela”.
Cuando ya era claro que muchas residencias estaban zozobrando, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció un “plan de choque”, el 26 de marzo. Consistía en dar un mando único de las residencias a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, del PP, su partido, restándole poder al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos. Lo más llamativo era la “intervención” de las residencias privadas en situación crítica por parte de la Comunidad.
“Fracaso”
En la práctica esa medida ha sido una gran decepción, según múltiples voces: ha consistido en que un funcionario (directores de centros de día o centros de jubilados) visite durante unas horas el centro, tome nota de las necesidades y asista al personal, en algunos casos haciendo llamadas a familiares para tranquilizarles. Solo 13 residencias de mayores han sido objeto de esta intervención, que ha dejado fuera a decenas de centros en apuros, según sindicatos y patronal. “No ha servido de nada. Es una medida nominal, un fracaso”, critica Cubero, de la patronal Aeste.
Algo de alivio ha comenzado a llegar en días recientes. La última medida de la Comunidad ha sido habilitar dos hoteles en la capital con 90 plazas para acoger a personas mayores procedentes de residencias de la región, protegiéndoles del contagio tras dar negativo en un test. Según el Ejecutivo, les acompañará una plantilla de 50 personas que incluirá personal sanitario propio.
La mayoría de residencias empezó a recibir guantes y mascarillas el jueves y viernes de la semana pasada, según UGT. También son ahora frecuentes las fumigaciones de la Unidad Militar de Emergencias y los bomberos. Además, muchas familias angustiadas por la falta de acción y la opacidad de muchas residencias se han llevado a los abuelos a casa.
Por eso y por las muchas muertes, hay centros que se están quedando semivacíos. También porque no encuentran personal. Muchos están de baja y no hay manera de reemplazarlos. “La gente dice ¿nos vamos a jugar la vida por 900 euros al mes? Está complicado”, dice la Secretaria de Dependencia e Intervención Social de UGT Madrid, Margarita Domínguez.
“No hay avances”, valora la Secretaría de Política Social y Diversidad de Comisiones Obreras. “Los apoyos llegan con cuentagotas o no llegan y los problemas siguen siendo los mismos, pero incrementados porque pasan las semanas, las plantillas que quedan cada vez están más mermadas física y emocionalmente”.
Tampoco llegan los respiradores y pocos los esperan. Ayuso dijo en una entrevista en la Cadena SER la semana pasada que primero serán destinados a las UCI y “en un futuro” a las residencias.
Decenas de familias han escrito a este periódico para denunciar esta situación que muchos consideran “inhumana”. María Villanueva, que tiene a sus padres en la residencia González Bueno, lamenta como muchos la falta de consideración con personas vulnerables que hicieron un sacrificio. “Están dejando morir a quienes sufrieron una guerra y posguerra y consiguieron sin apenas estudios que nosotros tengamos muchas de las cosas de las que disfrutamos a todos los niveles”.
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