La jueza ve prescritas siete denuncias de abuso sexual en un colegio de Vigo pero alerta a la Policía

El pasado agosto varias exalumnas del colegio privado concertado Labor de Vigo acusaron al director del centro durante 35 años e hijo de los fundadores, Sergio S.C., de haber abusado sexualmente de ellas cuando eran menores. Lo hicieron después de que otra antigua estudiante, ...

El pasado agosto varias exalumnas del colegio privado concertado Labor de Vigo acusaron al director del centro durante 35 años e hijo de los fundadores, Sergio S.C., de haber abusado sexualmente de ellas cuando eran menores. Lo hicieron después de que otra antigua estudiante, la artista Lolita Watson, publicase en su cuenta de Instagram su escabroso testimonio para protestar por la concesión por parte del Ayuntamiento de la ciudad del título de Vigués del Año a su supuesto agresor.

El exdirector, ya anciano, no ha sido juzgado: la jueza hace constar en el auto que ha archivado las denuncias de las exalumnas por haber prescrito antes de la aprobación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como Ley Rhodes, que, entre otras cosas, establece que los delitos contra menores tardan más en prescribir y plantea además crear una nueva figura en los colegios, la del coordinador de bienestar y protección.

La magistrada aclara en el auto que, con el objetivo “de proteger a otros menores en eventual situación de riesgo”, ha informado a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de que hay varias mujeres que dicen haber sufrido abusos sexuales cuando eran niñas por parte de la misma persona que puede seguir formando parte del colegio.

Junto a ello, destaca que los delitos de abusos sexuales llevan aparejadas penas de dos a seis años de prisión y que que al haberse producido los hechos como muy tarde en el año 2010, los supuestos habrían prescrito. Asimimo, explica que no puede aplicarse la nueva ley de protección del menor, que amplía el plazo de prescripción de los delitos graves. Según la nueva norma, el tiempo empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años, y no los 18 que marcaba la ley anterior, con lo que estos delitos no prescribirán, al menos, hasta que el denunciante tenga 40 años. La jueza señala que cuando entró en vigor “el investigado ya había ganado la prescripción del delito a su favor”.

Cambios en el colegio

El auto, contra el que cabe presentar recurso, ha movilizado a las víctimas. “Nos han dado una respuesta: el abuso ha prescrito, pero el daño sigue ahí”, afirman a través de una petición abierta en change.org en el que, además de reclamar que le retiren al centro el reconocimiento de Vigués del Año, el actual director “adopte las medidas necesarias para proteger a actuales y futuros” niños y niñas del colegio.

Las demandantes coinciden en sus relatos. Señalan que el exdirector “actuaba” mientras estaban “a solas con él”, cuando se ofrecían a ayudar con tareas del colegio o cuando se lesionaban en el recreo. “Se encargaba de hacer las curas aunque no tuviera formación específica para ello. Era amable, simpático, nos decía cumplidos, nos ofrecía dulces... así se ganaba nuestra confianza para después, en ocasiones, establecer contacto físico o verbal inapropiado”, añaden.

Las denunciantes señalan que les han informado ahora de que ha habido cambios en el centro: “Se ha impartido una formación sobre la prevención del abuso infantil y se han modificado las personas que entrañaban riesgo y que ocupaban algunos cargos”. No obstante, siguen reclamando que se investiguen sus denuncias para esclarecer lo sucedido. “Pedimos que se haga justicia sobre todo con el personal implicado. El abuso sexual infantil no puede quedar impune”, insisten.