Las víctimas del Alvia llevan a los tribunales al Gobierno y al comité que investigó el accidente
Los afectados denuncian que ambos organismos han incumplido directivas comunitarias que les obligaban a realizar una investigación independiente
La Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 que aglutina a la mayoría de afectados por el accidente que en 2011 acabó con la vida de 80 personas en Angrois (Santiago) ha presentado este jueves en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una demanda contra el Ministerio de Transportes y contra la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). La demanda se presenta después de que el pasado mes de marzo el ministerio desestimase la...
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La Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 que aglutina a la mayoría de afectados por el accidente que en 2011 acabó con la vida de 80 personas en Angrois (Santiago) ha presentado este jueves en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una demanda contra el Ministerio de Transportes y contra la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). La demanda se presenta después de que el pasado mes de marzo el ministerio desestimase la petición de renovar a parte de los miembros del comité investigador pese a la apertura por parte de la Comisión Europea de un expediente sancionador contra España por haber incumplido directivas comunitarias en esa investigación y haber reclamado en varias ocasiones al Gobierno una evaluación “independiente”·
Con esta actuación judicial la plataforma recurre la desestimación por silencio administrativo de su solicitud a la CIAF para que realice una nueva investigación del accidente “conforme al procedimiento legalmente establecido, incluyendo el trámite de audiencia a los interesados, con garantía del cumplimiento de los principios de imparcialidad, independencia y objetividad y subsanándose en cualquier caso la totalidad de deficiencias puestas de manifiesto en el Documento de Asesoramiento de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA)”. Asimismo recurre la desestimación de nueva investigación reclamada al Ministerio del Transportes.
“Dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestra democracia que aún no se haya puesto en marcha la investigación independiente que ha solicitado la UE reiteradamente”, sostienen los afectados que consideran “cuanto menos vergonzante” que el ministro José Luis Ábalos, que aseguran lleva dos años y medio “ninguneándolos”, insista en que tiene “respeto a las víctimas siempre” y, por lo tanto, que el Gobierno “con esa sensibilidad” antepondrá “siempre la aclaración de estas circunstancias”.
En lo que respecta a la actuación de la CIAF, la plataforma denuncia que está realizando “una grave dejación de funciones” y que falta al “obligado cumplimiento de la directiva europea. " El señor Ábalos no puede eludir su responsabilidad y debe seguir los dictámenes de la UE”, afirman los afectados, recordando que la ley del sector ferroviario “permite al ministro cesar a los miembros de la CIAF y crear una nueva comisión de investigación técnica independiente” como ellos demandan “para conocer la verdad y para que se puedan mejorar la seguridad ferroviaria española y europea”.
Los afectados aluden al informe elaborado por la ERA que concluye que el Gobierno “no cumplió con la obligación de investigar la tragedia conforme a las Directiva de Seguridad 49/2004″ y que no analizó las causas de raíz “precisamente aquellas que afectan al propio ministerio, Adif y Renfe”, por lo que insta a abrir una investigación “que cumpla con los requisitos de independencia, objetividad y de audiencia a víctimas y familiares”.
La semana pasada se confirmó el cierre definitivo de la investigación del juzgado de instrucción número 3 de Santiago por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña. Los dos imputados, el maquinista, Francisco Garzón, y el exjefe de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte, irán a juicio para determinar si son responsables de 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave. Y esta misma semana la plataforma de víctimas envió una carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para exigirle “que cumpla con su palabra” y cese a Cortabitarte del cargo de libre designación. Pardo de Vera y Ábalos se comprometieron ante las víctimas en 2018 a cesar a Cortabitarte en cuanto la imputación fuese firme.