El PSOE de Castilla-La Mancha ofrece al PP un pacto para mantener las medidas de igualdad en los municipios que gobierne con Vox

El PSOE de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que el PP y Vox gobernarán en coalición tres capitales de provincia y varias grandes ciudades, se ha ofrecido al partido de Alberto Núñez Feijóo para “blindar” las políticas de Igualdad en esos ayuntamientos. El presidente castellano-manchego, ...

El PSOE de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que el PP y Vox gobernarán en coalición tres capitales de provincia y varias grandes ciudades, se ha ofrecido al partido de Alberto Núñez Feijóo para “blindar” las políticas de Igualdad en esos ayuntamientos. El presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page, amenaza además con retirar las subvenciones autonómicas dirigidas a la lucha contra la violencia machista a las corporaciones reacias a acatar esas normativas.

La carta enviada por el PSOE censura “los primeros golpes en políticas de igualdad” que se están produciendo y, para remediarlos, plantea “evitar los retrocesos que le están exigiendo desde Vox” y ofrece los votos socialistas en esos ayuntamientos, “sin contraprestación”, para “blindar las políticas de igualdad”. Es decir, que el PP, si quiere sacar adelante políticas de igualdad, lo haga apoyándose en los votos del PSOE, para no depender en ese asunto de sus socios de Vox. A cambio, exige mantener siete ejes de las políticas de igualdad. Las medidas abarcan desde lo presupuestario a lo simbólico, aluden al tratamiento de la violencia machista y conllevarían “un pacto regional por la igualdad y la diversidad” para “evitar retrocesos y daños irreversibles”.

El único Ejecutivo autonómico de coalición PP-Vox ya en funciomiento, el de Castilla y León, lleva un año impulsando medidas criticadas duramente por los colectivos feministas. En esa comunidad, además, los nuevos gobiernos municipales salidos de las elecciones del 28-M en Valladolid y Burgos, con idéntica coalición entre derecha y extrema derecha, ya han anunciado acuerdos de gobernabilidad que implican la desaparición del departamento de Igualdad.

Estas son las siete líneas rojas planteadas por el PSOE en su oferta de pacto al PP en Castilla-La Mancha, y lo que al respecto ha hecho en el último año el Gobierno de PP y Vox en Castilla y León:

1. Mantener, al menos, los Presupuestos destinados a igualdad, lucha contra todo tipo de discriminación y diversidad en las mismas cantidades y al mismo nivel de ejecución que se han desarrollado en los últimos años.

Los Presupuestos de Castilla y León, los primeros entre PP y Vox, tienen repartidos entre sus consejerías la ejecución de medidas relacionadas con Igualdad, sin un departamento específico. Así, resulta complicado calibrar si se ha producido una rebaja notoria en esas partidas. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), insiste en “no dar ni un paso atrás contra la violencia machista”, pese a tener como aliado a un negacionista de esa violencia: Juan García-Gallardo (Vox). Castilla y León ha conservado la ley de violencia de género y aún no ha avanzado en la paralela “ley de violencia intrafamiliar” que aceptó en sus compromisos firmados con Vox en 2022. La Consejería de Empleo (Vox) sí ha recortado recursos para sindicatos y ha eliminado los fondos para el favorecimiento laboral de las mujeres maltratadas.

2. Mantener las concejalías de Igualdad, sin cambiarles el nombre ni el estatus y sin diluir sus competencias.

Valladolid y Burgos ilustran este cambio nominativo. Ambas urbes han perdido su área de Igualdad tras el 28-M. En el primer caso, el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), aseguró que se integraría en Servicios Sociales, donde destacan el área de Mayores pero no se alude a “Mujer”. Su socia, Irene Carvajal (Vox), justificó esa ausencia en aras de “igualdad efectiva no entre hombres y mujeres sino entre todas las personas y transversal entre todas las concejalías”. La exconcejala del ramo, Victoria Soto, suspira: “Lo que no se ve, no existe”. La última responsable burgalesa de esa parcela, Estrella Paredes, critica la vaguedad con la que se habla de estas políticas en el nuevo reparto: “Incorporación de la perspectiva de familia tanto en gestión municipal como en normativa”, señala el pacto PP-Vox.

3. Mantener en su integridad las políticas contra la violencia de género (incluidas las campañas públicas de concienciación), las casas de acogida, las políticas de proximidad de la policía local, etcétera.

Las exconcejalas Soto y Paredes critican que en lo local desaparezcan proyectos feministas o de apoyo a las maltratadas. La vallisoletana cita un centro integral de igualdad donde se impulsan salidas laborales para las usuarias, dotando así de independencia económica o social para las víctimas o potenciales víctimas. Su exhomóloga teme perder las casas de acogida o “pisos de tránsito” para ellas, los convenios con la Policía local [ahora dirigida por Vox] o subvenciones y apoyo a asociaciones que ayudan a las mujeres y trabajan por la concienciación social.

4. Mantener los actos de repulsa públicos (manifiestos condenatorios, minutos de silencio, concentraciones.) siempre que haya una víctima del machismo. Así como mantener a los Ayuntamientos en el Pacto Estatal contra la violencia de género.

El sello extremista de Vox, de momento, se aprecia más en lo verbal y simbólico que en lo legislativo en Castilla y León. Los minutos de silencio por las asesinadas se convocan por “la trágica muerte” o “la mujer muerta” o se emiten mensajes de condena sobre “todo tipo de violencia en el ámbito familiar”. El vicepresidente, Gallardo, ha exclamado en sede parlamentaria que hay “desalmadas” que utilizan “incentivos perversos” para aprovecharse de las legislaciones feministas y quedarse con la custodia de sus hijos. El alto cargo defiende “hacer todo lo posible para que se hable de violencia intrafamiliar y no violencia de género”.

5. Mantener las celebraciones y los actos programados en el día contra la violencia de género, el 25 de noviembre, y el día de la mujer, el 8 de marzo, y el día del Orgullo LGTIQ+, el 28 de junio.

Vox también preside las Cortes de Castilla y León y ha vetado, como se hacía históricamente incluso con mandos del PP, iluminar el edificio con los colores LGTBIQ+ en la fecha del Orgullo. El argumento fue que solo lo harían en conmemoraciones de “colectivos favorecidos”, si bien sí lo hicieron con la bandera de España el día de Santiago. Soto teme que, pese a haber dejado “todo preparado y comprado” para unos actos conmemorativos el día del Orgullo, la nueva corporación rechace hacer nada específico. Paredes duda de la continuidad de campañas orientadas a los jóvenes para identificar comportamientos machistas o situaciones de control en las relaciones: “Quizá les moleste”.

6. Mantener, al menos, el presupuesto y las actividades vinculadas al Plan Corresponsables financiado por el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha (aulas matinales, campamentos estivales, ayudas a la conciliación etcétero).

Victoria Soto destaca la escasa aportación autonómica en los fondos comprometidos contra la violencia machista, 47.000 euros que aún no ha llegado; el Gobierno central abonó unos 160.000, duplicando la partida anterior, para favorecer las campañas de sensibilización. “En este año y medio nunca me he reunido con la Dirección General de la Mujer, ese es el modelo”, apostilla. Estrella Paredes señala cómo se ha quedado por el camino una ordenanza de prostitución, un protocolo de coordinación con la gerencia de Servicios sociales y otro para vigilar junto a la Policía local posibles casos de niños víctimas de violencia vicaria. Vox va a gestionar la seguridad en ambas ciudades y ambas auguran el retroceso en estas iniciativas.

7. Mantener las ayudas a asociaciones y colectivos que luchan por la igualdad y desarrollan actividades en pro de una sociedad más justa y más libre desde las asociaciones de mujeres o las asociaciones LGTBIQ+.

La exconcejala burgalesa reitera que “cuesta muchísimo avanzar” y que todo lo logrado “se puede borrar si no se insiste en el refuerzo de mensajes positivos tendentes a la consecución de la igualdad y el respeto”. Soto ve muy triste que corran peligro talleres como el de educación sexual, muy valorados por alumnado, profesorado y familias “ante el crecimiento de la pornografía”. La exedil recuerda cómo los ultras promovieron retirar cursos de ese tipo por “adoctrinar” a los menores.

La presidenta del colectivo igualitario Fundación Triángulo en Castilla y León, Yolanda Rodríguez, habla con dureza: “La Junta apenas tiene líneas para financiar temas LGTBI, solo con subvenciones del IRPF se pueden presentar proyectos, pocos y mal valorados, porque en la convocatoria de esas subvenciones apenas se valora y se explicita acciones para las personas LGBTI”. Triángulo ha dejado de presentar algunos proyectos: “¿Para qué trabajar en balde?”.