El presidente del Senado, Ander Gil, ha requerido a Alberto Núñez Feijóo, senador por designación autonómica y líder del PP, para que antes del 4 de julio actualice su declaración de bienes y rentas registrada en mayo de 2022 en la Cámara alta. Un documento en el que no figura cuánto dinero cobra como presidente del Partido Popular. Gil responde así a un escrito presentado por el PSOE, este mismo lunes, en el que solicitaba que se obligase a Feij...

El presidente del Senado, Ander Gil, ha requerido a Alberto Núñez Feijóo, senador por designación autonómica y líder del PP, para que antes del 4 de julio actualice su declaración de bienes y rentas registrada en mayo de 2022 en la Cámara alta. Un documento en el que no figura cuánto dinero cobra como presidente del Partido Popular. Gil responde así a un escrito presentado por el PSOE, este mismo lunes, en el que solicitaba que se obligase a Feijóo a hacer públicas las cantidades que percibe en virtud de su cargo como líder de su formación. “Los senadores tienen la obligación de cumplimentar tanto las declaraciones de actividades como las de bienes y rentas, no solamente al inicio de su mandato y al finalizar el mismo, sino también cuando se produzca una modificación de las circunstancias inicialmente declaradas, contando para ello con un plazo de treinta días naturales desde que se produzca dicha modificación”, razona Gil en la respuesta emitida este martes. El presidente del Senado da de margen hasta el día 4 a Feijóo para que presente la modificación de su declaración y refleje la cantidad percibida del partido, que la dirección popular califica de “gastos de representación”.

La polémica por el dinero que cobra del partido fue suscitada por el propio Feijóo cuando hace una semana reconoció en la Cadena SER, por primera vez, que cobraba dos tipos de remuneración —una en calidad de senador y otra añadida que percibe del partido—, algo que se omite en la documentación obligatoria sobre ingresos que el expresidente de la Xunta depositó en las Cortes en mayo de 2022, cuando entró en la Cámara alta. Hasta ahora, Feijóo insistía en que solo tenía obligación de actualizar la declaración una vez que dejase de ser senador, después del 17 de agosto, cuando está previsto que se incorpore al Congreso. De esta forma, Feijóo evitaba “rendir cuentas”, como le pedía el PSOE, antes de la cita en las urnas del 23-J.

Según el artículo 26 del Reglamento del Senado, y conforme al artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los senadores “están obligados a formular” una declaración de actividades y otra de bienes patrimoniales. El mismo precepto, en su apartado 2, explicita: “Ambas declaraciones deberán formularse al iniciar su mandato, como requisito para la perfección de la condición de senador y, asimismo, en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición o de la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”. El PP se acogía así a la primera acepción del artículo 26.2. del reglamento (”en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición”).

El 25 de mayo de 2022, cuando Feijóo tomó posesión del acta como senador autonómico en la Cámara alta, presentó sendos documentos. En el primer formulario, indicó que prestaba una actividad “por cuenta ajena” como “presidente del Partido Popular”. Pero, en el documento sobre los bienes, no se contemplaba aún la retribución que percibe como tal, según ha declarado él mismo. Unas remuneraciones que fuentes de la dirección nacional del PP califican de “gastos de representación” y que reiteran que serán actualizadas cuando Feijóo abandone el acta de senador.

El presidente del Senado fundamenta su argumentación en que la situación económica de Feijóo no es la reflejada en la declaración depositada, en base al artículo 26 del Reglamento y al 160 de la LOREG. “Los diputados y senadores, con arreglo a las determinaciones de los respectivos reglamentos de las Cámaras, están obligados a formular declaración de todas las actividades que pueden constituir causa de incompatibilidad, conforme a lo establecido en esta Ley Orgánica y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir, como al perder su condición de parlamentarios así como cuando modifiquen sus circunstancias”, contempla la ley electoral. En la dirección del PP, tras el requerimiento de Gil, reiteran su negativa: “Es una carta que firma el presidente del Senado pero que ha escrito el director de campaña del PSOE. Los plazos legales son conocidos para un senador miembro de la diputación permanente”.

En 2017, los “gastos de representación” fueron de 763.720 euros

La denominación de “gastos de representación” por parte del PP no es nueva, pues desde tiempos del expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar se recoge como tal. Sin embargo, en el pasado se demostró que esos “gastos de representación” se abonaban en 14 pagas, incluyendo dos pagas extra, como suele ocurrir con los salarios al uso. Pablo Casado, el antecesor de Feijóo, expuso, en la declaración de rentas que registró en junio de 2019 en el Congreso, percibir del PP un sueldo de 47.720 euros netos, aparte de lo que recibía por su condición de diputado. Mariano Rajoy declaró entre 2006 y 2011 unos ingresos del partido de entre 146.000 y 200.000 euros brutos al año, según sus declaraciones de bienes a raíz del escándalo del caso Bárcenas, y de 50.000 euros brutos al año como diputado en el Congreso. La justicia estableció que José María Aznar cobró sobresueldos del PP y que lo hizo, al menos, en tres ocasiones cuando ya estaba al frente del Gobierno, una circunstancia que prohibía la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. “Resulta artificiosa”, señaló el juez en la sentencia, “la discusión planteada sobre si las tres percepciones que el actor percibió tras la toma de posesión como presidente del Gobierno son gastos de representación o sobresueldos, pues en todo caso no se ha negado por la parte actora que se trata de percepciones que se sumaban a las que ya percibía antes de ser presidente, lo que encaja más con la idea de sobresueldo”.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (el último disponible es de 2017), sobre el PP, indica que “en relación con la cuenta de ‘gastos de representación’, cuyo saldo al cierre de 2017 ascendía a 763.720,76 euros, se han revisado los justificantes de una muestra por importe total de 541.226,52 euros, consistentes, en su mayor parte, en unos recibos emitidos por el partido en los que figura el importe bruto y neto y la retención aplicada en concepto de IRPF. No se han podido comprobar las cantidades retenidas en una muestra de perceptores al no haber aportado el partido una copia íntegra del modelo 190 Declaración Informativa. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, lo que ha constituido una limitación al no poder verificar el desglose individual de las retenciones e ingresos a cuenta, como se señalaba en el Informe de fiscalización del ejercicio anterior [...]Dichos gastos de representación corresponden a retribuciones abonadas a cargos del partido, sin que figure formalizado el acuerdo sobre el importe a abonar”.

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