El Govern aprueba en plena campaña una oferta pública de empleo de 9.033 plazas
El Ejecutivo que lidera el republicano Pere Aragonès insiste en que se trata de un trámite ordinario
El Ejecutivo catalán aprobó este lunes una oferta pública de empleo de 9.033 plazas. La decisión, que llega en plena campaña electoral para las elecciones catalanas del 12 de mayo, incluye 918 plazas en los Mossos d’Esquadra. El Govern niega que se trate de un movimiento electoralista e insiste en que se trata de la oferta ordinaria para el año 2024 y que su contenido ya estaba pactado previamente con la Mesa de Trabajadores ...
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El Ejecutivo catalán aprobó este lunes una oferta pública de empleo de 9.033 plazas. La decisión, que llega en plena campaña electoral para las elecciones catalanas del 12 de mayo, incluye 918 plazas en los Mossos d’Esquadra. El Govern niega que se trate de un movimiento electoralista e insiste en que se trata de la oferta ordinaria para el año 2024 y que su contenido ya estaba pactado previamente con la Mesa de Trabajadores de la Generalitat.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, explicó que la cifra se deriva de la tasa de reposición del año anterior, es decir, el cálculo de diferencia entre altas y bajas de funcionarios. A esas plazas (6.476) hay que sumarles las derivadas del programa que busca reducir la tasa de temporalidad estructural a la Administración (1.657) más las de carácter específicas para el cuerpo de Mossos. Educación es la que se lleva más futuros puestos de trabajo, un total de 4.425.
En el Govern están tranquilos respecto a que el anuncio no sobrepasa las restricciones de la ley electoral, pues insisten en que se trata de hacer públicos los términos de una convocatoria ordinaria y que se había pactado con los sindicatos el pasado 22 de abril. Ese día, Función Pública les presentó el contenido de la oferta y se les aseguró que una vez pasara por el Consell Executiu se publicaría el calendario de los procesos selectivos correspondientes. Las elecciones fueron convocadas el pasado 18 de marzo
La Generalitat ya se ha enfrentado a cuestionamientos por parte de la Junta Electoral, tanto la central como las provinciales, por sobrepasar las restricciones sobre la neutralidad que fija la normativa electoral. La norma prohíbe a los poderes públicos, desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas, que celebren o financien actos “que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.
El equipo jurídico de la Generalitat, ante quejas del PP y del PSC, ha argumentado que el contenido de las ruedas de prensa posteriores al Govern no vulneran la normativa pues se trata de meras “actuaciones informativas necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios públicos”.
Ahí, precisamente, defienden que encajan no solo el anuncio de la oferta ordinaria de empleo público, así como otros acuerdos adoptados ayer, como el primer pacto laboral con los funcionarios de prisiones desde 2006 -un colectivo movilizado después de la muerte de una cocinera del centro de Mas Enric el pasado 14 de marzo- o el que revierte todos los recortes en Educación, con la inyección de 55 millones de euros para este ejercicio. “No ha sido fácil, pero hemos conseguido revertir todos los recortes”, se jactó el candidato president Pere Aragonès en un mitin en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
El Ejecutivo catalán ya había recibido una llamada de atención por parte de la Administración electoral, precisamente por la rueda de prensa en la que Plaja y la consejera de Economía, Natàlia Mas, presentaron la propuesta de financiación singular para Cataluña. La Junta Electoral consideró que ese mensaje era idéntico al que Esquerra Republicana defendía ya como reclamo en la precampaña para los comicios del 12-M pero no le impuso ningún tipo de correctivo.
Pero ahora la JEC sí ha dado un paso más allá y este martes anunció que abre un expediente sancionador contra el consejero de Salud, Manel Balcells. El PSC había presentado un recurso contra el miembro del Govern al considerar que violaba el principio de neutralidad electoral con una serie de visitas que hizo a centros sanitarios entre el 10 y el 22 de abril pasados. Bajo el anuncio de “visita de obras”, Balcells visitó entre otros el nuevo hospital de Viladecans (Barcelona), el CAP de Roquetes (Barcelona) o los centros de asistencia primaria de Torroella de Montgrí y Olot (Girona).
La JEC considera que con esas visitas “ha podido incurrir en las prohibiciones establecidas” y recuerda que está “prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos”. En su resolución, insta al titular de Sanidad a que durante el resto del periodo electoral “se abstenga de realizar actuaciones como las examinadas”. Balcells ya ha participado en varios mítines de ERC, como el del pasado viernes en Granollers (Barcelona).