“Discursos machistas”, “violencia contra la mujer”, “violencia intrafamiliar”: el surtido de los pactos de PP y Vox en Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana

Tres candidatos autonómicos del Partido Popular serán investidos presidentes de sus respectivas comunidades gracias al apoyo de Vox: Carlos Mazón, en la Comunidad Valenciana; Marga Prohens, en Baleares, y María Guardiola, en Extremadura. Mazón y Guardiola lo harán dando entrada a la formación ultra en su Ejecutivo, mientras que Prohens gobernará en solitario con un pacto programático. Pero las diferencias entre las alianzas no aca...

Tres candidatos autonómicos del Partido Popular serán investidos presidentes de sus respectivas comunidades gracias al apoyo de Vox: Carlos Mazón, en la Comunidad Valenciana; Marga Prohens, en Baleares, y María Guardiola, en Extremadura. Mazón y Guardiola lo harán dando entrada a la formación ultra en su Ejecutivo, mientras que Prohens gobernará en solitario con un pacto programático. Pero las diferencias entre las alianzas no acaban ahí. Los tres dirigentes populares han sellado sendos pactos con Vox, pero los textos guardan diferencias. El documento valenciano tiene 50 puntos; el balear, 110, y el extremeño, 60. Estas son algunas de las diferencias y semejanzas de los acuerdos suscritos:

Violencia machista. El primer documento, firmado en la Comunidad Valenciana, abrió la veda para que el PP cambiase el concepto de “violencia machista” por el de “violencia intrafamiliar”. Un término asumido también en otros pactos alcanzados en los ayuntamientos entre ambas formaciones, que redujeron, además, las medidas contra la violencia machista. Las críticas a esas políticas pactadas en los consistorios provocaron en Santiago Abascal la necesidad de defenderse del “bulo” de que Vox es un partido que no protege a las mujeres. Y desembocó en que el presidente de Vox haya utilizado posteriormente el término violencia machista en varias ocasiones. Ese viraje de los ultras se consumó este miércoles en Baleares con un nuevo concepto: “Violencia contra la mujer”. También se trabajará en Baleares para “erradicar los discursos machistas”. Una palabra que no se menciona en ningún momento en el escrito valenciano, pero sí en el extremeño, donde ni siquiera se mencionan las palabras “violencia machista”.

“Es un acuerdo en el que hemos intentado reflejar todo aquello que nos une y dejar a un lado aquello que nos separa”, ha sostenido este viernes Guardiola en rueda de prensa en Mérida, después de haber afirmado, hace unos días, que no podía ”dejar entrar” en su “Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. En el documento firmado en Extremadura, se ha utilizado la siguiente formulación: “Defenderemos los derechos de las familias. Trabajaremos para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.

Cambio climático. Hay varias menciones en los tres documentos, atendiendo a las especificidades de cada territorio. En Extremadura se habla de solicitar “una revisión de las políticas verdes y la PAC para evitar las pérdidas de producción y el sobrecoste que soportan nuestros productores” y “eliminar cualquier traba burocrática o legislativa en materia climática que afecte a la prosperidad del campo o la libertad de los extremeños”. Mientras que en Baleares se defenderá “la caza compatible con la conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad”, se aprobará una ley de costas “para garantizar la compatibilidad de las actividades económicas sostenibles ya existentes y necesariamente ligadas al litoral, como restaurantes de playa o chiringuitos” y se exigirá al Gobierno de España una modificación de la normativa en materia de costas y litoral”. Y en la Comunidad Valenciana no hay rastro de cambio climático.

En Baleares, la única alusión concreta se encuentra en el punto 42: la caza compatible con la conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad, facilitando a los cazadores el control de plagas y garantizando los mismos derechos y obligaciones que los del resto de comunidades autónomas.

Eutanasia. En Baleares se tocó un asunto que no se ha contemplado ni en la Comunidad Valenciana ni Extremadura: el derecho a la eutanasia. En las islas rige desde 2015 una ley autonómica de Derechos y Garantías de la Persona en el Proceso de Morir. Y ahora el PP y Vox quieren reformarla para asegurar “una asistencia sanitaria digna y el acompañamiento familiar, médico y espiritual de los enfermos, para defender la cultura de la vida frente a la eutanasia, como única salida al dolor”. En cualquier caso, por encima de esa norma está la ley de eutanasia aprobada por el Congreso de los Diputados en 2021, que está en vigor y no puede ser desobedecida por las autoridades autonómicas. En mayo de este año, el Gobierno paralizó una iniciativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que complicaba la aplicación de la ley de eutanasia a las personas con discapacidad.

Personas trans. El acuerdo PP-Vox no prevé medidas concretas que afecten al colectivo de personas trans ni en la Comunidad Valenciana ni en Extremadura. En Baleares, por el contrario, se anuncia una reforma de la ley autonómica sobre derechos de las personas trans para establecer limitaciones no previstas hasta ahora: por ejemplo, el acceso de mujeres trans a ámbitos de intimidad destinados a mujeres, como vestuarios y baños.

Cuestión lingüística. En cuanto a la política lingüística, en la Comunidad Valenciana el acuerdo incluye “la libertad de educación, la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas”. Esta medida puede implicar una reducción en la enseñanza del valenciano en el sistema educativo, dado que, como lengua minoritaria en el territorio, no compite en las mismas condiciones sociolingüísticas que el predominante castellano. Con la normativa actual, la familia del alumno puede elegir si este estudia en castellano o en valenciano, pero, elija lo que elija, ambas lenguas deben tener una presencia de al menos el 25% de las asignaturas.

En el caso balear, el pacto va más allá, pues las medidas lingüísticas no se circunscriben al ámbito educativo. En cuanto a la enseñanza, se establece también que “los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización [...] sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales”. Pero, además, PP y Vox —en cuyo pacto se hace una defensa expresa del “bilingüismo”— prometen modificar “las normas que supongan una imposición lingüística”, garantizar “que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública” y respetar el “derecho a que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas oficiales”. Algunos de estos cambios implicarán reformar la Ley 3/2003 de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma. Eliminarán la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y crearán la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística para “defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas”. En Extremadura no se da el bilingüismo.

Coincidencias. Los tres documentos prevén impulsar una “ley integral de familia” que incluye medidas prácticamente idénticas, incluso en la redacción del texto, como el fomento de la natalidad. También se introducen acciones contra la ocupación ilegal de inmuebles, la reducción de impuestos, la defensa de la unidad de España o la demandas en el sistema de financiación autonómico. Y eso a pesar de que Vox rechaza el modelo de Estado autonómico.