Un responsable de Emergencias dice a la jueza de la dana que guardó las imágenes de Mazón llegando al Cecopi “por precaución”
En su declaración como testigo, ha afirmado que el ‘expresident’ llegó con una comitiva de dos coches formada por personal de la Generalitat
Un responsable de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha revelado ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que “por precaución” guardó las imágenes del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón llegando al Cecopi, el órgano en L’Eliana (Valencia) que gestionó la tromba que dejó 229 muertos el 29 de octubre de 2024, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia. Asimismo, ha precisado que el popular accedió al edificio con una comitiva de dos coches con personal del Consell y que bajó de un vehículo con dos acompañantes.
Alfonso López de Vicuña, responsable de Seguridad e Infraestructuras del Centro de Coordinación de Emergencias, ha declarado este martes ante la instructora como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad. En su intervención, ha relatado que mantuvo el metraje que muestra al dirigente accediendo al dispositivo de crisis más de un mes, que es lo que fija la ley. Y que el popular llegó a la instalación con una comitiva de dos coches formada por personal de la Generalitat. La magistrada tiene en su poder una grabación que muestra a Mazón entrando en la instalación.
Tras un almuerzo de más de cuatro horas en el restaurante El Ventorro de Valencia y un paseo por el centro de la ciudad con la periodista Maribel Vilaplana, Mazón llegó al edificio de L’Eliana a las 20.28 horas, 17 minutos después de que la Generalitat enviara el mensaje masivo a móviles para reportar a la población de la magnitud de la tragedia. Una notificación que se coló en los terminales a las 20.11 horas, cuando, al menos, 155 personas ya habían muerto.
La revelación de este mando de conservar las grabaciones choca con la actitud de la Generalitat, que evitó proporcionar las imágenes del expresidente entrando en la sede del Gobierno autonómico con el argumento de que había expirado el límite legal para mantener este contenido audiovisual.
Con la información que maneja la instructora hasta el momento, se conocía que el exjefe del Consell acudió al Cecopi acompañado de la directora general Maite Gómez y de su asesor Josep Lanuza.
“Yo decidí proponer mantener esas imágenes (que hay más) por precaución y por la relevancia, ya que acudían también varias autoridades, como por ejemplo los reyes”, ha indicado. El mando ha añadido que la decisión también fue autorizada por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, que este jueves comparecerá como testigo ante la instructora.
El responsable ha detallado que la decisión de preservar el metraje tiene que tomarse 30 días antes de que expire su plazo legal. “Las cinco cámaras (hall, pasillo, acceso, arriba y abajo), no captan sonidos, sólo imágenes. Todas son externas a los despachos en sí, no hay ninguna dentro de ninguna dependencia, de ningún edificio”. Y ha recordado cómo fue la llegada al edificio de L’Eliana de los dos principales investigados en la causa: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso. Ambos accedieron por primera vez a estas instalaciones pasadas las 12.20 horas, tras decretarse las alertas hidrológicas del río Magro, que causó el caos en Utiel y Requena, y el barranco del Poyo, génesis de la inundación. “Las personas con las que venían, si eran asesores o personal de Consejería, no tenían que registrarse, por lo que no estarán incluidas en el informe”, ha indicado.
El análisis de las grabaciones del Cecopi es clave para desgranar la toma de decisiones. Y depurar responsabilidades sobre la participación de cada alto cargo en el envío del Es Alert, que se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas. La magistrada sostiene que, si esta notificación se hubiera remitido antes, se habrían salvado vidas. Y ha ordenado una catarata de diligencias para incorporar a la instrucción -que suma más de 42 tomos- los metrajes, especialmente tras descubrir que la Generalitat ocultó durante once meses imágenes captadas en el órgano que gestionó la crisis por una productora externa contratada por el Consell.