El Gobierno de Mazón reconoce a la jueza que hubo un parón ‘on line’ en la reunión del Cecopi de la dana

El Cecopi, el organismo de emergencias de la Generalitat que coordinó el dispositivo de la dana el pasado 29 de octubre, interrumpió la comunicación de la videoconferencia a través de la que participaban representantes de instituciones implicadas en la gestión de la riada. Así lo revela un informe de la Agencia de Seguridad de Emergencias del Ejecutivo que pilota Carlos Mazón enviado a la jueza instructora de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, que investiga penalmente las inundaciones que dejaron 227 muertos y un reguero de destrucción. “La reunión [del Cecopi] se realizó de manera tele...

El Cecopi, el organismo de emergencias de la Generalitat que coordinó el dispositivo de la dana el pasado 29 de octubre, interrumpió la comunicación de la videoconferencia a través de la que participaban representantes de instituciones implicadas en la gestión de la riada. Así lo revela un informe de la Agencia de Seguridad de Emergencias del Ejecutivo que pilota Carlos Mazón enviado a la jueza instructora de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, que investiga penalmente las inundaciones que dejaron 227 muertos y un reguero de destrucción. “La reunión [del Cecopi] se realizó de manera telemática y presencial simultáneamente con un momento concreto en el que se produjo un periodo de trabajo exclusivamente presencial”, recoge este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El texto destaca que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat emitió un informe masivo “de Fax” a los municipios afectados por la dana a las 18.10 horas por el riesgo de rotura de la presa de Forata y no del barranco del Poyo, que fue el detonante de la tragedia al desbordarse e inundar poblaciones como Chiva, Catarroja o Paiporta. A esa hora, miles de vecinos llamaban compulsivamente al servicio de atención telefónica 112 de la Generalitat desde estas localidades alertando sobre las personas atrapadas en garajes y plantas bajas y desapariciones. Entre las 17.00 y las 18.00 horas, el 112 recibió 2.438 comunicaciones. Fue el tramo álgido de la aciaga jornada, según un informe incorporado al sumario.

La respuesta de la Generalitat a la magistrada se enmarca en una línea de pesquisas judiciales que pretenden aclarar si en la reunión del Cecopi se registraron “recesos” que pudieron retrasar el envío de la alerta masiva a móviles, que se remitió a las 20.11 horas, cuando ya se había desbordado el barranco del Poyo, se acumulaban los desaparecidos y muertos y decenas de municipios estaban inundados, según el sumario. La tesis de la jueza es que los muertos se pudieron evitar si la Generalitat hubiera informado antes a la población de la magnitud de la mayor tragedia que ha asolado Valencia. El president Mazón reconoció la semana pasada ―tras cuatro meses de evasivas― que se incorporó al Cecopi a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío del aviso masivo a los teléfonos.

Reunido ad hoc en su centro de L’Eliana (Valencia) a las 17.00 horas del 29-O, el Cecopi convocó a 29 organismos implicados en la gestión de catástrofes. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) o la Conselleria de Justicia e Interior fueron algunos de las instituciones que participaron en este tenso encuentro en el que no se decidió el envío de la alerta masiva a móviles hasta la noche. Algunos representantes siguieron la cita por videoconferencia. Otros, acudieron presencialmente. Organizada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, la videollamada finalizó a las 4.19 horas del día siguiente con siete usuarios conectados, según el informe.

“A lo largo de la reunión [del Cecopi], convocada a las 17.00 horas, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) [Ministerio de Transición Ecológica] comunicó que no se podía garantizar la estabilidad de la presa [de Forata] y que se corría riesgo de pasar a situación 3, un colapso en tres horas”, dice la Generalitat a la instructora, que considera que la responsabilidad de la gestión de la tragedia “fue autonómica”.

En el tramo en el que se suspendió la comunicación de los participantes en línea del Cecopi, “se valoró la comunicación a través de medios masivos a la población”. El documento, firmado por el director de Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla, indica que se barajó inicialmente alertar a la población del riesgo de desbordamiento de la presa de Forata por megafonía y medios de comunicación como cadenas de radio y televisión. El Gobierno de Mazón también evaluó enviar un mensaje a través del sistema masivo a móviles Es Alert –que se usó finalmente a las 20.11 horas- porque la presa corría riesgo de rotura “en un plazo máximo de tres horas”. “Es Alert debía ser redactado de forma que no provocara un efecto contrario al pretendido”, señala el documento.

La Generalitat sostiene que remitió Es Alert –un sistema del que la exconsejera de Interior Salomé Pradas reconoció que no sabía ni que existía- tras recibir una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien situó “la rotura” de la presa de Forata “una hora antes de lo advertido en la reunión del Cecopi”.

El Ejecutivo de Mazón, en informes anteriores remitidos al juzgado, endosó la decisión de activar el botón rojo de los mensajes masivos a móviles al Cecopi, dirigido durante la riada por la entonces consejera Pradas, que fue cesada cuatro semanas después de la catástrofe por Mazón. Y en este organismo de emergencias figuraba también como miembro la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, según el Consell.

Acuciado por los requerimientos de la magistrada que centraliza las pesquisas, la titular del Juzgado número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, la Generalitat de Mazón ha ido desgranando cuestiones clave de la jornada de la riada conforme se sucedían las peticiones de la instructora. Lo ha hecho tras cuatro meses de silencios, evasivas y medias verdades en una calculada estrategia de decir la verdad en los tribunales para evitar imputaciones.