El juzgado de la dana investigará otra querella contra cinco altos cargos de Mazón
La magistrada de Catarroja instruirá la denuncia de un centenar de familias que pide indagar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja (Valencia) investigará la querella de la principal asociación de víctimas de la riada que señala a cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón, del PP, y a la máxima autoridad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel Polo.
La Asociación de Damnificados Horta Sud (380 miembros), primera organización de víctimas en constituirse tras la tragedia que el pasado 29 de octubre dejó 227 muertos, ...
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja (Valencia) investigará la querella de la principal asociación de víctimas de la riada que señala a cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano de Carlos Mazón, del PP, y a la máxima autoridad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel Polo.
La Asociación de Damnificados Horta Sud (380 miembros), primera organización de víctimas en constituirse tras la tragedia que el pasado 29 de octubre dejó 227 muertos, presentó hace una semana una querella firmada por un centenar de familias contra los responsables de la catástrofe. La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Valencia, que se inhibió a favor de la magistrada de Catarroja, según confirma el presidente de esta asociación, Christian Lesaec.
Los denunciantes han pedido que se cite a declarar como testigo a Mazón, que a las 13.00 horas del día de la inundación dijo que el temporal se desplazaba a la Serranía de Cuenca. Y ponen en la mirilla de su querella a quien fuera consejera de Interior y Justicia de la Generalitat y máxima responsable de Emergencias, Salomé Pradas —que fue destituida por Mazón cuatro semanas después de la dana—; al secretario autonómico de Seguridad y Emergencias que abandonó el cargo tras la tragedia, Emilio Argüeso; al director general de Emergencias, Alberto San Martín; al subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias (AVSRE), Jorge Suárez; y a la jefa de Emergencias, Inmaculada Piles.
Las víctimas piden que se indague si estos altos cargos cometieron los delitos de homicidio imprudente (penado con un máximo de cuatro años de cárcel), lesiones (hasta tres años de prisión), daños y omisión de socorro.
La denuncia lamenta la tardanza (20.11 horas del 29 de octubre) en la que llegó a los móviles el SMS masivo de ES-Alert, el sistema de la Generalitat. La misiva entró en los teléfonos cuando ya se había desbordado el barranco del Poyo, el río Magro y el 112 estaba colapsado. “A las 15.00 horas [del 29 de octubre, día de la dana], los querellados contaban con datos suficientes para activar esta alerta”, indica la denuncia.
El presidente de la asociación de víctimas que ha presentado la querella asegura que está “muy satisfecho” del recorrido de la acción y confía en que se depuren responsabilidades políticas.
Tras la dana, se han presentado decenas de denuncias por parte de familiares de fallecidos en distintos municipios de los 78 ayuntamientos azotados por la catástrofe. El juzgado número tres de Catarroja centraliza todas estas causas con la ayuda de cinco fiscales. Sos Desaparecidos ultima otra querella con más de 150 víctimas, la mayoría parientes de muertos, según fuentes próximas a esta entidad.