Uno de los testigos de la caja b del PP de Valencia se desdice, trata de exculpar al exvicealcalde y responsabiliza a un empresario fallecido

Jesús Gordillo, el exasesor del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau que reveló las supuestas corruptelas del PP de la ciudad para la financiación de las campañas electorales de Rita Barberá de 2007 y 2011, ha ofrecido este miércoles una declaración radicalmente contraria a la que prestó ante la Guardia Civil y el juez instructor para tratar de exculpar a Grau.

A pesar de las advertencias del presidente de la Sección Segunda sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio, ...

Jesús Gordillo, el exasesor del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau que reveló las supuestas corruptelas del PP de la ciudad para la financiación de las campañas electorales de Rita Barberá de 2007 y 2011, ha ofrecido este miércoles una declaración radicalmente contraria a la que prestó ante la Guardia Civil y el juez instructor para tratar de exculpar a Grau.

A pesar de las advertencias del presidente de la Sección Segunda sobre las posibles consecuencias de un falso testimonio, este exasesor ha atribuido al empresario ya fallecido Vicente Sáez la propiedad de 350.000 euros en efectivo (supuestamente destinado para sufragar gastos electorales del PP en 2007) que en fase de instrucción atribuyó a Grau.

Preguntado por este cambio de versión, Gordillo ha asegurado que declaró “presionado” ante la Guardia Civil, que fue víctima de “preguntas capciosas o malintencionadas”, que su situación de salud “no era buena” y que, además (esto lo ha revelado cuando llevaba más de una hora declarando), un hombre le paró “en una calle poco transitada de Valencia” y le amenazó mostrándole una foto de sus hijos.

“Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos”, ha señalado este testigo, antes de aclarar que tuvo la documentación dos días en casa “sin mirarla” y que finalmente decidió entregarla a una periodista, a la que pidió una copia que todavía está esperando.

Tras escuchar estas palabras, la Fiscalía Anticorrupción estudiará la posibilidad de pedir a la Sala que investigue a este testigo por falso testimonio en el trámite final de presentación de informes.

La confesión de Gordillo fue esencial en la investigación de esta parte del caso Imelsa, puesto que fue exempleado de Laterne (grupo de comunicación que trabajó para el PP en sus campañas) y además trabajó a las órdenes del exvicealcalde Alfonso Grau.

Según consta en el sumario del caso, Gordillo hizo llegar a la Fiscalía -con la mediación de una periodista- documentos y facturas de pagos efectuados por Laterne correspondientes a actos de la campaña del PP de 2007, así como un contrato del 3 de abril de 2007 en el que Grau, como “mandatario del PP de València” suscribe con la citada empresa los servicios para la campaña por 150.000 euros.

También aportó correos electrónicos en los que, al parecer, se dan instrucciones para “eliminar la referencia del PP o a actos de campaña en la facturación” de las empresas que subcontrató Laterne. La Guardia Civil observó indicios de autenticidad en toda esa documentación, por guardar relación con las declaraciones realizadas por la empresa a la Agencia Tributaria.

Según su relato anterior, tras la campaña de 2007 Laterne no había pagado a varias de las subcontratas, por lo que Grau le ordenó que recogiese de Secopsa un cheque de 150.000 euros y le entregó 350.000 euros en billetes de 500 para hacer frente a dichas deudas.

Este miércoles, en cambio, ha señalado al difunto empresario Vicente Sáez (Laterne) como el propietario de esos 350.000 euros de procedencia indeterminada y ha insistido en que “nunca” ese dinero salió del bolsillo de Grau.

Gordillo ha sido interrogado reiteradamente por el presidente de la Sala, además de por el fiscal, sobre el motivo de sus contradicciones, y entre sus respuestas ha incluido motivos como que declaró de madrugada, en sesiones extenuantes, bajo presión, que se estaba divorciando y sufría una depresión, que se medicaba, que se equivocó o que fue víctima de preguntas “capciosas o malintencionadas” por parte de los agentes de la UCO, todo ello antes de revelar -por primera vez- el episodio de supuestas amenazas, sobre el que no ha dado más detalles.

De los siete testigos citados este jueves solo uno, una exasesora de prensa de Barberá, ha ratificado plenamente lo que declaró anteriormente, concretamente la operativa (archivada y fuera de esta causa) por la que el grupo municipal del PP reclamó a asesores y concejales en 2015 el ingreso de 1.000 euros en la cuenta del partido que posteriormente se devolvían en dos billetes de 500.