El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus (PP), condenado a cinco años de cárcel por malversación y prevaricación
El tribunal impone al dirigente popular 14 años de inhabilitación por contratar por afinidad política o relación personal en empresas públicas a ‘zombis’, personas que no acudían a sus puestos
La Audiencia de Valencia ha condenado a 19 de los 25 acusados por las irregularidades en contrataciones de directivos, asesores y trabajadores de las empresas públicas Ciegsa e Imelsa entre 2004 y 2015, ambas en manos del PP. Es el conocido como caso de los zombis, empleados de empresas públicas que nunca trabajaron para estas. El Tribunal ha impuesto las penas más altas (5 años de prisión, 14 de inhabilitación y mu...
La Audiencia de Valencia ha condenado a 19 de los 25 acusados por las irregularidades en contrataciones de directivos, asesores y trabajadores de las empresas públicas Ciegsa e Imelsa entre 2004 y 2015, ambas en manos del PP. Es el conocido como caso de los zombis, empleados de empresas públicas que nunca trabajaron para estas. El Tribunal ha impuesto las penas más altas (5 años de prisión, 14 de inhabilitación y multa de 5.400 euros) al expresidente de la Diputación valenciana, Alfonso Rus, al ex consejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla, y al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, El Yonqui del dinero. A todos ellos se les considera autores de los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad documental.
La mayoría de las contrataciones (13) tenían vinculación personal o profesional con el PP. También se juzgó la contratación de tres personas relacionadas con el PSOE, por lo que el exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio se sentó en el banquillo. La Audiencia le absuelve ahora de todos los delitos de los que le acusaba la Fiscalía Anticorrupción.
Respecto a las contrataciones, la sentencia señala que los procesos de selección no estuvieron basados “en principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad; y sin que estas contrataciones respondieran a ninguna necesidad de la empresa”. En algunos casos, la contratación “se hizo como favor personal, en consideración a su relación con el Partido Popular”, o por la “relación de amistad con el propio Máximo Caturla o con otros miembros del partido”, tal como indica el fallo que además expone cómo los puestos de trabajo no estaban sujetos a “control de presencia”. “Por petición de Alfonso Rus, como un favor personal a la trabajadora”, argumenta la sentencia que se realizó otra de las contrataciones.
“No tenía físicamente un puesto de trabajo en la referida empresa pública, ni realizó funciones de alta dirección para ella”, señala la sentencia en referencia a otro caso. La resolución también explica cómo, en uno de los contratos, solo se pretendió “crear una apariencia de relación laboral que justificara las percepciones económicas derivadas del contrato”. “No solo realizó tareas ajenas a las facultades de dirección de la empresa, sino que también fue ubicado en un inmueble separado de la sede principal, sin control de presencia ni de las funciones realizadas, y las tareas realizadas no se correspondían con ningún puesto de trabajo determinado”. Respecto a las operaciones protagonizadas por El yonqui del dinero, el tribunal señala que este convino, junto al trabajador “un contrato de trabajo exclusivamente por la amistad que les unía y fue firmado por Marcos como un favor personal y sin ningún proceso de selección, debido a la difícil situación económica” en la que se encontraba su amigo y “sin ningún propósito de atender las necesidades de la empresa”. La Audiencia también ha declarado probada la percepción de retribuciones variables en concepto de productividad o de dietas que carecían de justificación.
Alfonso Rus se enfrentó, el pasado mes de enero, al juicio después de que la Fiscalía Anticorrupción anunciara que una decena de los trabajadores contratados por las empresas públicas admitieron que nunca habían trabajado en las mismas, dedicadas al impulso económico local y a la construcción de colegios.
Durante los casi 50 días de vista, la Fiscalía Anticorrupción defendió que las empresas públicas contrataron como asesores a al menos 13 personas por tener relación personal o profesional con el PP, que gobernaba ambas instituciones, pero que no trabajaron ni para una ni para otra, por lo que se les denominó ‘zombis’. El fiscal Fernando Maldonado dijo en su informe final que ambas empresas públicas son “la historia de una traición, del uso en beneficio propio del dinero de todos los españoles”, concretamente unos 235 millones de euros, y agregó que “asusta pensar todo lo que se ha podido hacer” con estos fondos. Entre los contratados estaba un futbolista del Olímpic de Xàtiva, que presidía Rus, un ama de casa en paro de esta misma localidad o un amigo personal del que fuera presidente provincial del PP.
La sentencia absuelve a los procesados del delito de organización criminal, del que también les acusaba la Fiscalía y aprecia para todos la atenuante de dilaciones indebidas.