El expresidente de la Diputación de Valencia ataca a la Fiscalía al cierre del juicio del ‘caso Imelsa’: “Venían con la orden hecha: ‘Rus al paredón’

“Venían con la orden hecha: ‘Rus al paredón’. Ha sido un juicio político por parte del Ministerio Público”. Con este feroz alegato ha ejercido Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia, su derecho a la última palabra en el cierre del segundo juicio del ...

“Venían con la orden hecha: ‘Rus al paredón’. Ha sido un juicio político por parte del Ministerio Público”. Con este feroz alegato ha ejercido Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia, su derecho a la última palabra en el cierre del segundo juicio del caso Imelsa, en el que es uno de los 25 acusados y por el que se le piden 12 años de cárcel.

La misma pena de prisión se solicita para Marcos Benavent, el ‘Yonki del dinero’, que ha roto su anterior colaboración con la Fiscalía en esta y en otras causas y ha pasado a señalar que todo se trata de un montaje para perjudicar principalmente a dirigentes del PP en el que se le habría utilizado. “Me siento culpable por haberme dejado tratar como un títere por la Fiscalía, la Guardia Civil y mi anterior defensa”, ha señalado haciendo uso de ese mismo derecho el que era gerente de Imelsa.

De la pantomima a los audios

Durante los casi 50 días de vista, la Fiscalía Anticorrupción ha defendido que una empresa pública de la institución (Imelsa) y otra de la Generalitat (Ciegsa) contrataron como asesores a al menos 13 personas por tener relación personal o profesional con el PP, que gobernaba ambas instituciones, y a dos por tenerla con el PSPV-PSOE, pero que no trabajaron ni para una ni para otra, por lo que se les denominó ‘zombis’. El fiscal Fernando Maldonado dijo en su informe final que ambas empresas públicas son “la historia de una traición, del uso en beneficio propio del dinero de todos los españoles”, concretamente unos 235 millones de euros, y agregó que “asusta pensar todo lo que se ha podido hacer” con estos fondos.

Del total de 25 acusados, diez de los ‘zombis’ han reconocido los hechos y también lo ha hecho un empresario, José Vedri, que admitió que Imelsa pagó durante unos meses las nóminas de dos de sus empleados y lo atribuyó a la compensación por unas cantidades que se le debían por trabajos anteriores.

Los conformados han admitido durante el juicio que sus contratos eran en realidad “una pantomima”, según la descripción de José Estarlich, reconocido testaferro de Benavent. Por ejemplo, el exfutbolista del Olímpic de Xàtiva, que presidía Rus, afirmó que Imelsa le pagaba la nómina como jugador y Manuel Gómez afirmó que aunque estuvo en Ciegsa “a disposición para cualquier cosa, pero me mandaban a trabajar a la sede del PP de Valencia”. Por su parte, las defensas de los trabajadores no conformados han tratado de demostrar que sí que cumplieron con las obligaciones laborales.

Pese a que la primera sentencia del caso Imelsa, que condenó a Benavent a casi ocho años de prisión, avaló los audios que sostienen esta y otras piezas, buena parte del juicio ha estado centrada en estas grabaciones, el aparato en el que estuvieron inicialmente almacenadas y los dos ‘pendrive’ con los que llegaron a la Fiscalía, uno por parte de la ahora consejera de Esquerra Unida Rosa Pérez y otro por el exsuegro de Benavent, Mariano López.

Los peritos de la defensa de Rus y de la Fiscalía coincidieron en señalar que los 41 archivos que comparten ambos son idénticos aunque una de esas memorias externas, tiene tres más y la otra ha albergado seis que fueron borrados. Además López desveló que las grabaciones originales no estaban en el ordenador que él tenía en la chalet al que acudían Benavent y su hija sino en un disco duro externo de este, que acabó por tirar tras extraerlas.

Últimas palabras

Rus ha sido el primero de los acusados en ejercer el derecho a la última palabra y lo ha hecho con la idea clara de negar cualquier responsabilidad en los hechos y presentarse como víctima de su cargo y con el fiscal como verdugo. “Durante todo el proceso ha habido tanta mala fe que no podía contestarle porque antes de venir aquí ya estaba la sentencia. Nunca he entendido este juicio, como presidente fue la Diputación no me podía encargar de si había asesores. De eso no me enteraba ni me interesaba. Nadie ha dicho nada de mí. He aguantado tres meses ahí sentado y nadie ha dicho nada. No sé qué he hecho aquí. He sido responsable y he dado la cara. Y como no quieren que diga nada más, termino y en paz”, ha señalado.

Por su parte Benavent, ha abierto su turno pidiendo nuevamente perdón a todas las personas a las que perjudicó en sus confesiones previas a la Fiscalía y a la Guardia Civil. En su caso, además, ha querido desacreditar los famosos audios (las grabaciones que Benavent hizo a diversos colaboradores y políticos). “Es doloroso este proceso que ha urdido por una cruel venganza que ha urdido la familia de mi exmujer”, ha afirmado antes de reiterar la nueva posición que mantienen desde que hace unos meses cambió de defensa. “Las manipulé en el ordenador. Hice corta y pena”, ha resumido. Además ha insistido en cargar contra su exsuegro, su anterior abogado, la entonces diputada y ahora consejera Rosa Pérez (que fue quien las entregó a la Fiscalía) y contra el propio ministerio público. “Las guardaba en un disco duro en mi armario en casa de mi exmujer y mi exsuegro me las robó. Se han vulnerado y mancillado mis derechos”, ha afirmado Benavent, que ha citado entre los afectados el de la intimidad, el entorno digital o la legítima defensa. También ha señalado que la cadena de custodia de esos audios “no es que esté rota, es que está destrozada” y se ha quejado de lo que entiende como una desproporción absoluta en las penas. “Piden 12 años, por qué no 120, 1200 años o cadena perpetua o garrote vil a la entrada de la ciudad”, ha ironizado.