Expertos piden al Estado una quita de la deuda a las comunidades peor financiadas

El Estado debería absorber el endeudamiento de las comunidades autónomas originado por la infrafinanciación porque es la única vía que permitirá a las autonomías volver a los mercados para financiarse, defiende un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que se ha presentado este miércoles en Valencia en una jornada tit...

El Estado debería absorber el endeudamiento de las comunidades autónomas originado por la infrafinanciación porque es la única vía que permitirá a las autonomías volver a los mercados para financiarse, defiende un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que se ha presentado este miércoles en Valencia en una jornada titulada Deuda y sostenibilidad de las finanzas autonómicas, en la que han participado expertos del instituto, de las fundaciones Funcas y Fedea y de la Autoridad Fiscal (Airef).

La acumulación de deuda desde que entró en vigor el sistema de financiación autonómica de 2009 —y caducado desde casi una década— se ha triplicado y superó los 300.000 millones de euros en 2022. Este endeudamiento representa el 225% de los ingresos ordinarios de las autonomías y está en un 60% en manos del Estado tras las inyecciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Este mecanismo extraordinario se puso en marcha tras el crac financiero para garantizar a las comunidades un flujo de financiación barato a través del Tesoro y evitarles el riesgo de salir al mercado.

Un 50% del total de la deuda de las autonomías vendría de esa situación de subfinanciación. El investigador del Ivie Francisco Alcalá ha puesto de ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana, una de las autonomías más castigadas por el sistema en vigor. El esfuerzo fiscal realizado es tres veces superior a la media de las autonomías para poder ofrecer la misma calidad en los servicios públicos debido a la infrafinanciación que recibe del sistema, que representa el 44% del PIB regional y asciende a 50.000 millones de euros.

“Deuda y más impuestos son necesarios para poder disponer de unos recursos suficientes que permitan ofrecer los servicios públicos fundamentales, especialmente sanidad y educación, al mismo nivel de calidad que la media de las comunidades autónomas”, defiende Alcalá en su informe.

Según el investigador, el sistema de financiación de 2009 ha dado lugar a desequilibrios adicionales tanto en la cuantía como en la distribución de los recursos por autonomías. La financiación efectiva por habitante ajustado de las 15 comunidades del régimen común se ha reducido un 11% respecto al anterior sistema, vigente hasta 2008. “Comunidades como la valenciana no solo no se acercaron a la media, sino que se separaron todavía más”, ha matizado Alcalá.

El investigador ha insistido en que o el Estado sigue asumiendo los intereses del endeudamiento autonómico indefinidamente, o las comunidades autónomas vuelven a los mercados para financiar sus déficits con una cancelación previa del pasivo. “Si no hay autonomía financiera para las comunidades, estas dependerán del Gobierno central y de la sintonía que haya entre ellas”, ha subrayado el investigador, para quien es imprescindible condonar la deuda derivada de la infrafinanciación antes de retornar a los mercados financieros. La subida en dos puntos del tipo de interés que paga la Comunidad Valenciana quitaría un 8% adicional de los insuficientes recursos que le proporciona el sistema de financiación autonómica. Si además intentase reducir su deuda en un 1% cada año, tendría entonces que dedicar un 12% del presupuesto de la Generalitat para amortizarlo.

Coeficiente de condonación

El catedrático de la Universitat de València, Antonio Zabalza, ha propuesto un coeficiente de condonación que sea aceptable para el conjunto de comunidades autónomas. “No puede ser un sistema a lo bruto sino sofisticado, porque la subfinanciación no ha afectado por igual a todas las comunidades españolas”, ha admitido. Y saldría de dividir la deuda justificada —el gasto óptimo de una región menos los ingresos— por la deuda efectiva. El pasivo público caería un 52% en la Comunidad Valenciana, o un 61% en Madrid.

Otro de los expertos presente durante la jornada, Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo e investigador sénior del centro de análisis Funcas, en cambio no ve factible la quita, porque debería ser muy agresiva para tener efecto y podría generar más conflicto político. “Las situaciones de desequilibrio de las regiones son muy diferentes entre sí, y de la quita unas autonomías se llevarían más que otras”, ha advertido.

Lago ha apostado por reestructurar la deuda a largo plazo, a 50 o 70 años si es preciso. Carmen López, de Analistas Financieros Internacionales (AFI), ha añadido que el panorama en 2023 se ha complicado por la subida de tipos de interés y ha apostado también por proyectar la deuda a largo plazo y que el coste de los intereses se reduzca prácticamente a cero.

Cristina Herrero, presidenta de la Airef, ha advertido que la actual política monetaria y las reglas fiscales de la UE van a “devolver el protagonismo” a la sostenibilidad de las finanzas. Por ello, ha reiterado en la necesidad de cambios estructurales, entre ellos la reforma del sistema de financiación autonómica, que se iba a abordar en 2020 y se quedó en el aire tras estallar la pandemia, así como del local y el nacional.

La economista ha recordado que la revisión de las reglas fiscales europeas que se negocia en Bruselas —el Pacto de Estabilidad quedó suspendido a raíz de la crisis sanitaria y aún no se ha reactivado— requiere diseñar ya una estrategia a medio plazo a nivel estatal, en la que participen todas las administraciones públicas.