La ventaja de ser opositor (novato) en la Comunidad Valenciana

La Generalitat valenciana ha anunciado que la Oferta de Empleo Público de 2023 reservará entre el 50% y el 60% de las plazas para que se cubran sin concurso de méritos, es decir, con un sistema de oposición libre, sin tener en cuenta experiencia ni méritos. Esta modalidad ya se puso en marcha el año pasado cuando, de las 588 plazas de empleo público que se ofertaron, el 60% se destinó a opositores novatos, a los que se les barema solo por la calificación obtenida en el examen...

La Generalitat valenciana ha anunciado que la Oferta de Empleo Público de 2023 reservará entre el 50% y el 60% de las plazas para que se cubran sin concurso de méritos, es decir, con un sistema de oposición libre, sin tener en cuenta experiencia ni méritos. Esta modalidad ya se puso en marcha el año pasado cuando, de las 588 plazas de empleo público que se ofertaron, el 60% se destinó a opositores novatos, a los que se les barema solo por la calificación obtenida en el examen de oposición. Ambas convocatorias responden a la aplicación de la nueva ley de Función Pública, aprobada en 2021, con la que la administración pública valenciana quiere “modernizar, captar talento y llevar a cabo el relevo generacional”.

Hay cuerpos de la administración, sobre todo en la Administración General del Estado, en los que la única manera de acceder a un puesto de funcionario es a través de este tipo de acceso, el acceso libre. Son los casos de judicatura, notaría o abogacía del Estado, entre otros. También se da en algunas convocatorias en las administraciones autonómicas, pero no con una cuota determinada por ley. Opositores, preparadores y sindicatos (como añadido al plan de estabilización para interinos puesto en marcha por el Gobierno) avalan la fórmula.

Además de la reserva de plazas sin concurso de méritos, la Generalitat desarrolla un proyecto piloto con nuevo sistema de selección, menos memorístico y con una fase de prácticas tipo MIR, y ha subido a 700 euros al mes la cuantía de las becas para aquellos que opten a cualquier puesto A1 de la administración autonómica.

Según datos del Ministerio de Política Territorial, el 43,54% de los empleados en las administraciones autonómicas tienen entre 50 y 59 años. En el caso de la valenciana, con una plantilla de más de 20.000 personas, ese porcentaje asciende a más del 60% y entre 2023 y 2026 se jubilarán en torno a 3.000 funcionarios al año, según datos de la consejería de Justicia y Función Pública. Para el responsable del sector de Administración autonómica de FSC CCOO PV, Pep Clotell, la convocatoria de plazas sin concurso de méritos va a permitir rejuvenecer la plantilla. Según añade, de esta manera, “se da una oportunidad a la gente que nunca ha trabajado en la administración y, por tanto, no tienen experiencia que se puntúe como méritos”. El presidente de la Asociación de Defensa del Turno Libre, Antonio Requena, defiende la fórmula por ser la más igualitaria y apunta a que se podría implementar en cualquier otra administración porque son estas las que deciden con qué sistema convocan, aunque “ninguna otra se ha comprometido a ello”. En ambos casos consideran justo que se valore la experiencia del interino, pero, según Requena, “en algunas convocatorias la experiencia es determinante en la nota y, por tanto, se produce una discriminación”. Eduard es preparador, desde hace cerca de seis años, en la academia Acrópolis de Castellón y asegura que la convocatoria de plazas por oposición libre “motiva más a la gente joven y tiene un efecto llamada, que el concurso oposición no tiene”. Para Inés R., que oposita desde hace dos años para incorporarse al mercado laboral, la fórmula es “mucho mejor” que la del concurso-oposición, que obliga a “pagar por hacer cursos que puntúen como méritos o tener experiencia”. “Al final -señala-, es como una segunda oportunidad para los interinos, mientras que en la oposición libre estamos todos en igualdad de condiciones”.

Quienes no alaban el sistema son los interinos, que consideran que estas convocatorias ignoran años de esfuerzo y que se encuentran en desventaja porque quienes se presentan por primera vez a un examen no tienen que compaginar estudio y trabajo.

Un MIR para todos

Pero esta no es la única novedad en las convocatorias de empleo público de la administración valenciana. La Generalitat está desarrollando, para el acceso a determinados cuerpos, un proyecto piloto en el que se combina un examen tipo test con un periodo de prácticas remuneradas. A finales de enero se hicieron las primeras pruebas con esta modalidad: un examen tipo test y otro más práctico para el acceso al cuerpo técnico superior de la administración general de la Generalitat y para el cuerpo técnico superior de ingeniería informática. De los cerca de 5.000 presentados, los 150 mejores, más una reserva del 10%, comenzarán las prácticas, tutorizadas, a finales de marzo y cobrarán el sueldo base del cuerpo por el que optan, un sistema similar al MIR de sanidad. Al finalizarlas, realizarán otro ejercicio para evaluar las competencias generales idóneas para el desempeño del puesto. También tendrán que someterse a un examen de casos prácticos.

La consejera de Justicia, Gabriela Bravo, responsable también de Función Pública, destaca la innovación y transformación de los procesos de selección con “un nuevo modelo de examen menos memorístico y una fase de prácticas remuneradas”. “Tenemos que superar el estereotipo de que trabajar en la Administración Pública es aburrido, porque trabajar en la administración es participar en las políticas públicas”, añade.

La Generalitat valenciana, además, ha establecido una tercera medida para promocionar el empleo público como salida profesional entre los jóvenes. El Ministerio de Justicia ya instauró en 2022 unas becas, dotadas con unos 6.600 euros anuales, para “democratizar el acceso” a las carreras judicial y fiscal, al cuerpo de Letrados de Justicia y al de abogados del Estado. En el País vasco se implantaron ayudas, dotadas con 550 euros al mes, para quienes optaran por estas mismas carreras, mientras que en Cataluña lo hicieron para quienes estudiaran notarías, con un pago de 600 euros al mes. En el caso de la Comunidad Valenciana, desde hace tres años, se convocan becas para quienes optan a cualquier puesto A1. Hasta ahora eran de 500 euros, pero Justicia ha anunciado una ampliación que permitirá que “700 personas puedan recibir una ayuda de 700 euros al mes durante tres años como máximo”.