El TSJ autoriza el homenaje a Primo de Rivera en Alicante porque prevalece el derecho a la manifestación
El tribunal rechaza el argumento de posible alteración del orden público esgrimido por la subdelegación del Gobierno para impedir la marcha en una resolución recurrida por Falange
La marcha en homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, se celebrará este sábado en Alicante, tras la autorización del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El tribunal considera que debe prevalecer el derecho fundamental a la reunión y la manifestación frente a la posible “alteración de...
La marcha en homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, se celebrará este sábado en Alicante, tras la autorización del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El tribunal considera que debe prevalecer el derecho fundamental a la reunión y la manifestación frente a la posible “alteración del orden público”, uno de los argumentos esgrimidos por la Subdegelación de Gobierno el pasado 11 de noviembre para impedir la marcha. Falange recurrió esta decisión al TSJ que la ha estimado.
El tribunal señala que la motivación basada en posibles altercados por el encuentro de personas contrarias a la marcha carece de “solidez y solvencia”. “Estas dudas no pueden preponderar ante la necesidad de hacer prevalecer la tutela de un derecho fundamental, ya que se precisarían indicios expresados con mayor certeza para hacerlos sobresalir”, afirma la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano.
La marcha del 26 de noviembre tiene previsto comenzar en la avenida de Orihuela, cerca del lugar que se conocía como “la cárcel de José Antonio”, y finalizar en el cementerio de la ciudad, junto a la tumba donde en su día se enterraron los restos del primer jefe de la Falange, partido de inspsiración fascista. Primo de Rivera fue fusilado el 20 de noviembre de 1936 en Alicante, cuando tenía 33 años, condenado por un delito de rebelión militar. Sus restos fueron trasladados en 1939 al monasterio de El Escorial y posteriormente a la basílica del Valle de los Caídos. Ahora la familia ha pedido la exhumación de sus restos que la basílica deja de ser un lugar de enterramiento católico por la Ley de Memoria Democrática.
El tribunal indica que “si dependiera el ejercicio del derecho de la voluntad de los contrarios que lo entorpecieran ninguna manifestación podría celebrarse”. Y respeto al peligro que conlleva los trabajos de exhumación en el cementerio que se están realizando y que podrían ser lanzados contra los participantes, uno de los motivos aportados por la Subdelegación, el TSJ apunta que trata de una “simple conjetura o cábala que no tiene precedente en hechos como los que se temen” y añade: “Aún en la hipótesis de que pudieran ocurrir, cabría la posibilidad de alterar el itinerario de la manifestación hasta las puertas del cementerio para evitar los lanzamientos pero sin prohibir una manifestación que hasta ese lugar podría transcurrir sin ningún tipo de disturbio, altercado o incidente”.