Oltra recurre la decisión de que no se unifiquen las acusaciones populares

La defensa de la política insiste en que hay “convergencia de intereses de las dos acusaciones populares: la asociación Gobierna-te y Vox

La exvicepresidenta Mónica Oltra el pasado 19 de septiembre cuando fue a declarar a la Ciudad de la Justicia de Valencia.Mònica Torres

La defensa de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra ha recurrido la negativa judicial a que se unifiquen las dos acusaciones populares contra ella en la causa que investiga un supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, al considerar que “no es ajustada a derecho”.

El titular del Juzgado de instrucción 15 de València acordó el pasado 19 de octubre desestimar la solicitud de Oltra de que las acusaciones populares personadas en esta causa, la As...

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La defensa de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra ha recurrido la negativa judicial a que se unifiquen las dos acusaciones populares contra ella en la causa que investiga un supuesto encubrimiento en su Conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, al considerar que “no es ajustada a derecho”.

El titular del Juzgado de instrucción 15 de València acordó el pasado 19 de octubre desestimar la solicitud de Oltra de que las acusaciones populares personadas en esta causa, la Asociación Gobierna-te y el partido político Vox, ejercieran con un mismo abogado.

Según el recurso de apelación, la defensa de Oltra pide que se revoque la negativa a que solo las acusaciones populares (y no todas las acusaciones) litiguen juntos, al considerar que hay “convergencia de intereses” de las dos acusaciones populares.

Las acusaciones de Gobierna-te y Vox “no es que tengan similitudes objetivas y subjetivas, simplemente son las mismas”, señala el recurso, que añade que el partido hizo una “mera adhesión” a la denuncia de la acusación particular, ejercida por la menor abusada, y a la querella presentada por Gobierna-te, y pedía “milimétricamente” lo mismo y contra las mismas personas.

La defensa de Oltra pone el ejemplo del caso de la operación Púnica, donde existen más de 200 imputados y a pesar de existir varias acusaciones populares “todas lo hacen bajo la dirección letrada y procesal de una de ellas, sin que proceda entrar en valoraciones numéricas comparativas irrelevantes”.

Además, señala que, tras más de un año de instrucción, “y perfectamente sabedores que no existe irregularidad alguna respecto al fondo del asunto”, el interés de ambas acusaciones es mantener abierto el proceso, con “la reiteración de diligencias de naturaleza prospectiva o inútiles” para alargar la instrucción, mediante “relatos imaginarios” y “conjeturas y elucubraciones”.

“Ni que decir tiene que, extraprocesalmente, no guardan ningún rubor en dejar claras sus intenciones”, expone el escrito, que añade que el fin esencial de la acusaciones populares, sustentadas en partidos políticos y asociaciones ligadas a partidos políticos, es “dilatar el procedimiento para apartar de la carrera política” a Oltra.

La figura de la acusación popular se emplea “para interés de la parte, tanto personales -sustentados en animadversión personal, con querellas y denuncias presentadas- como políticos”, indica el recurso, que presenta un tuit de la líder de Gobierna-te, Cristina Seguí, en el que se muestra “orgullosa de haber puesto fin” a las aspiraciones políticas de Oltra tras la ampliación del plazo de instrucción.

La defensa de Oltra expone que por un lado comparece la fundadora de Vox en Valencia, Cristina Seguí, “camuflada con una asociación”, y por otro lado el partido político Vox, e indica que la existencia de intereses ajenos a la administración de justicia “con exclusivas finalidades personales supone la utilización fraudulenta” de la institución de la acusación popular.

“Cuando este principio se vulnere, el juez va a poder expulsar de la causa al acusador que lo haya quebrantado, o que haya actuado de forma fraudulenta”, señala el recurso, que indica también que el anteproyecto del código procesal penal niega de forma expresa legitimación para ejercitar la acusación popular tanto a los partidos políticos como a los sindicatos.

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